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Sergio Schneider

Columnista

Tiempo de aprender

La recordación del 24 de marzo de 1976, el jueves pasado, fue indudablemente la menos digna de todo el trayecto democrático que nuestro país lleva andado desde 1983.

La memoria sobre magnitud y la atrocidad de los crímenes cometidos por la dictadura, junto con los gravísimos daños ocasionados mediante una política económica dirigida a destruir la producción nacional y el salario, debería ser suficiente para que en ese aniversario todos los sectores se pusieran por encima de las diferencias del presente.

Sin embargo, en vez de eso las divisiones y la batalla sin cuartel por el poder lo taparon todo. Los actos realizados tuvieron el único objetivo de cruzar mensajes y chicanas entre los grupos en pugna.

Al largo enfrentamiento entre el peronismo y casi todo el resto del arco político se sumó esta vez el estallido de la interna del propio oficialismo, disfrazado de divergencias ideológicas pero con el trasfondo de un simple e irresponsable juego de conveniencias.

La jornada del 24 fue, así, un retrato triste pero fiel de la involución del sistema político en la Argentina. Del entusiasmo popular de diciembre del ’83, con una clara adhesión a la idea del "nunca más", a este presente en el que el ciudadano común se siente estafado por una clase dirigente que no resuelve sus problemas más básicos ni tampoco los conoce porque la realidad de abajo no es la que se vive arriba.

UNA HISTORIA DE FRACTURAS

Las fracturas políticas y sus correlatos sociales no son nuevos. Desde la época de las luchas por la independencia están presentes en nuestro historia. Hubo veces en que se manifestaron claramente, en otras se mantuvieron sumergidas en un estado de latencia. El siglo pasado, la primera gran división fue provocada por la irrupción del radicalismo yrigoyenista (gestado a fines del siglo XIX) en el escenario, y sobre todo su triunfo en los comicios de 1916. La administración del gobierno dejaba de ser patrimonio de la franja más acomodada de la aristocracia nacional.

La llegada de Perón generó tensiones mucho mayores. La alianza del nuevo líder con la clase trabajadora fue nítida y pateó el tablero de lo establecido. Era amarlo por la transformación social u odiarlo por su intolerancia y sus errores. La ausencia de grises era casi total.
La autodenominada Revolución Libertadora, tras derribar al General, multiplicó el odio con la proscripción del peronismo, la persecución política y los fusilamientos.

Llegaron los dieciocho años de exilio de Perón. En la Argentina, el justicialismo seguía siendo una fuerza política prohibida, aunque su poderío electoral estaba intacto. La democracia era endeble. El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea eran los tutores de la vida civil. Cuando no estaban directamente a cargo del gobierno, vigilaban que débiles gestiones no se salieran del libreto que consideraban permitido.

VIOLENCIA EN GESTACIÓN

No hay manera de que un pueblo tenga un líder prohibido y que eso no genere violencia. En los ’60 comenzaron a surgir organizaciones, principalmente juveniles, que resistían la preeminencia militar sobre todo, incluida la Constitución.

Al principio eran movimientos que ejecutaban acciones dirigidas centralmente a dejar en claro que el peronismo seguía vivo en las calles y en su gente. Pintadas en las paredes, afiches, que mencionaban al caudillo innombrable. "Luche y vuelve", fue la consigna que se hizo más fuerte.

Con el tiempo, fueron asomando formas claramente violentas, asociadas con las organizaciones guerrilleras que ya eran comunes en otras partes del mundo. Planteaban una confrontación directa con el poder militar y con los grupos económicos que consideraban cómplices y beneficiarios del control castrense. Desde el justicialismo surgieron, entre otros, Montoneros y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). La ultraizquierda no justicialista tuvo como referencia principal al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

A principios de los ’70, las agrupaciones guerrilleras ya se habían vuelto parte de la realidad cotidiana. Ejecutaban diversos tipos de atentados y llevaban a cabo secuestros que combinaban "juzgamientos" de militares y empresarios con la recaudación de millones de dólares percibidos en concepto de rescates. La acción de las organizaciones peronistas armadas apuntaba a debilitar el poder militar y favorecer el regreso de Perón al país.

Se iba afianzando la idea de que era el único que podía mantener a los militares en los cuarteles y disolver el accionar guerrillero. El retorno mismo del líder se suponía que le iba a quitar motivos a la continuidad de la lucha armada.

Sin embargo, Perón volvió y la violencia siguió. Cuando estuvo nuevamente en la presidencia, las definiciones del General no dejaban dudas sobre su desprecio por esos grupos. Sus definiciones públicas planteaban siempre lo mismo: los atentados y ejecuciones debían cesar.

Su mano derecha, José López Rega, ya había puesto a rodar la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A, toda una maquinaria de eliminación de sus enemigos internos. En la izquierda peronista la explicación construida para relativizar el rechazo del "Viejo" era que Perón estaba engañado por su entorno. Entonces, mantener la guerra no era solo para llegar a la "patria socialista", sino también para liberarlo a él.

LECCIONES NO ASIMILADAS

La continuidad de toda esa locura ya es más conocida. Perón murió y la conducción del país quedó en manos de su viuda, una mujer sin ninguna formación ni condiciones personales para semejante cargo en semejante contexto. El golpe era una fatalidad que casi nadie creía posible evitar, y que hasta muchos deseaban.

Lo que sí se suele mencionar poco es que para entonces ya ocurrían crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Con Isabel Perón en la Rosada y Deolindo Bittel en la gobernación del Chaco, en Resistencia ya se arrestaba y torturaba a presos políticos. Era militantes de izquierda o sospechosos de colaborar con la guerrilla. Todo en un marco de estado democrático.

La Legislatura sesionaba, los jueces estaban en los tribunales, el gobernador asistía a su despacho, a media cuadra del principal centro de tormentos. El régimen militar, una vez instalado, llevó ese terror a límites jamás imaginados.

Las aberraciones cometidas durante la dictadura fueron de tal dimensión que acabaron tapando toda la demencia previa, que en gran medida consistió en un desarrollo feroz de las pujas de espacios dentro del peronismo. Una interna descontrolada que se resolvía jugando a las cartas con muertos de un lado y del otro.

En el medio, una sociedad harta de espantos. Estimaciones no oficiales, basándose en las publicaciones periodísticas de las operaciones guerrilleras ejecutadas entre 1969 y 1979, calculan que hubo 1.094 víctimas fatales de esas acciones, solo contando civiles y no personal militar o policial. Allí hubo hombres, mujeres, ancianos, niños. Algunos de ellos ejecutados a sangre fría, como resultado de un "juicio popular".

Vale reiterarlo: lo que ocurrió después del golpe del ’76 fue infinitamente peor, no solo por el alcance del sistema de secuestro, exterminio y desaparición montado por la dictadura, sino porque todo eso fue implementado desde el Estado. Pero antes de aquello también hubo asesinos en las organizaciones armadas. Así como también muchos militantes que jamás empuñaron un arma. Su batalla cotidiana era meterse en las villas para enseñar a leer y escribir o realizar trabajos sociales.

Los revindicadores de la violencia setentista reaccionan diciendo que hablar de los crímenes de los movimientos de ultraizquierda es plantear una "teoría de los dos demonios", engañosa, que busca justificar de alguna manera la represión ilegal perpetrada por Videla y compañía. Es una falacia. El poder de muerte y destrucción del terrorismo de Estado y del terrorismo de aquellas organizaciones no es comparable. Eso no admite discusión. Pero ambos se creyeron con la atribución de terminar con vidas ajenas. ¿Que sus ideales eran diferentes? Sin dudas. Pero eso no justifica ninguna muerte.

Cuando la dictadura ya estaba en retirada, en nuestro país se invocaba el ejemplo de Italia para resaltar la falsedad del argumento de los militares y sus adeptos acerca de que "no había otra manera" de enfrentar a los movimientos guerrilleros que por fuera de la ley. En el país europeo, las Brigadas Rojas fueron desmontadas sin renunciar a la plena vigencia de las garantías legales. La lección sirve también para tener en cuenta que allá a nadie se le ocurriría reivindicar la acción homicida y desestabilizadora de las Brigadas.

Aquí, en nuestra nación, no cabe defender ni al terrorismo de izquierda, bajo el argumento de sus supuestos fines populares, ni tampoco al perpetrado por las Fuerzas Armadas, que derramó mucha más sangre y habilitó una política económica que cambió –para mal- nuestra historia.

Si el relato de nuestra historia reciente se aproximara más a la verdad, posiblemente tendríamos más chances de aprender de ella y no repetir tragedias. Por ejemplo, la locura de divisiones de cincuenta años atrás, que allanó el camino a un régimen del que todavía nuestra nación no logra recuperarse.