El ejercicio de la memoria
Un día como hoy, de 1976, la Argentina comenzaba a vivir uno de los capítulos más trágicos de su historia con un golpe de Estado cívico militar que, bajo el eufemismo de Proceso de Reorganización Nacional, instauró una dictadura que abandonó los principios del derecho y desconoció todas las enseñanzas de las religiones sobre la importancia fundamental del respeto a la dignidad humana.
interrupción del orden democrático que tuvo lugar aquel día de marzo fue el último de una serie de golpes de Estado que comenzó con el derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen, ocurrido el 30 de septiembre de 1930 y que continuó hasta la década del 70, cuando la combinación de factores como una economía con alta inflación, violencia política e ingobernabilidad, dieran paso a una junta militar que, formada en la doctrina de la Seguridad Nacional, llegó al poder en un contexto mundial que se caracterizaba por las tensiones de la Guerra Fría.
Una década antes, en 1966, cuando otro golpe ponía fin al gobierno de Arturo Illía, el general Juan Carlos Onganía tomaba el poder y anunciaba que su gobierno "no tenía plazos". Con una intención similar, la irrupción de la junta de comandantes en jefe, integrada por Jorge Rafael Videla, del Ejército; Emilio Eduardo Massera, de la Armada; y Orlando Agosti de la Fuerza Aérea, derrocó a María Estela Martínez de Perón y configuró un nuevo escenario. La disolución del Congreso Nacional y de los parlamentos provinciales, la prohibición de toda actividad sindical, la suspensión de la vigencia de la Constitución Nacional, la proscripción de los partidos políticos, la intervención de las provincias y la suspensión de las garantías constitucionales para toda la ciudadanía del país, y la anulación de la libertad de prensa y expresión, fueron algunas de las primeras medidas tomadas por los gobernantes de facto.
El gobierno de facto difundió, solo en su primer día, 30 comunicados de la Junta Militar. El primero de ellos recomendaba "a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado de intentar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones".
Pero el control del Estado por parte de militares no habilitó, como se pudo comprobar luego con el regreso de la democracia, actuaciones en el marco de las leyes vigentes. La Junta Militar optó por el camino de la ilegalidad, de la tortura, los tormentos y las desapariciones. No ocurrió lo mismo en Italia cuando, también durante la década del 70, ese país debió enfrentar el flagelo de las Brigadas Rojas. Es conocida la respuesta que brindó el jefe de policía de Italia, general Carlo Alberto Dalla Chiesa, cuando recibió la sugerencia de torturar a los detenidos para encontrar al líder de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, que había sido secuestrado por el grupo terrorista. "Italia puede permitirse perder a Aldo Moro, pero no puede permitirse implantar la tortura", respondió Dalla Chiesa. El dirigente secuestrado fue asesinado por las Brigadas Rojas en mayo de 1978 pero Italia venció al terrorismo sin cometer delitos de lesa humanidad.
El último domingo de octubre de 1979 el Papa Juan Pablo II habló ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, y expresó su solidaridad a las familias de los desaparecidos en Argentina. Poco después, en una conferencia de prensa que se realizó en la Casa Rosada, un periodista preguntó al dictador Videla, frente a las cámaras, si había contestado a las expresiones del Pontífice sobre los desaparecidos y los detenidos sin proceso. Videla responde con cinismo: "En tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido, si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X; y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z, pero mientras sea un desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido".
En 2002 se sancionó la ley nacional que estableció el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la última dictadura militar. Es de esperar que, en este nuevo aniversario de aquel golpe de Estado, la sociedad vuelva a hacer un ejercicio de memoria para que la ciudadanía renueve su compromiso con la defensa de la democracia, de la vigencia de la Constitución y el respeto de la dignidad humana.
