"Las quemas deben ser organizadas y controladas por las autoridades"

Organizaciones ambientalistas coincidieron en una manifestación que visibilizó los incendios regionales e invitó a solidarizarse con los bomberos voluntarios donando agua embotellada, alimentos y analgésicos.

Diez colectivos realizaron un acto próximo a las puertas del anfiteatro Cocomarola en la noche de cierre de la Fiesta Nacional del Chamamé.

LA CONVOCATORIA

"Nos manifestamos para que se cumpla la legislación sobre manejo del fuego, que los bomberos cuenten con las herramientas necesarias y para que los ambientes naturales sean una prioridad", señalaron.

A la invitación se integraron instituciones con 50 años de presencia en la región como Incupo, y movimientos de más reciente formación como Somos Monte, Proyecto Ñacaniná o Turba.

LAS PRIORIDADES

Para conocer más sobre una agenda regional actual y en expansión NORTE contactó a dos de sus referentes. Una de ellos es Renata Nicora Chequín, bióloga y botánica de Defensores del Pastizal y participante de la asamblea correntina #BastadeQuemas.

NORTE: ¿Cuáles son las demandas prioritarias y a mediano plazo?

Renata: - La situación de emergencia ambiental como consecuencia del evento histórico de sequía y que está siendo agravado por las quemas sin control y la falta de interés del Gobierno de turno (en Corrientes) y las instituciones responsables de mitigar el daño. Desde 2004 contamos con una ley provincial de manejo del fuego (N°5.590) que designa a la Dirección de Recursos Forestales (DRF) para controlar los incendios rurales, fiscalizarlos en áreas rurales, prevenir, dar con responsables y aplicar la sanción correspondiente. Además de la evaluación de los planes de quemas controladas presentadas por propietarios. Porque las quemas deben ser organizadas y controladas.

Dieciocho años después de la sanción de la ley, el gobierno sigue en desidia total mientras los bomberos voluntarios y la ciudadanía llevamos adelante la extinción de focos ígneos. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del servicio nacional de manejo del fuego, y el organismo de aplicación provincial (DRF) son los organismos responsables. En un contexto de extrema urgencia se desconocen sus acciones.

SIN RESPONSABLES

Además la asamblea suma otras preocupaciones. Por ejemplo que aunque la ley abra la posibilidad de denunciar, no hay o no son claros los canales para hacerlo; o que a la fecha no se encontraran responsables de un solo incendio en la región, ni políticas de concientización o educación ambiental para prevenirlos. La falta de apoyo a los bomberos, hoy "más sujeto a la solidaridad de habitantes" que al Estado, es otro punto.

"Tampoco se conoce cuántas hectáreas, ecosistemas y áreas productivas fueron destruidas o en peligro, ni las personas o comunidades afectadas. Es urgente la necesidad de informes precisos sobre la situación que se ha vivido en los últimos años para poder actuar en la reparación del daño ambiental o social", subraya Nicora Chequín.

"Crean un sinfín de daños al ecosistema"

Luis Martínez es otro de los ambientalistas de la región que describe debilidades en la capacidad de respuesta de los gobiernos provinciales.
A la pregunta sobre el lugar del tema en la agenda pública, responde sin rodeos que las problemáticas ambientales son evadidas por funcionarios.

"Priorizan intereses de explotación antes que de conservación de los recursos naturales", resume.

"Por años tuvimos miles de perjuicios a nuestro ambiente. En la actualidad uno de ellos es la explotación de bosques nativos, que año tras año sigue generando un impacto negativo para las especies que dependen de ese hábitat autóctono. Y por otro lado tenemos algo no tan novedoso como los incendios que azotan nuestras provincias, y que provocan un daño sinfín a todo un ecosistema".

Un Estado ausente en el tema ambiental 

"Se pide combatir los incendios y el Estado no da respuestas inmediatas", señala Luis Martínez.

Hace dos años se pide a las provincias del litoral tomar medidas unificadas para resguardar los recursos ícticos. "Hay una emergencia hídrica y nunca hubo un uso sostenible. Tenemos un Estado ausente en lo ambiental", lamenta.

Ante respuestas oficiales considera que las audiencias muchas veces son espacios que permiten al ciudadano opinar y que el Estado debe convocarlas por más pequeña que sea la obra que se llevará adelante.
Mientras que en el acceso a la información de obras de infraestructura plantea que se genera otra dificultad.

"Hay muchos casos en los que me ha tocado participar sobre pedidos de informes que tardan muchísimo y para cuando el organismo decide darla en ese lapso la obra ya generó un impacto irreversible".

"El acceso a estudios de evaluación de impacto ambiental debe ser rápido y en tiempo y forma, para que el ciudadano o quien lo pida se informe y pueda apelar", subraya.