“La muerte de Josué Lago hiere a un pueblo que ya no cree en la Justicia”

La médica forense Virginia Creimer fue convocada por el Comité para la Prevención  de la Tortura del Chaco para reunir evidencia que contribuya a esclarecer el asesinato de Josué Lago, de 22 años.

El joven qom falleció el 11 de junio de este año tras ser alcanzado por una bala proveniente de un arma similar a la utiliza la policía por lo que cobró trascendencia como un caso de violencia institucional.

Creimer y dos integrantes de su equipo de trabajo se trasladaron desde La Plata hasta General San Martín, como parte de peritajes de la querella particular. En el centro de la investigación están los derechos de un colectivo vulnerable, la comunidad qom del barrio Los Silos, y de testigos ‘que no están siendo respetados ni defendidos‘.

Después de tres jornadas de recorridos y entrevistas, Creimer explicitó a NORTE el por qué de la trascendencia del caso. ‘No se tomaron declaraciones de integrantes la comunidad. Se tomaron tres o cuatro declaraciones de personas que fueron vulneradas, pero hay muchos otros testigos que tienen la posibilidad de contar en primera persona lo que vieron que pasó‘, introdujo en una entrevista que se transmitió en vivo vía Facebook de NORTE Play.

ENTREVISTA EN NORTE PLAY

La médica cuenta con amplia trayectoria y prestigio interviniendo en el esclarecimiento de casos de violencia institucional del país, entre ellos el de Sebastián Ponce de León. El joven detenido en 2019 en Barranqueras y que había sido sometido a torturas que provocaron su deceso diez días después en el hospital Perrando.

LOS HECHOS

El 11 de junio una violenta refriega entre vecinos derivó en una escalada de agresiones cuando intervino la policía. En medio de corridas y agresiones entre vecinos y agentes, en una zona de muros bajos de la escuela primaria 895 ‘Nam Qom‘, Lago estaba sentado mirando lo que ocurría. Josué recibió una bala en el área superior de las costillas, y salió por el hombro derecho.

En su trayectoria, el proyectil le provocó una hemorragia que le causó un shock hipovolémico. Murió casi de inmediato. Un informe bioquímico forense reveló que la bala provenía de una pistola ‘9 milímetros, 38 o similar‘, como las armas que usan miembros de la Policía del Chaco.

Con detección de pólvora en las manos y testigos que lo ubicaron en el lugar de los hechos el agente Guillermo Pablo Viñuela fue sindicado como potencial autor, hasta que la fiscala de Derechos Humanos de Sáenz Peña, Silvia Mariela Slusar, concedió la falta de mérito y permitió que recupere la libertad.

El comité pidió la nulidad alegando que Slusar tuvo una valoración ‘parcial e infundada‘-el Juzgado de Garantías de San Martín lo rechazó- y ahora la Cámara Penal de Apelaciones de Resistencia revisa el planteo.

Incumplimiento en el procedimiento

A la médica que conduce un equipo compuesto por una treintena de profesionales de varias disciplinas, NORTE le preguntó si observa procedimientos ajustados a protocolos. Su respuesta es taxativa: ‘Lamentablemente no‘.

Lo ejemplifica con el caso Sebastián Ponce de León: ‘En la primera autopsia encontramos numerosísimas lesiones, las expusimos, estuvimos de acuerdo con otros peritos incluyendo a los del cuerpo médico forense, y sin embargo el fiscal hoy está volviendo a foja cero y le está preguntando al perito que hizo todas las cosas mal para que le aclare circunstancias, si existieron o no torturas, cuando ya un equipo de peritos en una segunda autopsia (cumpliendo pasos ajustados a la ley y a protocolos internacionales) le dijimos fehacientemente y lo aclaramos en otras declaraciones que sí hubo torturas‘. 

Criterio amplio e interdisciplinario

“Mientras la fiscala no encamine la búsqueda de responsables, la muerte de Josué hiere a un pueblo que si antes ya se sentía discriminado y vulnerado, hoy ya no cree y tiene razón en no creer en la justicia”, subraya Creimer.

La acompañan Antonela Cariaga y Victoria Peña, dos estudiantes avanzadas de Antropología. Enfatiza que “la investigación lamentablemente ha sido muy tórpida en la búsqueda de datos, de testigos, en la interpretación de lo que decían y en la evaluación de la prueba”.

La evidencia física (y no solo de los proyectiles) en el lugar de los hechos abarca el cuerpo de las personas qom que fueron heridas durante el ataque por parte de la policía. “Cuando hablamos de protocolo de Minnnesota no es solo la autopsia; es un criterio mucho más amplio, interdisciplinario, de escucha atenta de testigos y de personas vulneradas y de su protección‘.

En los testimonios hay referencias directas con la Masacre de Napalpí Creimer enumera parte de los incumplimientos a recomendaciones en protocolos y convenciones internacionales. “El hecho de que la fiscala Slusar no haya ido al territorio, no llegara a la comunidad, ni la haya escuchado nos muestra una desidia, una falta de respeto y una falta de voluntad para esclarecer el caso”, señala. “Esto en cualquier lugar del país -no solo de Chaco- sería considerado casi una mala praxis por parte de alguien que además se especializa en derechos humanos”, remarca. ‘Ella sabe que dentro de su función tiene que acercarse a las personas que han sido vulneradas y tiene que evitar circunstancias gravísimas, como delegar en otras personas la toma de declaración con personal policial delante”. Otro de los puntos que enumera se relaciona con la lesión del derecho de acceso a justicia para pueblos originarios: ‘En lugar de haber un traductor era necesario que hubiera un o una intérprete, alguien que entendiera no solo lo que quería decir la o el testigo, sino que pudiera comprender los tiempos, la dificultad para hablar de un hecho que es profundamente traumático para la comunidad qom‘. Para dimensionar cuán traumático fue la intervención de la policía Creimer menciona que en el primer encuentro con la comunidad recibió referencias directas con la Masacre de Napalpí. ‘El hecho de que una comunidad reviva en ese acto uno de los genocidios más terribles contra ella nos está marcando el daño que ha sufrido‘.