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Sergio Schneider

columnista

Baobabs

La convocatoria del gobierno provincial a discutir un nuevo protocolo de actuación frente a las manifestaciones sociales tuvo como primer capítulo la reunión que encabezó Jorge Capitanich el miércoles y de la que participaron otros funcionarios del Ejecutivo, autoridades del Poder Judicial, legisladores, intendentes y dirigentes empresarios. 

Allí, como era de esperar, los planteos fueron diversos y en algunos casos directamente contrapuestos. Nada que sorprenda, porque se conoce ampliamente el carácter controversial del tema.

De todos modos, y aunque hay grandes posibilidades de que la idea de un “acuerdo de convivencia” quede en la nada o dure dos semanas, el encuentro de ese día, más aportes hechos por algunos dirigentes no incluidos en la lista de invitados, combinados con datos de la realidad, conforman un conjunto interesante de repasar.

Contexto dudoso

Varios de los que acudieron a la cita lo hicieron disimulando su escepticismo. Hablar de piquetes y organizaciones sociales a una decena de días de la primera elección del año genera en algunos la sospecha de que el gobierno podría estar apenas buscando una foto más para su colección de campaña. Mostrarle a la clase media que hay deseos de terminar con los cortes de calles y rutas, que tanto la fastidian, y que nada pase de ahí.

Sea o no así, lo cierto es que el tema viene quemando desde hace rato. Como para reafirmarlo, el martes algunos manifestantes quisieron entrar por la fuerza a la Casa de Gobierno y fueron reprimidos. El miércoles, casi al mismo tiempo que se desarrollaba la reunión, otros grupos causaron destrozos en Sameep.

En larga mesa que organizó Capitanich las posturas fueron las más o menos conocidas. El propio gobernador abrió el debate con un discurso cauteloso, en el que habló de la necesidad de terminar con los piquetes pero reconociendo que éstos tienen una vinculación directa con las carencias que viven miles de familias. Recordemos que según los datos del Indec y hasta nuevo aviso, Resistencia es la capital más pobre del país, con la mitad de su población sumergida en esa condición.

Martín Giménez, de la Cámara de Comercio, reiteró la queja del sector mercantil local: las constantes protestas en el centro le agregan a los consumidores una razón más para mantenerse alejados de la zona céntrica, en un momento en que las bajas ventas y la crisis no dejan margen para perder clientes.

Los representantes de la justicia fueron a lo obvio: la ley es un elemento objetivo que se puede aplicar a rajatabla en cualquier momento, pero lo lógico sería que el poder político encuentre vías de resolución que no pasen por la aplicación estricta de las normas. Eso, en el caso de las calles que rodean a Casa de Gobierno, sería desembocar en 365 desalojos forzosos por año, descontando fines de semana, feriados y días lluviosos.

Rodolfo Schwartz, diputado del Partido del Trabajo y del Pueblo (fuerza de izquierda que integra –no sin tensiones- el Frente de Todos), planteó otra óptica. Cuestionó que se ponga la atención más en los piquetes que en sus causas, rechazó el concepto de que las protestas hacen caer las ventas de los comerciantes del centro y advirtió que el horno social no está para bollos. Habló de la otra cara de los movimientos sociales. “Si no existieran los merenderos que gestionan las organizaciones, la gente estaría asaltando los supermercados para comer”, le dijo a NORTE.

Para sorpresa de muchos, el mensaje más duro fue el de Gustavo Martínez. El intendente de Resistencia dijo –palabras más, palabras menos- que en la ciudad nos conocemos todos y que a la dirigencia social más conflictiva había que oponerle una actitud firme y sin vueltas. Y aquí vale hacer un paréntesis.

Miradas de reojo

Las palabras del intendente de Resistencia asombraron a más de tres. Primero, porque nadie pensaba que bajaría una línea tan fuerte. Segundo, porque en el planeta del oficialismo se decía que los líos del día anterior en la sede del gobierno habían sido protagonizados por grupos que le son próximos. ¿El dato es erróneo o Gustavo hacía un doble juego? Difícil de saber.

Pero no eran las únicas especulaciones. En el coquismo pensaban luego: ¿Martínez cree sinceramente en la receta de “mano dura” que expuso o quiere alentar a Capitanich a una postura rígida que lo lleve a chocar con los movimientos piqueteros y le reste así caudal electoral en un momento complejo?

En el Frente de Todos hay más teorías. Asocian lo anterior con la pobrísima gestión que viene llevando adelante el intendente en el distrito más importante de la provincia. Suponen que todo es parte de lo mismo: el deseo de Martínez de que los candidatos del gobernador pierdan en Resistencia o ganen por un margen estrecho, con la ventaja de que en estos comicios no se juegan cargos municipales. Y recuerdan un rumor de 2015, según el cual aquella vez Aída Ayala hizo todo lo posible por restarle apoyos a la candidatura a la intendencia de su correligionario Leandro Zdero, para facilitar la victoria de Gustavo y para vengarse de “El Zorro”, a quien tiene anotado en lo más alto de la lista de personas que considera que “le soltaron la mano” cuando ella comenzó a ser acorralada por investigaciones judiciales. Los detectives del FdT concluyen en que GM podría estar juntando todo: quitarle apoyo a “Coqui” para debilitarlo y, de paso, devolverle aquel favor a Ayala -ahora precandidata en la interna radical para renovar su diputación nacional- ayudándola a que conserve su lugar en el Congreso y sus fueros salvadores.

Cerremos el paréntesis. La política local es un desastre, pero a veces es un desastre apasionante, con novelas inconfirmables como ésta.

La realidad no ayuda

Volvamos al debate por las protestas sociales y los cortes de calles. En un artículo que NORTE publicará en esta semana, el exsenador y exministro justicialista Eduardo Aguilar marca algunas condiciones que cree necesarias para tener posibilidades de un acuerdo. Entre ellas cita algunas que buscan corregir serias deficiencias de la manera en que se establece hoy la relación entre el Estado y las organizaciones.

Aguilar dice, por ejemplo, que no habrá entendimiento si el gobierno no transparenta de manera total y absoluta los vínculos financieros con cada movimiento. Qué se les entrega y para quiénes. Es un sinceramieto difícil de imaginar. Las sucesivas gestiones han preferido el hermetismo en este punto. La ayuda social es una gigantesca caja negra, pese a que sobran las señales de las cosas no funcionan de un modo saludable. Dirigentes que compran camionetas de alta gama en efectivo, titulares de “fundaciones” que obligan a prostituirse con figurones decadentes a muchachas que son amenazadas con perder sus becas si no lo hacen, jefas empoderadas que aparecen vendiendo a supermercados las mercaderías que debían ser para sus representados, próceres del piquete que son casi latifundistas del oeste.

Pero sin necesidad de caer en las tipologías más extremas, esa caja debe ser transparente porque sí, porque es lo lógico, porque la sociedad tiene derecho a verla. Así como también debe estar clarísimo –otro punto de la propuesta de Aguilar- por qué recibe cada persona una asistencia del Estado, si le corresponde o no, si tiene ese único beneficio u otros, si son compatibles entre sí, si vive donde declaró que vive, si son los únicos planes que generan ingresos en su hogar o hay otros integrantes que también los tienen. Es tan difícil imaginar que esto suceda como –en consecuencia- esperar a que haya un punto en el que todas las miradas, posiciones e intereses confluyan.

De cualquier manera, no está de más recordar que estas organizaciones son hijas del formidable fracaso de nuestra dirigencia en la gestión del país. Lo hemos dicho tantas veces que es aburrido reiterarlo: nuestra democracia involucionó. De los sueños del ’83 a esta realidad de atraso, intolerancia y desaliento. Son también hijas de ambiciones y proyectos personales nefastos, así como de un modelo tranversal de construcción política al que le va mejor generando pobreza que empleo. Los baobabs de una tierra donde los únicos avivados no son algunos caudillitos territoriales, sino también aquellos empresarios que siempre pescan en la piscina del Estado, y tantos otros predadores de pieles blancas y modales refinados.

Mientras tanto, pasan cosas. Sólo por dar un par de datos: los merenderos del Movimiento Barrios de Pie dan comida a unas 20.000 personas, la mayoría chicos. La Corriente Clasista Combativa estima que con los suyos llega a más de 30.000. Si es verdad que estamos ingresando a una recuperación económica, no podría ser más oportuna.

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