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Cortes de la ruta 3: denuncian delito con complicidad estatal

Diversos sectores de la comunidad escrito público mediante el cual solicitan que el Estado actúe con“tolerancia cero” para quienes cortan las rutas.  

GENERAL SAN MARTÍN (Agencia) -“En tiempos en que las acusaciones de corrupción y perversión están al orden del día contra el Estado, sea nacional, provincial o municipal los reiterados cortes de la ruta 3 entre General San Martín Pampa del Indio es a todas luces un delito que se comete con la complicidad estatal, en este caso de la provincia”, se expresa en un escrito con decenas de firma de comerciantes, empresas de transporte, productores y pobladores de la zona usuarios de dicha red vial.

Una fotografía de archivo muestra un corte de la ruta 3. Usuarios acusan al gobierno de complicidad por ese delito.

Se indica que resulta inadmisible la impunidad con que se comete un delito penado por la ley en todo el país. “La situación llega a un punto extremo que hasta se atenta contra la salud humana porque ni los enfermos que buscan atención médica pueden circular”, según enfatizan.       

Tolerancia cero

Sostienen que “en estos tiempos debe haber tolerancia cero para los cortes de rutas; sin embargo los piqueteros actúan con la complicidad de la justicia y con protección del Gobierno provincial”.

Las denuncias efectuadas ante la policía, en la justicia y en los medios de comunicación “son ignoradas en forma total y absoluta por quienes deben velar por la seguridad y por la libertad de los ciudadanos”.

“Es incoherente, absurdo y desatinado que un gobierno se jacta de ser progresista pero no vela por el bienestar de la ciudadanía aplicando la ley con el rigor que corresponde”, señalan. De igual manera expresan: “No entramos en tela de juicio en cuanto a los motivos de los reclamos que llevan organizaciones sociales a cortar la ruta, solo denunciamos un delito que es frecuente desde hace varios años”.

Normas de convivencia

“En la Constitución Nacional está claro que los cortes de rutas vulneran el derecho de la libre circulación y lo tipifican como un delito. Es una medida irracional, reñida con las más elementales normas de convivencia a las que una sociedad puede, y debe, aspirar, esto no es posible porque no se cumple con el principio de autoridad”, indica otro párrafo.

Se agrega: “Los cortes se convirtieron en un recurso de protesta sin medir ni tener en cuenta que esta medida genera condiciones altamente negativas ante la categórica arbitrariedad   y responsabilidad del gobierno”. A final se expresa: “No sancionar penalmente a quienes cortan caminos lo transforma al Estado en cómplice y coautor del hecho; debe dar respuesta satisfaciendo las demandas y aplicando la ley”.