Hablemos de accesibilidad electoral
La existencia de grupos sociales con ideas e intereses diferentes enriquece a la comunidad y fortalece a nuestra joven democracia. De ahí la importancia de no dejar a nadie al margen de los procesos políticos electorales y de garantizar que la información de carácter electoral llegue a toda la ciudadanía, teniendo en cuenta la diversidad del electorado. Se impone, entonces, la necesidad de hablar de accesibilidad e inclusión electoral.
Desde el regreso de la democracia, en 1983, y a medida que el país fue viviendo nuevos procesos para elegir a los representantes de la ciudadanía, la idea de accesibilidad electoral fue ganando espacio en las instituciones.
Así, en forma paulatina, se fueron adoptando una serie de medidas con el fin de garantizar el pleno derecho al voto de las personas adultas mayores y personas con discapacidad. En este año, que es electoral, se ha puesto énfasis en el derecho al voto de personas institucionalizadas por motivos de salud mental y discapacidad, un paso que era necesario dar ya que se trata de grupos de la población que durante mucho tiempo permanecieron en un segundo plano en lo que respecta a participación electoral, a tal punto que los padrones excluían a muchas -por no decir la mayoría- de estas personas.
¿Qué cambió en la sociedad para que hoy se esté hablando cada vez más de accesibilidad electoral? Por un lado, han pasado ya 38 años de ininterrumpido ejercicio democrático, una continuidad saludable que aportó tiempo suficiente para abordar una cantidad considerable de temas que no estaban entre las prioridades de la agenda pública en los primeros años desde la vuelta de la democracia.
En los debates políticos de aquellos tiempos difíciles las urgencias eran otras y cualquiera que haya vivido con intensidad esa etapa puede dar fe que solo el paso de los años y el acuerdo general de la ciudadanía para defender el estilo de vida democrático hicieron posible que se preste mayor atención a sectores de la población históricamente relegados.
Por otra parte, el surgimiento de nuevas organizaciones de la sociedad civil hizo posible que voces que nunca antes se habían escuchado hoy tengan la posibilidad de plantear la defensa de sus intereses. Todo eso y otros factores como el advenimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información potenciaron el trabajo de grupos de ciudadanos que, unidos por un objetivo común, fortalecieron las más diversas iniciativas para promover derechos, entre ellos el derecho al voto.
Como se dijo, ya está en marcha en todo el país la campaña por el derecho al voto de personas institucionalizadas por motivos de salud mental y discapacidad, una iniciativa que llevan adelante distintas instituciones estatales, con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos en condiciones de equidad.
En otras palabras, esto quiere decir que todas las personas tienen derecho a votar y elegir a las autoridades que van a representarlas en los comicios que se celebrarán próximamente en todo el país.
En rigor, es un derecho que ya fue reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que fueron aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006. También las leyes nacionales de Salud Mental 26.657 y la 26.571 de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, que establece las normas para la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
Esta última norma, en su artículo 105, señala textualmente que “la autoridad de aplicación adoptará las medidas pertinentes a fin de garantizar la accesibilidad, confidencialidad e intimidad para el ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad”. Y agrega: “Para ello se adecuarán los procedimientos, instalaciones y material electoral de modo que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás, tanto para ser electores como para ser candidatos”.
Dicho de otro modo, las instituciones que participan en el proceso electoral deberán asegurar que estén disponibles los apoyos necesarios para que todas las personas asistan a su lugar de votación y puedan ejercer su derecho a elegir a sus representantes.
Por último, debe insistirse en la necesidad de quitar todas las barreras que se presenten en el proceso electoral, especialmente las socioculturales, evitando situaciones discriminatorias o excluyentes que impidan el derecho a votar de la ciudadanía.
