México: asamblea popular indígena asume la lucha contra el narco 

   “Aquí no hay seguridad, no hay paz, no hay tranquilidad, sólo hay miedo, llanto y temor, extorsiones e intimidaciones”,  dijo un hombre con el rostro cubierto al leer un discurso ante una multitud el martes por la tarde en la plaza principal de Pantelhó.

   Imágenes de Reuters mostraron escombros carbonizados de diferentes inmuebles de la comunidad que, este miércoles, continuaba bajo control de los enardecidos pobladores. No fue  posible contactar a autoridades locales en busca de comentarios.

   El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dijo la semana pasada que más de 3.000 personas han tenido que abandonar la zona en los últimos meses, debido al acoso que ha  traído la incursión de grupos de narcotraficantes que buscan apoderarse del territorio.

   Desde hace más de una década, cuando el gobierno declaró la “guerra contra las drogas”, México vive una ola de crímenes y desapariciones ligadas a las pugnas entre los cárteles de la droga que buscan extender su dominio para controlar la siembra y tráfico de narcóticos y otros delitos como el contrabando de personas y el robo de combustibles.

   Cansados de la violencia y la inacción de las autoridades, en otras regiones del país como Michoacán y Guerrero, grupos civiles tomaron las armas hace años para tratar de protegerse.

   El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que está en contra de la existencia de las llamadas autodefensas, asegurando que detrás de ellas podría haber intereses políticos o de control territorial.  

   Sin embargo, los pobladores se quejan de que durante años de “guerra contra las drogas” no se ha frenado el auge de las bandas de narcotraficantes, y en cambio las fuerzas de seguridad del gobierno hostigan, extorsionan, matan o desaparecen a los pobladores “casi igual que las mafias”.

Ayotzinapa: muere testigo clave y frena la investigación

   La inesperada muerte de uno de los testigos clave para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sur de México es un “golpe terrible” que podría afectar la investigación, dijeron a Reuters el padre de una de las víctimas y una investigadora del caso.

   En la víspera, el Gobierno de México informó que Mario Casarrubias murió a causa de la Covid-19. El fallecido era líder de una organización criminal en el sureño estado Guerrero, donde  los estudiantes fueron atacados por policías vinculados con narcotraficantes.

   “Es un golpe terrible para la investigación,  desafortunadamente él (Casarrubias) se llevó muchas cosas que sabía”, dijo a Reuters Mario González, padre de uno de los jóvenes desaparecidos. “Este miércoles se habló del tema con la Secretaría de Gobernación en la reunión con la comisión que investiga el caso, pues es algo que nos tiene muy preocupados”, añadió.

   Casarrubias, líder del grupo delictivo “Guerreros Unidos”,  así como otros detenidos vinculados con la desaparición de los jóvenes estudiantes de magisterio, denunció tortura e incomunicación durante el tiempo en que estuvo preso.

   Organismos de derechos humanos sostienen que los estudiantes fueron secuestrados por la policía y entregados a la organización Guerreros Unidos y algunos de ellos incinerados en diferentes lugares, a pesar de la versión del gobierno anterior, que aseguraba que fueron asesinados y calcinados en un basurero de la zona.

   La desaparición de los jóvenes es una herida abierta en México y su esclarecimiento se convirtió en una de las promesas  de campaña del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento, sólo se han hallado los restos de tres víctimas.

   “Cualquier persona que tenga información sobre la conformación de estructuras criminales (...) es una pérdida para  la investigación”, dijo a Reuters Ángela Buitrago, investigadora del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Hay que continuar, esperando que no se afecte la investigación”, agregó.