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Cuba, Colombia y Haití

Noticias del Caribe

 Estos tres países han dominado el panorama político sudamericano en las últimas semanas a partir de crisis excepcionales cuyas soluciones no parecen estar cerca..

Las inéditas protestas señalan un punto de inflexión en la historia de la isla.

Cuba, reformas y protestas

En diciembre de 2020 el gobierno cubano anunció un paquete de medidas económicas que se venían discutiendo desde hacía años y que pretendían acondicionar el sistema para una mayor apertura hacia la economía de mercado. La más resonante fue la abolición del peso convertible, lo que dejó al peso cubano como moneda única e implicó una devaluación brutal: su cotización pasó de 1 a 25 por dólar. El conjunto de las medidas incluía otros impactos no menos duros, como la suba general de tarifas de servicios, lo que no iba a ser atenuado por los simultáneos y (aparentemente) voluminosos aumentos de jubilaciones y salarios, que en casos superaban el 400%.

Los pocos funcionarios cubanos que se avinieron a evaluar los anuncios a pedido de la prensa internacional coincidieron en que las consecuencias del shock resultante serían difíciles de mensurar. En 2019 Cuba importó alimentos por más de u$s 2.000 millones. Con la nueva cotización del peso, las empresas importadoras estimaron que en lo inmediato deberían enfrentar una suba en torno al 100% en sus costos, lo que solo podrían paliar trasladándolos a precios. La autorización para multiplicar la cantidad de comercios que transan en dólares buscaba captar la moneda extranjera en manos de la población para convertirla en reservas internacionales. El propio ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, dijo al Financial Times que “podrían esperarse nuevas devaluaciones en el futuro”. 

Si bien el problema de las dos monedas vigentes en la isla (tres, contando el dólar) estaba en discusión desde hacía años –y la solución demorada desde hacía años- las medidas anunciadas en diciembre fueron precipitadas por varios motivos. La decisión del gobierno de Donald Trump de eliminar la tibia relajación propiciada por su antecesor Barack Obama contrajo fuertemente el ingreso de dólares, al dificultar los envíos monetarios de cubanos en el exterior y al disminuir el número de turistas estadounidenses. 

Luego, la pandemia estranguló uno de los pilares del sistema, cuya artificialidad quedó en evidencia: el negocio del turismo se derrumbó casi completamente (de 2,2 millones de visitantes en 2019, se pasó a menos de 120 mil en 2020). En simultáneo, el hundimiento del proveedor petrolero, Venezuela, golpeó en la base el abastecimiento energético, lo que no alcanzó a ser paliado por el considerable incremento de la producción interna. Adicionalmente, la pandemia disminuyó la exportación de servicios médicos, otra fuente de ingresos destacada en los últimos años. 

Todos estos elementos daban cuenta de un sistema que –sin haber reunido nunca las condiciones políticas ni económicas internas ni externas- venía orientándose crecientemente hacia una “economía de mercado” basada en los ingresos de capital extranjero. Otras medidas anunciadas en diciembre ofrecían ampliar las condiciones para esa misma evolución: simplificaban la repatriación de utilidades, promovían la tercerización y, al eliminar la distorsión monetaria y muchos subsidios, propiciaban que las empresas estatales buscaran mayores acuerdos económicos con las multinacionales.

Todo lo mencionado exponía a los ciudadanos cubanos que no tuvieran acceso a divisas, en primer lugar, y a todos a continuación, a los perjuicios de la inflación, a las penurias de servicios deficientes, al desabastecimiento, a la precarización, e incluso al desempleo. Las reacciones sociales, desde la indignación hasta la revuelta, se veían en el horizonte (y habían sido prologadas por las protestas del movimiento San Isidro, ya en noviembre de 2020). 

Teniendo en cuenta este panorama, la reacción del gobierno, y sobre todo la del presidente Miguel Díaz Canel ante las manifestaciones del domingo 11, sonó extemporánea y exagerada. Si bien es cierto que estuvo muy lejos de los niveles represivos ejercidos por otros gobiernos latinoamericanos, como los de Ecuador, Chile, Bolivia o Colombia (países donde la represión a las protestas dejó decenas de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos), las palabras del mandatario cubano mostraron que caracteriza a los descontentos de manera similar. 

Si bien es innegable la influencia determinante del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense sobre la economía y la política cubanas desde hace décadas, que Canel calificara algunos hechos de vandalismo ocurridos el domingo como “terroristas”, remitía inmediatamente al tono del presidente colombiano Iván Duque, quien usa la palabra como arma arrojadiza contra toda oposición. La invocación de Canel a las “mafias cubanoamericanas” contrastaba con los reclamos de provisión de alimentos, medicinas y servicios eficientes que predominaba entre los manifestantes. Días después, el presidente cubano moderó sus dichos y reconoció que "La situación energética parece que fue la que levantó aquí (en San Antonio de los Baños) algunos ánimos", consideró que "hay personas que vinieron a manifestar la insatisfacción", y que incluso pudo haber algunos "revolucionarios confundidos".

Obviamente, el cambio de vocabulario no resuelve un asunto tan complejo como la transición a la que está avocada Cuba. Los “ajustes” de Díaz Canel y su gobierno sin dudas están forzados por los daños causados por el bloqueo estadounidense agravados por la pandemia, pero también es cierto que van en una dirección en la que los primeros perjudicados son los cubanos, sin que puedan apreciar ningún horizonte de mejora. Si tal cosa es absolutamente inevitable, o si es lo único que se puede hacer, o quién debe pagar los mayores costos, o hacia dónde va el país, son asuntos que pueden y deben ser discutidos y decididos por todos los que viven en la isla.

La cuestión de la brutal represión se ha transformado en otro de los principales motivos para la protesta social.

Colombia: el conflicto social como enemigo

A fines de 2019, el Comité Nacional de Paro (CNP, que reúne a una veintena de organizaciones gremiales, sindicales y sociales entre ellos salud, transporte, campesinos, indígenas y afro, estudiantes y movimientos feministas) convocó una serie de movilizaciones que mostraron un profundo malestar social en la sociedad colombiana. A lo largo de varias semanas hubo fuertes choques callejeros con la policía, y la represión dejó muertos, miles de detenidos y un altísimo número de personas con daños oculares y mujeres violentadas sexualmente en sedes policiales, que mostraron una vez más la actitud del gobierno hacia la protesta social. Hacia fines de ese año se convocaron mesas de diálogo para discutir el petitorio de 104 puntos presentados por el CNP, y entre la infructuosa negociación y la posterior pandemia se frenó aquel impulso, pero no se modificó (más bien se agravó) el estado de cosas que había llevado a la rebelión generalizada. 

Durante el confinamiento pandémico, las difíciles condiciones de vida de millones de personas activaron movilizaciones espontáneas en varias ciudades, y el novedoso “movimiento de los trapos rojos” (familias que pasaban hambre colgaban un trapo rojo en el exterior de su casa para llamar la atención sobre su situación) visibilizó un drama que llegó hasta a las portadas de los principales medios. 

La protesta social colombiana tiene profundas razones de fondo. El incumplimiento por parte del gobierno de los Acuerdos de Paz con las FARC; las masacres cometidas contra los guerrilleros desmovilizados y de paso también contra campesinos que nada tenían que ver con la guerrilla (sólo entre 2020 y 2021 hubo 132 casos de asesinato de tres o más personas en un mismo hecho, según Indepaz); el abuso policial, especialmente contra los jóvenes; el asesinato de líderes sindicales y sociales, demasiado habitual en el país; y el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos con los trabajadores portuarios de Buenaventura (uno de los principales puntos de exportación sobre el Pacífico) y con los estudiantes que reclamaban la reforma educativa.

Sobre este explosivo cóctel fue que a principios de 2021 el gobierno lanzó su “reforma fiscal”, que aumentaba impuestos al consumo, a los salarios y a las jubilaciones para recaudar unos u$s 8.000 millones extra, con el fin de tapar diversos agujeros fiscales, el mayor de ellos causado por la asistencia a las 100 mayores empresas del país, a las que subsidió pagos salariales durante la pandemia. La galopante corrupción, la reiterada narcopolítica que incluye a altos funcionarios y empresarios, y el derroche presupuestario del gobierno nacional y gobiernos regionales, principalmente en la compra de helicópteros y armamento, completaban el paisaje de la bronca.

Así las cosas, la nueva convocatoria del CNP a un paro nacional para el 28 de abril se vio ampliamente desbordada. Lo que era una protesta más de 24 horas, se transformó en más de 45 días de movilizaciones ininterrumpidas, pese a la brutal represión y al colapso del sistema de salud en las principales ciudades por la pandemia, que precisamente alcanzó el pico de contagios en abril. 

Las manifestaciones fueron masivas y pacíficas en la mayoría de los casos, y así continúan tres meses después, la última el gran paro nacional del día de la independencia, el 20 de julio. No obstante, hubo varios episodios de saqueos y de daño a la infraestructura pública sobre los que el gobierno edificó una narrativa justificatoria de la habitual represión. Muchos videos difundidos a través de redes sociales documentaron la participación de personas de civil que, ante la sospechosa pasividad de las fuerzas policiales, iniciaban incendios y destrucción de propiedad privada, e incluso tiroteos contra los manifestantes. La oposición política y analistas externos han coincidido en que algunos sectores del gobierno están en un peligroso curso de “paramilitarización” del conflicto social. A estas alturas, la represión (que ya deja más de 70 muertos, miles de detenidos y heridos y cientos de desaparecidos) es otro de las principales queja de los manifestantes, que reclaman especialmente la disolución del temible Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), sindicado como el máximo generador de violencia.

El presidente y sus funcionarios sostuvieron desde el inicio que el inusual número de muertos y heridos sería responsabilidad de “grupos armados al margen de la ley”, supuestamente guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC, aunque ninguna investigación ha confirmado la hipótesis. Ello no impidió que el discurso gubernamental se refiera al conjunto de la protesta como “vándalos” y “terroristas”, y que el propio presidente Duque dedicara gran parte de su discurso de inauguración de las sesiones del Congreso el 20 de julio a reivindicar a las fuerzas policiales y al ejército, para los que anunció la compra de nuevos equipos y armamento. Según medios que no son precisamente alternativos, como El Espectador y W Radio, el apoyo a la protesta entre la ciudadanía es del 70% al 75%, mientras que la imagen presidencial está en sus niveles más bajos, por debajo del 20%.

A estas alturas, y luego de dos procesos de negociación fracasados, ni el gobierno ni el CNP consideran instalar mesas de diálogo. El gobierno sigue poniendo como condición sine qua non que se levanten todos los cortes de ruta, y el CNP pide “garantías mínimas” para ejercer el derecho a la protesta. Aun así, el CNP llamó a la pausa y suspendió las movilizaciones desde el 20 de junio hasta el 20 de julio, lo que le granjeó el descontento de nuevas organizaciones surgidas al calor de las movilizaciones, como las Asambleas Populares de Cali y los grupos conocidos como “Primera Línea”, que se han transformado en importantes organizadores y dirigentes de la protesta social. 

El paro nacional y la protesta social continúan, a pesar de la degradación del conflicto, atrapado entre la pinza de la militarización decretada por el presidente y las vacilaciones del CNP, que no atina a negociar con el gobierno ni a enfrentarlo decididamente. Mientras tanto, continúan ataques de la fuerza pública contra las misiones médicas, campañas de desprestigio contra la protesta, y una desmesurada propaganda gubernamental, como el llamativo caso de la auto- entrevista en inglés, difundida medios de EEUU, realizada y pagada por la presidencia de Iván Duque.

El 20 de julio el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley para la “reforma fiscal”, que esta vez solo aspira a conseguir u$s 3.500 millones extra y dice que destinará una parte a la asistencia social. Por otra parte, luego del desfavorable informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Duque anunció una “reforma de la policía”, que no hace referencia a la doctrina ni a la dependencia militar de la institución, ni su asignación a la justicia militar en casos de abuso sistemático. 

Por su lado, la protesta sigue promoviendo nuevas formas de participación y organización: la “primera línea” de autodefensa, grupos de asistencia médica y jurídica, equipos informáticos que difunden convocatorias y proclamas, organizaciones de madres, ollas populares, organizaciones artísticas que amenizan las asambleas, aulas abiertas y universidades barriales con clases públicas, las “mingas” indígenas, organizaciones de mujeres que denuncian las violaciones de la fuerza pública y entrenan en la autodefensa, etc. El panorama del conflicto está abierto y los alcances de su influencia irán sin dudas muchísimo más allá de los límites electorales que la oposición quiere ponerle para el año 2022.

Algunos de los mercenarios colombianos capturados tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse

El asesinato del presidente de Haití y los mercenarios colombianos

El general Luis Fernando Navarro, de las Fuerzas Armadas de Colombia, reconoció el 9 de julio en Bogotá que el reclutamiento de mercenarios soldados colombianos en todo el mundo es “un problema”, pero que no hay ninguna ley que lo impida.

La publicación colombiana Semana publicó una entrevista a Giovanna Arelis Romero Dussan, esposa del exsuboficial del ejército colombiano Mauricio Javier Romero, que revistó por 21 años en el ejército colombiano y fue muerto cuando trataba de huir de Haití por la policía de ese país. Romero era uno más de los 26 mercenarios colombianos, la mayoría exsoldados del ejército, algunos aún en revista, que participaron en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, el 7 de julio. Según la policía, 18 están detenidos en Haití, cinco son fugitivos y tres murieron después del asesinato.

Además de empeorar la situación política del país más empobrecido de América, el asesinato volvió a poner sobre la mesa el siniestro asunto de los mercenarios de Colombia, aliado estratégico de EEUU que de su mano desarrolló décadas de guerra interna. No hay un número global definido de estos “soldados de fortuna”, pero la profesión parece haber entrado en un nuevo auge desde que EEUU lanzó las invasiones en Afganistán e Irak, derivando muchas tareas en “contratistas” militares, el nombre políticamente correcto de los mercenarios.

La retracción militarista obligada por los recortes al presupuesto público que ordenó Donald Trump perjudicaron ese negocio. “Ahora que EEUU ya no da dinero, el mercado se ha diversificado. Vemos mercenarios por todas partes”, explicó el especialista Sean McFate, miembro del Atlantic Council y autor de “The new rules of war”. “Hay tres grupos principales de mercenarios: los angloparlantes, los rusoparlantes y lo que hablan español. Los colombianos son los más destacados en este grupo, pero también hay excombatientes de Guatemala, El Salvador y otros países latinoamericanos”, dijo.

El ejército colombiano recibió durante años una enorme asistencia de entrenamiento en guerra de contrainsurgencia por parte de EEUU, además de generosa variedad de equipos y armamento. Tras los acuerdos de paz de 2016 que desmovilizaron a las FARC, muchos retirados del ejército ofrecieron su experiencia a reclutadores extranjeros, sobre todo en en Medio Oriente, donde los Emiratos Árabes Unidos los contrataron para la seguridad interna y también para intervenciones en el extranjero. Los veteranos colombianos tienen prestigio entre los millonarios, los jefes militares y otros que buscan armar o reforzar sus ejércitos, o formar escuadrones de asalto para cualquier fin.

El gobierno de Emiratos Árabes no reconoció jamás que contratara mercenarios de Colombia. Reclutados por más de una década para proteger oleoductos y gasoductos y preparar una eventual guerra con Irán, varios colombianos fueron luego enviados a la guerra de Yemen, donde la alianza Arabia Saudita-EAU, armada por EEUU, combate a los rebeldes. Incluso cuando, en 2015, murieron excepcionalmente 10 combatientes colombianos en la defensa de la ciudad yemení de Taizz, las autoridades de los EAU se negaron a hacer ninguna declaración ni a confirmar sus muertes. “Una de las principales ventajas de los mercenarios es la negación plausible. Los EAU no tienen que informar cuántos mercenarios murieron” explicó McFate. 

El ejército colombiano paga un salario promedio de u$s 500 y jubilaciones que no superan los u$s 650, por lo que muchos soldados en actividad deben complementar sus ingresos trabajando como guardias de seguridad. Mientras, los colombianos como los que participaron del asesinato del presidente haitiano pueden cobrar entre u$s 3.000 y u$s 5.000 mensuales. 

Dubernay Capador Giraldo, de 40 años, sargento primero retirado del ejército colombiano y reclutador de sus colegas que fueron a Haití, también murió después del asesinato de Jovenel Moïse. “Dubernay pensó que esto le daría la oportunidad de viajar al extranjero para mejorar su calidad de vida. Seguramente también pensó en ayudar a sus colegas que buscaban un futuro mejor fuera del país”, dijo su hermana, Jenny Capador Giraldo, al diario El País.

El magnicidio en Haití sacudió a Colombia, donde hacía pocas semanas varios militares acababan de ser condenados en el primero de los juicios por el escándalo de los “falsos positivos”, casos en los que el ejército colombiano mataba a civiles jóvenes, en su mayoría pobres, a los que luego presentaba como “guerrilleros muertos en enfrentamientos”. Así elevaba el recuento de cadáveres, lo que se traducía en ascensos, mejores remuneraciones y condecoraciones para los combatientes que participaban.

“Nunca un soldado colombiano... ni siquiera hipotéticamente, consideraría participar en un magnicidio”, afirmó Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. “Fueron engañados”, aseguró. Aun cuando pudiera ser cierto, es difícil creerle a una funcionaria de la autoridad política que premiaba a los soldados y aumentaba los presupuestos del ejército de los “falsos positivos”.

El documentalista haitiano Arnold Antonin

Arnold Antonin, documentalista haitiano

“La ambición de Jovenel Moïse por mantenerse en el poder pudo ser una de las causas de su asesinato”

Por Ayelén Oliva* 

Es el director de más de medio centenar de películas sobre la realidad haitiana, exiliado durante la dictadura de los Duvalier, y uno de los principales referentes de la cultura haitiana. "Es como si Haití hubiera recibido un golpe en la cabeza. Nadie se movió después del asesinato del presidente", describe Arnold Antonin diez días después del magnicidio de Jovenel Moïse. 

Antonin nació en Puerto Príncipe, hace casi 80 años y con otro nombre. Fue durante la dictadura de la familia Duvalier (1971-1986) cuando dejó de llamarse Celesti Corbanese para filmar sus películas sin ser detenido. Es doctor en Economía por la Universidad de Roma, pero se dedicó al cine documental porque entendió que, en un país con la mitad de la población analfabeta, la mejor manera de comunicar sus ideas era con imágenes en lugar de palabras.

Para Antonin, la ambición de Jovenel Moïse por mantenerse en el poder puede ser una de las causas de su asesinato. "Él aspiraba a permanecer en el poder aunque su mandato terminó el 7 de febrero, pero no tenía fuerza para hacerlo. Entonces, encontró un modo de controlar a la población mediante las bandas armadas que tenían vía libre para circular en el país, hacer declaraciones y desfilar por las calles sin intervención de la policía. Desde el poder, existió una clara voluntad de destrucción de las instituciones y eso terminó por volverse en su contra", explica. (…) Hace dos años, Moïse llegó a decir que tenía "siete cabezas para cortar''. Ya en ese momento dejaba ver las tensiones dentro de su partido, pero no había dejado en claro quiénes eran esas personas. Por eso, muchos de los dirigentes de su propio partido pensaron que, de prolongar su mandato, podían terminar siendo desplazados.

-Los responsables del crimen, ¿cree que pueden estar dentro del propio espacio político del presidente? 

-Es probable, de lo contrario no se entiende la ausencia de reacción por parte de sus fuerzas de seguridad. Los demócratas haitianos condenaron el asesinato, lo único que querían es que quedara vivo para que pudiera ser juzgado como cómplice de los asesinatos en masa en los barrios populares.

-¿En qué lugar queda el expresidente Michel Martelly (2011-2016), padrino político de Moïse, después de esto?  

-Michel Martelly era uno de los más enfurecidos con Moïse porque él lo había puesto en el poder y quería volver a gobernar, pero Jovenel tenía otro candidato. Esa fue una de las principales razones que llevó abrir una pelea interna dentro del partido.

-¿Qué es lo seguro sobre el caso hasta el momento? 

-Lo único que parece quedar claro es que Jovenel intentó dar un golpe de Estado el 7 de febrero para mantenerse en el poder y que su asesinato puede ser leído como un nuevo golpe dentro del golpe.

-¿Qué se necesita para esclarecer el asesinato? 

-Tenemos que crear una comisión investigadora internacional e independiente con actores haitianos que permita saber quién mató a Jovenel y con qué razón. Eso todavía es un misterio. 

-¿Existe algún liderazgo, como fue el expresidente Jean-Bertrand Aristide (1991, 1993-1996, 2001-2004), que pueda presentar alguna alternativa al oficialismo? 

-No, actualmente no existe ninguna figura fuerte ni carismática como fue Aristide, pero hay fuerzas políticas que solas no pueden hacer nada, aunque unidas pueden crear una alternativa.

.¿Qué lugar ocupa actualmente Aristide, de 68 años, en la política haitiana? 

-Aristide tiene su partido, La Avalancha, que sigue incidiendo en el debate público para construir una alternativa política al oficialismo. Aristide siempre ha sido uno de los más radicales opositores.

-La participación electoral ha caído mucho en los últimos años. Pasó del 75% en las elecciones de 1990 a menos del 20% en 2015, ¿por qué cree que la gente elige no votar? 

-La gente no vota porque perdió confianza en los órganos electorales que han sido manipulados y también porque están muy decepcionados con los resultados de los distintos gobiernos.

-¿En qué momentos dejaron de creer en las elecciones? 

-Hubo dos momentos. En 1987 existió una intervención extranjera para impedir las primeras elecciones libres de Haití. Luego, en los 90, los militares dieron un golpe de Estado y los americanos volvieron con Aristide en 1994, la gente participó aunque más desconfiada. Pero cuando ven los resultados de los gobiernos, fueron tan malos que la gente ya no cree en nada. Si hay cierto entusiasmo social no es por algo positivo, sino para rechazar al gobierno de Moïse.

-Si tuviera que recomendar una sola de sus más de 60 películas para entender Haití, ¿cuál sería? 

-”El reino de la impunidad”, porque ese es uno de los problemas más grandes que tiene este país desde siempre. Los culpables saben que nunca van a pagar por sus crímenes.

*Publicado en eldiario.es    

FOTO: El documentalista haitiano Arnold Antonin.

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