Cartas de lectores

¿Chaco seguirá desalojando campesinos?

Señor director de NORTE:
“El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo».
Expulsar de su lugar de trabajo y arraigo a quienes producen los alimentos que necesita nuestra comunidad es un crimen social, que no está suficientemente tipificado. 
No lo contempla el antiguo derecho liberal que todavía cree que el derecho a la propiedad tiene origen divino (nuestra propia Constitución y últimamente el propio Papa Francisco cuestionan este absolutismo) y al parecer el derecho a la vida, al arraigo, al trabajo, a la alimentación y a la vivienda tendrían origen diabólico y deben ser condenados, aplastados o como mínimo secundarizados. 
Pero semejante tragedia que familias campesinas enteras (no intrusos, no “ocupas” transitorios ni oportunistas), con numerosos menores queden en la calle, parece no estar en la agenda emocional ni moral de nuestros tres poderes del Estado. 
Por eso todavía puede resultar un escándalo si un barrio urbanizado no tiene agua potable, pero no lo es, si un productor no la tiene. Y tampoco parece un escándalo dejar a la intemperie a cinco familias campesinas en Margarita Belén, como procura concretarse en estos días. 
“La realidad es superior a la idea”, dice otro apotegma del Papa Francisco, y no hay forma de que un decreto, una ley o un fallo por sí mismo tapen la historia y la realidad de que hace más de cuarenta años viven y producen las diversas generaciones de las familias afectadas. Afectadas por este fallo judicial ahora (solo la punta de un iceberg), por la desidia legislativa antes (desde 2018 está presentado un legal, legítimo y justo proyecto de expropiación), y por la crónica ausencia de una política sistemática de regularización dominial de nuestro ejecutivo: 
¿Alguien quería saber lo que significa Estado ausente? Urge un espacio interpoderes estable, que analice sistemáticamente a modo alerta temprana sobre esta cuestión esencial como es la tierra.
 Y este caso en particular, el de las familias Fernández- Benítez —también afectadas por su condición de pobreza— que acentuó su histórico desamparo jurídico y le impidió ejercer su también legal, legítimo y justos derechos posesorios pos veinteañales. 
Es grave ignorar que desalojar a productores de alimentos no es un mero acto normativista: ¿cuesta tanto comprender el impacto sistémico?: cinco familias a la intemperie, menores alejados de sus escuelas, jóvenes interrumpiendo su estudio o trabajo, ellas abastecían un importante porcentaje  de su comunidad circundante, esta deberá ir a comprar más lejos y más caro, disminuyendo sus salarios, y gastarán menos en su localidad, afectando a otros actores económicos (comerciantes, emprendedores y otros servicios), si éstos disminuyen su actividad pueden despedir trabajadores, complicando social y económicamente toda la localidad. 
A su vez todos o muchos de los afectados pueden venir a engrosar las ya saturadas periferias de Resistencia, donde terminarán —quizás— alterando el tránsito por reclamar oportunidades que ya en su terruño le negaron. Un tránsito que otros ciudadanos —quizás del mismo mundo judicial— terminen pidiendo a otro juez que desaloje por la fuerza pública, así sucesivamente… ¿Ese daño global busca el fallo?, seguramente no, todos esperamos que no. Pero ocurrirá si nuestro radar no es sistémico, si leemos solo una parte de la biblioteca y nos olvidamos de las alas de la mariposa. 
Señores jueces, legisladores, funcionarios del Ejecutivo, bueno y urgente es recordar que los poderes son independientes entre sí, pero no son independientes de la sociedad que los sustenta. Esta sociedad espera que decisiones de poderes del Estado tengan la justicia necesaria para los territorios que nos cobijan. 
Cercana a cumplir 70 años, nuestra provincia necesita muchas cosas, pero sobretodo necesita actos de audacia social, un acontecimiento moral. Necesitamos una decisión colectiva como comunidad, un fallo que tenga unanimidad social, jurídica, legislativa y ejecutiva. Un homenaje épico y merecido a nuestros padres y abuelos, que seguramente fueron hombres y mujeres del campo. Una sentencia histórica que diga “el Chaco nunca más desaloja campesinos arraigados”. Amén. 

JORGE LUIS MIGUELES
DNI 11.801.527 
Resistencia 

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Colegiación sí, colegiación no

Señor director de NORTE:

Se ha vuelto a poner en el tapete una discusión que a mi juicio está superada, y es la colegiación legal para el ejercicio profesional de la abogacía. 
Primero habría que hacer un pequeño recordatorio en qué consiste el instituto de la colegiación, y voy a hacer un breve comentario sobre sus características principales, como ser el control de la matrícula por los propios profesionales que ejercen determinada profesión, el tribunal de ética, y algunos mecanismos de procedimientos sobre el funcionamiento de este tribunal. 
Lo segundo que cabe aclarar que no es una Asociación Civil, por aquello de la libertad de asociación que consagra la Constitución Nacional, y que constituye uno de los caballitos de batalla de los colegas que militan incasablemente contra la colegiación legal, es un instituto paraestatal de carácter público, donde el Estado delega en los profesionales que ejercen determinada profesión el control de la matrícula, o sea que en el caso de los abogados la matrícula que actualmente lleva el Superior Tribunal de Justicia, es llevado por el Colegio Público. 
Tercero: habría que preguntarse qué criterio o doctrina tiene nuestra Cámara de Diputados con la institucionalización de los colegios públicos, aquí también hay un dato interesante, a través del tiempo y con distintas composiciones políticas, nuestro poder legislativo ha consagrado la colegiación de cuanta profesión existe en esta provincia, con la rara excepción de la abogacía, donde siempre ha existido un grupo de abogados, que sobre argumentos falsos y tendenciosos han inculcado sobre todo en los jóvenes abogados, que son los principales beneficiarios de la colegiación, una mirada de malignidad y desprestigio sobre la colegiación legal, esto del fake news no es nuevo en este tema. 
Cuarto, después de haber recorrido el pais como turista o con el equipo de futbol de los abogados, pude comprobar con cierta envidia la infraestructura que han desarrollado algunos colegios de abogados, con campos de deportes, campings, hoteles, sede de los colegios de las cuales son propietarios, (no como algunos supuestos colegios de nuestra provincia que son nómades) donde existen inmensas bibliotecas, salones auditorios para conferencia, distintas aulas para realizar cursos y posgrados totalmente gratis o a un precio ínfimo, todo esto consecuencia de la colegiación. 
Quinto: otra pregunta interesante que habría que hacerse es por qué de las 24 provincias argentinas, solo dos o tres  no tienen colegiación legal una es la nuestra, ¿será que los colegas de otras provincias se manejan al margen de la Constitución?, ¿se organizan en forma de colegios para perjudicarse ellos mismos?
 Quiero aclarar que no pertenezco a ningún estudio de gran envergadura, ni somos apoderados de multinacionales, somos simples trabajadores del derecho, y lo hacemos de la forma más honesta y digna, por eso también propiciamos la sanción de esta ley, que va a crear un tribunal de ética a los que muchos colegas les causa terror, yo sé que los abogados no tenemos la mejor fama, pero esta ley esencialmente va a servir a la sociedad y es una cuestión de Estado, y no como dijo un gobernador que llegó accidentalmente a ese cargo que es un tema de los abogados y tienen que resolverlo entre ellos. 
La negación de la colegiación, como todo hecho negacionista, busca no solo imponer un relato, sino confundir; si no logro convencerte al menos consigo confundirte, sería la premisa.

AVELINO MARIO DANIEL FERNÁNDEZ                
Abogado - Matrícula 1529
Resistencia