Chile: una huelga minera… a 1000 km de la mina
El proceso de profundos y acelerados cambios que se viven en Chile, en América y en todo el globo podría ilustrarse con la particular situación que se desarrolla en torno a “La Escondida”, la mina de cobre más grande del mundo, a 1.000 km de Santiago, y en la mina “Spence”, a 1200 km al norte de la capital, ambas propiedad de la megaminera australiana BHP (con participación de la española Río Tinto y Mitsubishiled Japanese).
“La Escondida”, el mayor yacimiento mundial de cobre, produjo 1,19 millones de toneladas en 2020, mientras que Spence sumó otras 146.700 toneladas. Los precios del cobre tocaron esta semana un máximo histórico de u$s 10.700 por tonelada, y es el metal que más ha subido en lo que va del año. En tanto, las tasas que pagan las mineras para procesar el concentrado en metal refinado, fuente clave de sus ingresos, se situán en los mínimos de la última década.
Los principales procesos de ambas minas (rajos, plantas concentradoras y de cátodos) son controlados telemáticamente por 205 empleados desde el Centro Integrado de Operaciones (CIO) de BHP en Santiago de Chile. Estos trabajadores consideraron que los precios internacionales del cobre (la principal exportación chilena) hacían propicia la oportunidad para solicitar un aumento salarial, y desde el 1ro de marzo lo estaban negociando con la empresa. Pero BHP les comunicó su oferta final el viernes 7 de mayo, la que resultó estar muy lejos de las aspiraciones de los asalariados.
“Las demandas de los trabajadores no fueron escuchadas, así que estamos demasiado desilusionados de la respuesta que dio BHP, porque al fin y al cabo discriminan a los trabajadores y no los reconocen en la cadena productiva. Nosotros estamos concientizando a nuestra gente para que rechace esta última oferta y vote por la huelga, ojalá que en un 100%”, dijo Jessica Orellana, secretaria general del sindicato de trabajadores del CIO de BHP.
La legislación chilena establece que tras la aprobación de la huelga, las partes todavía deberán ir a una instancia de negociación mediada por el gobierno de entre cinco y 10 días antes de realizar la medida de fuerza. Por otro lado, Orellana reconoció que la normativa deja un “vacío legal” que permitiría a BHP que los reemplace en caso de huelga, ya que los ha contratado mediante una empresa tercerizada como “prestadores de servicios” para las minas. Orellana confió en que los trabajadores in situ, en los yacimientos, “no se presten a reemplazar a sus compañeros” en esa labor. “Ellos estarían haciendo otras funciones que no les corresponden”, observó.
