Interculturalidad en atención de la salud
El fallo de una jueza de familia de la provincia de Salta que ordenó respetar la voluntad de un niño de la etnia wichi que pidió no ser intervenido en una operación de alta complejidad y riesgo, puso de relieve la importancia de escuchar al paciente y a su familia e incorporar la perspectiva intercultural en los servicios de salud.
Se trata de la decisión de la jueza Ana María Carriquiry, titular del Juzgado de Familia número 2 de la localidad de Orán, quien tuvo en cuenta la identidad cultural, los conocimientos y saberes del pueblo wichí al que pertenece el niño y su familia para garantizar la autonomía de las personas en el ámbito de la salud.
El niño, de ocho años, había sido diagnosticado con una hemorragia en el cerebro y, según la opinión de los médicos, la cirugía a la que debía someterse para corregir una malformación no garantizaba superar el problema y, además, implicaba un alto riesgo para su vida y podría dejar secuelas.
El asesor de menores de Orán, Cristian Babicz, en representación del niño, presentó ante la justicia una medida autosatisfactiva de acceso a la información y al consentimiento informado, dando lugar a la intervención de la jueza quien dispuso que se realice una audiencia con el equipo médico, el niño, los progenitores y un intérprete wichí.
En esa instancia, los familiares del pequeño explicaron que “tienen otra cosmovisión, otros medicamentos, otras formas de curar con medicina natural, por lo que se oponen al tratamiento propuesto”; y a su turno, el niño manifestó no estar de acuerdo con la intervención quirúrgica. Luego, la jueza confirmó que las partes fueron “informadas de todas las implicancias del estado de salud del niño, se ha logrado su completa comprensión y se ha dejado constancia de la expresa negativa de los progenitores y del niño”.
También aclaró que se tuvo en cuenta la identidad cultural del chico y su familia, y que por esa razón el caso requería “especial atención y ajustes razonables para la efectividad de sus derechos, respetando su identidad cultural y el interés superior del niño”.
Merece destacarse la actuación de la magistrada salteña, que coincide con lo planteado
oportunamente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el libro “Una visión de salud intercultural para los pueblos indígenas de las Américas”, cuando observa que “los cambios políticos y sociales ocurridos durante las últimas décadas en los países de la región -que históricamente se han caracterizado por presentar grandes brechas y exclusión social-, deben generar nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad civil que promuevan la participación de las poblaciones más vulnerables tradicionalmente excluidas de la gestión pública, como una forma de garantizar un mayor ejercicio de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, así como una mayor equidad en el acceso a la salud”.
La OPS advierte, por otra parte, que la interculturalidad puede ser entendida como la habilidad para reconocer las innumerables diferencias que existen al interior de cada sociedad. “Si se comprende de esta forma, puede transformarse en un medio fundamental para inculcar valores democráticos y responsabilidad política, y es una apuesta dentro de un sistema que busca más igualdad para todos. La interculturalidad se refiere también a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de diferente cultura, que pueden ser llamados etnias, sociedades, culturas o comunidades”.
Y agrega: “a través del diálogo horizontal, la interculturalidad aspira al reconocimiento y valoración de conocimientos y prácticas de salud locales -así como a la incorporación de las mismas dentro de los sistemas de salud convencionales- como una herramienta no sólo para la aceptabilidad de los sistemas de salud y para la consolidación de un sistema más equitativo y participativo, sino para lograr, además, un mundo más justo y humano”.
En conclusión, y como bien sostiene la OPS, incorporar la perspectiva intercultural en la atención de la salud debe servir para forjar una sociedad más democrática y equitativa, por lo que es de esperar que el caso citado sirva para reflexionar a la hora de dar respuestas que ayuden a superar la situación de exclusión en la que se encuentran las comunidades indígenas por la desconfianza y la distancia que muchos sienten frente a los sistemas convencionales de salud.
