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Propiedad intelectual, patentes y salud pública

La Unión Europea cambió de opinión respecto a la suspensión de las patentes de vacunas contra el Covid 19 y anunció que está dispuesta a dialogar sobre la propiedad intelectual de los inoculantes. La nueva postura llega después de su firme rechazo al pedido de organizaciones humanitarias para que se pronuncie a favor de suspender temporalmente los derechos de las corporaciones farmacéuticas y a pocas horas de la decisión de EEUU de manifestarse a favor de esa medida para vencer a la pandemia.

Entre hoy y mañana los líderes del bloque regional discutirán la conveniencia, o no, de avanzar con la idea de exigir a las empresas propietarias de las patentes que compartan las fórmulas de las vacunas para que laboratorios de todo el mundo puedan producir en forma masiva y, de esa manera, alcanzar en el menor tiempo posible la inmunidad de la población mundial.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el bloque regional está dispuesto a discutir la medida que, lógicamente, es resistida por los grandes laboratorios que tienen una enorme capacidad de influencia en parlamentos de todo el mundo. Fue ese poder el que permitió a las corporaciones resistir hasta ahora las campañas de organizaciones como Médicos sin Fronteras y Amnistía Internacional que, con argumentos muy sólidos, vienen planteando desde hace varios meses que los gobiernos deben exigir la exención de patentes de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas para tratar el Covid-19 mientras dure la pandemia, ya que el desarrollo en tiempo récord de las vacunas fue posible, en gran medida, gracias a la financiación con fondos públicos que se volcaron en las etapas de investigación.

Una señal indica que podría haber un punto de inflexión en este asunto. Es la que brindó el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, quien se mostró también a favor de discutir el tema en la reunión que celebrará el bloque regional este fin de semana en Portugal.

A eso debe sumarse el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el que confirmó que su país está de acuerdo con liberar las patentes como medida excepcional para frenar el avance de la pandemia y evitar el riesgo que representa la aparición de nuevas variantes del virus. Y hay más: la funcionaria de más alto rango que representa los intereses comerciales de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo que una medida de esa naturaleza se justifica porque se está ante “una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de Covid 19 exigen medidas extraordinarias”. En otras palabras, los centros de poder mundial parecen haber tomado nota de las advertencias realizadas por los científicos respecto al potencial peligro que representa la aparición de nuevas variantes del Sars Cov 2 que podrían ser resistentes a las vacunas desarrolladas hasta ahora. En ese sentido, la crítica situación epidemiológica de la India, uno de los países más poblados del mundo, encendió las alertas a partir de un simple razonamiento: si el virus de Wuhan tardó pocos meses en llegar a todos los rincones del planeta y mover los cimientos de las economías más prósperas, el surgimiento de nuevas variantes, potencialmente más peligrosas, podría complicar aún más el escenario mundial.

Este es el argumento que se repite en las presentaciones que hicieron oportunamente Sudáfrica y la India ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para pedir que se liberen las patentes de vacunas, medicamentos y productos sanitarios necesarios para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Las patentes aseguran a las farmacéuticas la exclusividad para fabricar sus vacunas durante un período de tiempo (por lo general, 20 años). Si la OMC decide suspender temporalmente el goce de esos derechos por parte de los laboratorios eso significa que otras firmas farmacéuticas de cualquier país podrían comenzar a producir el producto y, en teoría, habría una mayor disponibilidad de vacunas.

La pandemia, en todo caso, puso sobre la mesa las tensiones que existen entre el derecho a la salud pública y la propiedad intelectual, y obligó a debatir una cuestión en la que se cruzan los intereses de la poderosa industria farmacéutica de países desarrollados (con gran capacidad para financiar campañas electorales y, por lo tanto, para influir en la toma de decisiones de gobiernos) y los intereses de las naciones de la periferia. Queda por ver qué postura logrará imponerse en esta pulseada de gigantes. Es de esperar que, al menos esta vez, gane la que favorece a todos.

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