Podría caer toda la causa por torturas a soldados en Malvinas

El fallo dictado por la Cámara de Casación Penal rechaza la calificación de “delitos de lesa humanidad” para las torturas cometidas por militares argentinos contra soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas y podría ‘tener un efecto dominó y caerse toda la investigación‘ que se desarrolla desde 2007, reconocieron fuentes judiciales consultadas por Télam.

‘Si el criterio no es revertido por la Corte Suprema y aun hasta que ello ocurra, el juzgado Federal de Río Grande, donde se investiga el caso, podría suspender todas las actuaciones en trámite‘, admitieron.

En la práctica, el fallo implicaría la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

RESOLUCIÓN DEL 2009

La Cámara de Casación Penal, con integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los estaqueamientos y enterramientos de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad ‘porque no eran parte de un plan sistemático del Estado‘.

Aquella medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescipción. Ese fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, y la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015.

Por ese motivo, el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomendó al Estado argentino que se considerara la calificación de “delitos de lesa humanidad“ para que al menos se pudieran investigar las acusaciones.

Ahora, llegó a la instancia de Casación la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó que se lo beneficiara con el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de ‘cosa juzgada‘.

PRONUNCIAMIENTO DE EXCOMBATIENTES

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa con la colaboración del equipo legal de la Fundación Soberanía y Memoria del Chaco, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que ‘reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido‘, además de ser ‘arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante‘.

El Cecim califica a la resolución judicial como ‘una vergüenza‘ y acusa a Barroetaveña y Petrone de ‘reproducir una épica militar que no aprobaría un examen de derecho constitucional ni penal en una universidad.