“Mi padre, el asesino”

Cuando sonó el teléfono en la casa de Analía Kalinec en Buenos Aires una tarde invernal de agosto, no tenía motivos para sospechar que la llamada acabaría destrozando a su familia. “Era mi mamá. 'Mirá, no te asustes, pero papá está en la cárcel', me dijo. 'Pero no te preocupes, esto es solo política'. Hasta esa llamada telefónica, nunca había vinculado el trabajo de mi padre con la dictadura. Ni remotamente...”

El padre de Analía es Eduardo Emilio Kalinec, un expolicía que actuó bajo la brutal junta militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Fue acusado de algunas de las peores violaciones de derechos humanos en el pasado reciente del país: más de 180 casos de secuestro, tortura y asesinato cometidos en los campos de detención secretos del régimen.

Durante los siete años que ocupó el poder, el gobierno militar apuntó a los disidentes políticos, líderes sindicales, estudiantes y artistas. Hasta 30.000 “desaparecieron” tras ser secuestrados y encarcelados ilegalmente por agentes de seguridad como Kalinec.

Pero Analía no había tenido ni una pizca de los secretos bien guardados de su padre hasta 2005, cuando tenía 25 años, y recibió esa llamada de su madre. Kalinec fue detenido y, a pesar del optimismo inicial de su esposa, nunca fue liberado. En 2010 fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. “Me preguntó: '¿Creés que soy un monstruo?'”, dice Analía. "¿Qué esperaba que dijera? Era mi amado padre, estaba tan cerca de él... estaba atónita”.

Paula (quien para proteger a sus familiares pidió a la BBC que no usara su nombre completo) también experimentó un momento de revelación sobre su padre. Cuando ella tenía 14 años, la llevó junto a su hermano a un café y les dijo que había sido un policía encubierto. Más tarde ella se dio cuenta de que había sido un espía, infiltrándose en grupos de izquierda e identificando a las personas que serían apresadas por el régimen.

“Desde que se me ocurrió que lo que sabía sobre la dictadura lo había hecho mi padre, o que él trabajaba para ellos, me he sentido avergonzada y culpable como si fuera una cómplice”, dice Paula. “Ahora tengo este conocimiento y no hay nada que pueda hacer. Es como si estuviera guardando un secreto que no quiero mantener”.

A estas hijas les tomó años comprender y aceptar su historia familiar, pero recientemente han sentido la necesidad de hablar. Forman parte de un grupo de “Hijos, hijas y familiares de los perpetradores del genocidio”, como se llaman a sí mismos. Condenan públicamente a sus padres y, a menudo, sus familias los condenan al ostracismo.

   Analía Kalinec, psicóloga y maestra de escuela, nació en 1980, en medio de la batalla de la Junta contra los partidarios de la izquierda. Sus recuerdos de su padre policía datan principalmente de después de este período: lo recuerda haciendo asados, llevando a sus hijas al club deportivo y en viajes de pesca. Ella y sus tres hermanas se casaron jóvenes y no estaban interesadas en la política. 

El día después de la llamada telefónica de su madre, recuerda, fueron a visitar a su padre a la cárcel. “Cuando hablamos con él, simplemente dijo 'No creas lo que dirán de mí, son un montón de mentiras'”, dice. Le dijo a la familia que no tenía nada de qué disculparse, que había estado librando una “guerra” y que ahora estaba siendo perseguido por “zurdos” con la intención de vengarse. “No entendí una palabra”, dice Analía. Para ella, la dictadura era cosa del pasado y durante los primeros años después del arresto de su padre, vivió en la negación.

“Apoyé a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que hacían campaña por sus seres queridos desaparecidos”, dice. “Todo bien, pero mi padre no tuvo nada que ver con nada de eso. Todavía creía que debía haber sido un error... Fue cuando comenzó el juicio que me di cuenta de que las cosas no eran como mi padre nos había dicho”.

Analía se encontró cara a cara con el pasado de su padre cuando comenzó a leer los archivos del caso. Más de 800 páginas llenas de crudos relatos del terror que había infligido, en las voces de los supervivientes. “Leí las descripciones de esos campos de concentración donde los militares mantenían a las personas que secuestraban. Era como un mapa y tenía que colocar a mi papá en él, lo cual era insoportable”, dice.

Las víctimas no conocían a Kalinec por su nombre real. En las cárceles clandestinas donde trabajaba, usaba un alias, como hacía la mayoría para ocultar su verdadera identidad: “Doctor K”. “Sabía que lo llamaban así porque una vez le dijo a mi abuela, y cuando le pregunté de dónde venía el apodo me dijo que era porque siempre era muy correcto y parecía un abogado, y aquí nos dirigimos a los abogados como médicos. Pero también puede deberse a que él era 'el médico' en la cámara de tortura que llamaron 'el quirófano'”.

Analía finalmente confrontó a su padre en su celda de la cárcel. “Y cuando hice eso, encontré a un hombre muy enojado que trató de justificar lo injustificable. Y al hacerlo, confirmó mis peores sospechas. Que él personalmente había participado en todo esto. Fue…”, hace una pausa, buscando la palabra correcta, “…alucinante. Totalmente alucinante".

Tener una relación afectiva con el hombre y muchos recuerdos felices de la infancia dificultaron las cosas, dice Analía. “Al principio necesitaba desvincularme. Solía decir, 'Bueno, de un lado está mi papá y del otro lado está el torturador'. Necesitaba eso, o de lo contrario mi cabeza habría explotado. Pero luego me di cuenta de que, de hecho, es la misma persona. Siempre es la misma persona”.

Decenas de testigos en los juicios identificaron a Eduardo Kalinec como participante en interrogatorios y sesiones de tortura en tres diferentes centros clandestinos de detención. Lo describieron como un hombre joven, entonces tenía veintitantos años, con una voz aguda, corta y fuerte, con un cuello grueso y un bigote. Era “temido dentro del lugar” y “de un carácter muy cruel”, según testimonios judiciales de varios supervivientes. La mayoría de los detenidos no pudo dar su testimonio: la mayoría de los presos siguen “desaparecidos” hasta el día de hoy y se presume que fueron asesinados.

Ana María Careaga tenía 16 años y estaba embarazada de tres meses cuando la llevaron. Recuerda que el “Doctor K” la pateó cuando la vio en el el baño. En una ocasión se enojó con ella por no haber revelado a sus captores que estaba embarazada. “¿Querés que te abra las piernas y te haga abortar?”, le gritó.

Miguel D'Agostino también identificó a Kalinec como uno de los tres hombres que lo torturaron durante cinco días seguidos con una picana eléctrica en el llamado “quirófano” de la prisión clandestina donde estuvo recluido durante casi un año.

Delia Barrera tenía 22 años cuando fue sacada de su casa en una redada, secuestrada a punta de pistola por un grupo de hombres y llevada a El Atlético, la prisión secreta donde Kalinec tenía su base en ese momento. “Escucho voces a mi alrededor, ya que tengo los ojos vendados”, le dice Barrera a la BBC. “Me desnudaron y me ataron a un armazón de cama de metal. Y comienzan con las descargas eléctricas. Me culpan por colocar una bomba en una comisaría, lo que no hice, y quieren nombres de compañeros militantes. Sigue y sigue… “, recuerda.

   Conoció a Kalinec en una ocasión durante su detención de 92 días cuando su venda no estaba muy apretada. Ella asumió que el “Doctor K” era un médico, y dice que él le informó que tenía las costillas rotas. “Podía mirarle la cara desde abajo. Es una cara que nunca podré olvidar. Cuando, durante el juicio, el juez me preguntó si podía identificar a alguno de los acusados, le dije: 'Ahí está, doctor K'”.

El juicio de un año que condujo a la cadena perpetua de Kalinec en diciembre de 2010 fue parte de un ajuste de cuentas histórico que aún continúa en la Argentina, casi cuatro décadas después del final de la dictadura. Más de 1.000 exmilitares y policías condenados por abusos contra los derechos humanos han recibido duras sentencias y unos 370 casos aún se están abriendo camino en el sistema judicial argentino.

Pero no todos los que participaron en la represión organizada por el Estado comparecen ante la Justicia. En muchos casos, simplemente no se consiguieron pruebas suficientes para responsabilizarlos, como sucedió con el padre de Paula. “Sé lo que hizo porque me lo dijo”, cuenta. “Sé que él fue parte de eso porque me lo dijo. Y estaba lleno de orgullo, se sentía como un héroe”.

Hasta ese momento, había creído que su padre era abogado. Ella nunca lo había visto con uniforme de policía. “Tenía veintitantos años y, para las fotos que tenía en casa, no parecía un policía. Tenía el pelo largo, vestía camisas modernas de cuello grande... se parecía a cualquier joven de la década de 1970”. Pero con el tiempo Paula conectó los puntos y descubrió que él había estado seleccionando personas para capturarlas y llevarlas a uno de los centros clandestinos. Al igual que Analía, Paula lo confrontó. “Le dije: 'No torturás a la gente. No me importa si hicieron algo o no. ¡No tortures a la gente!' Y tuve esta conversación muchas veces”.

Su padre respondió que las autoridades estaban atacando a los “terroristas” y que “los comunistas venían”. Paula dice que no sabe cuánta sangre tenía su padre en las manos, pero él nunca mostró arrepentimiento. “Era un engranaje necesario en la máquina del terror. Dijo que había que hacer más de lo que había hecho, y nunca los llamó crímenes, los llamó 'acciones'”. Diez años después de hacer el descubrimiento, una vez muerta su madre, Paula cortó todos los lazos con su padre.

A fines de 2019, se enteró de que lo habían llevado al hospital después de un accidente cerebrovascular severo y se preguntó si debería ir a visitarlo. No lo hizo. Y cuando murió, no fue al funeral. “Pensé que sería una falta de respeto asistir al funeral con las personas que realmente lo amaban. Pero también, había una parte de mí que ya había lamentado la ausencia de mi padre, en vida. Así que realmente no tenía la necesidad”.

Hace unos años, Analía y Paula se encontraron, y también varios otros hijos de militares y policías que también condenaron las acciones de sus padres. No sucedió por casualidad. El desencadenante fue un fallo de la Corte Suprema en 2017, durante el gobierno de centroderecha del presidente Mauricio Macri, que podría haber llevado a la liberación anticipada de cientos de violadores de derechos humanos, entre ellos Eduardo Kalinec

   Medio millón de manifestantes salieron a las calles exigiendo que se revocara la decisión, y así fue. “El hecho de que mi papá esté preso habla muy bien de la sociedad argentina. Sentí que necesitaba romper el silencio. Quería decir: 'Seamos claros, no hay vuelta atrás'”, dice Analía. “Queremos asegurarnos de que nuestros padres paguen por sus crímenes”.

Analía publicó sus pensamientos en un manifiesto en Facebook. Otros hijos e hijas lo leyeron. “Y todo empezó a partir de ahí... Nos pusimos en contacto, nos encontramos. Dijimos: 'Esto es tan difícil de soportar solos'. Decidimos unirnos y participar en las manifestaciones. La primera vez éramos cuatro, todas mujeres, con tanta energía y entusiasmo”.

Se llamaron a sí mismos “Historias desobedientes”, porque están rompiendo la regla familiar del silencio. Hace mucho tiempo que dejaron de ver a sus padres y muchos, como Analía, tienen hermanos que ya no les hablan. “Estaba tan feliz de encontrar a otros como yo, ¡sabía que no podía ser la única!”, dice Paula. “Me entendieron de una manera que nadie más podría”.

Ella dice que no había podido hablar con nadie sobre su padre, excepto con su terapeuta, y que adquirir la capacidad de ponerse de pie y hablar después de 23 años de silencio fue una tremenda liberación

El grupo que ahora cuenta con 80 miembros, compuesto principalmente por mujeres, se reúne semanalmente. Comen juntos, discuten sobre política y sus sentimientos y planean apariciones públicas. Una de sus campañas se centra en la negativa de sus padres a confesar sus crímenes y a ayudar a los fiscales a condenar a otros culpables.

“Todavía estoy esperando que hable. Sé que mi padre tiene información sobre sus víctimas”, dice Analía. “A diferencia de otros funcionarios, que son demasiado viejos o seniles, mi papá es lúcido y tiene una memoria prodigiosa. Y saber que elige no decir, y que su silencio cómplice sigue causando dolor y daño, es algo que realmente me duele”.

Dado que sus padres no hablan, los miembros de “Historias desobedientes” quieren que se modifique el código penal para permitir que los niños testifiquen en los tribunales contra los padres en casos de crímenes de lesa humanidad. A menudo, el caso contra los hombres es un rompecabezas que los niños podrían ayudar a armar con el conocimiento de su familia, por ejemplo, la conciencia de Analía de que su padre era conocido en el trabajo como “Doctor K”. Otro miembro del grupo escuchó muchos detalles de su padre sobre la práctica de lanzar personas vivas desde helicópteros al mar, pero no ha podido testificar en el tribunal

"Socialmente, hablar en contra de tu padre está fuertemente condenado en esta sociedad patriarcal. Tu padre, tu sangre. Bueno, ¿y si tu padre es un torturador o un violador o un ladrón? ¿No podés decir nada?”, pregunta Analía. “La gente ni siquiera cuestiona eso. Bueno, tal vez es hora de que lo hagamos”.

En 2018, “Historias desobedientes” salió a las calles con motivo del Día Nacional de la Memoria, el 24 de marzo, aniversario del golpe militar. Su pancarta multicolor decía: “Somos los familiares de los perpetradores del genocidio”. Analía dice que la gente les miraba desconcertada. Algunos rompieron a llorar, aunque muchos más aplaudieron. “Era la primera vez que un grupo de familiares de los perpetradores adoptaba una postura tan pública”, dice.

Sin embargo, no todo el mundo está preparado para su activismo. El grupo es una presencia incómoda para algunos de los familiares y sobrevivientes de las víctimas. 

“Estos hijos e hijas 'desobedientes' tenían muchas oportunidades para hablar, y no lo hicieron antes, ¿por qué?”, cuestionó la sobreviviente Delia Barrera, cuando fue entrevistada por la BBC en 2019. Dijo que no confiaba en ellos, especialmente en aquellos que decían que aún amaban a su padre, después de todo lo que hizo. “Decime que no lo amás”, dijo, “y tal vez esa sea una historia diferente”. Delia Barrera testificó en varios juicios: tenía 22 años cuando fue secuestrada con su esposo, Hugo, quien permanece “desaparecido”.

Para los hijos e hijas de criminales convictos, muchas veces es más complicado. “Mirá, me pregunto todo el tiempo, siempre lo discutimos en el grupo”, dice Analía. “¿Cómo borrás el cariño? ¿Cómo borrás tus buenos recuerdos? ¿Cómo podés decidir amar o no amar? Me niego a renunciar a este padre que una vez amé, hay una parte de mí que quiere aferrarse eso. Así que vivo con estas contradicciones”

   Sin embargo, algunas han ido más allá, llamándose “exhijas” o haciendo una solicitud formal para cambiar su apellido. “Creo que es una decisión muy personal, pero para mí no cambiaría nada. No le voy a dar a mi padre el derecho a quedarse con el apellido. También es mi apellido, mi familia, mi historia”, dice Analía. 

Paula está de acuerdo. “Le quitaste muchas cosas a mucha gente”, le dijo a su padre cuando él estaba vivo. “No vas a quitarme mi nombre. Lo manchaste. Lo manchaste. Voy a limpiarlo”. Desde su muerte, ella ha dado un paso atrás en el grupo, pero dice que su “postura ética en relación a la dictadura, y el papel de mi padre en ella, permanece inalterada, Sigo sintiendo la responsabilidad de hablar y tal vez despertar a otras personas, tanto en Argentina como en todo el mundo, independientemente de la relación que puedan tener con el perpetrador. Para que esa pelea nunca termine”.

*Publicado en BBC World Service.