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Sergio Schneider

Columnista

Como si nada hubiera pasado

Es probable que Lucio Otero haya tenido más claro que su ciclo como fiscal penal provincial había perdido sentido cuando, tras lograr condenas importantes en uno de los casos de corrupción más resonantes de la historia judicial del Chaco, en su teléfono no ingresó siquiera un mensaje formal de sus superiores con alguna expresión de reconocimiento por semejante logro. Salvo amigos y familiares que conocían todo lo que había dejado en esa misión, nadie más lo saludó.


En cambio, cuando algunos días después Otero hizo catarsis en su cuenta de Twitter hablando de las presiones y “aprietes” que hubo que soportar en la tramitación de aquella causa, sus jefes le saltaron al cuello, poniendo más énfasis en exigirle que denunciara oficialmente esos episodios que en manifestarle solidaridad.

El expediente en cuestión era el de la Causa Fappo, así conocida por desvíos millonarios de recursos detectados en el manejo del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial. La olla había sido destapada por la justicia federal, en una investigación promovida por el fiscal Patricio Sabadini. Una parte del caso –lo atinente a lavado de dinero- permaneció en el fuero federal y el resto fue derivado al provincial.

Para hacerse cargo del paquete que le correspondía, el Poder Judicial del Chaco asignó el asunto Fappo a un equipo especial de investigación que integraban el fiscal Otero y sus pares Graciela Griffith Barreto y Nélida Villalba. Otero lo tomó como un desafío profesional y personal.

No te compliques la vida, si te jugás te van a marcar y encima no va a pasar nada”, era –palabras más, palabras menos- el consejo que le daban sus amigos en los asados. Repetían, sin dudas, una percepción que en el Chaco es prácticamente universal: robar es un delito que tiene condena cuando los autores viven en una villa, no cuando lo ejecutan funcionarios, empresarios de alta gama u otras celebridades públicas.

EL ERROR DE ACERTAR

Contra lo que todos pensaban, Otero, Villalba y Griffith completaron una investigación rigurosa y sin exclusiones VIP. Los aprietes que luego confesó el fiscal fueron sutiles. Para concretar ese tipo de advertencias o amenazas, como para cobrar una coima, nadie extiende un recibo.

Eran mensajes sutiles, tiros por elevación. Y, también, estruendosos silencios por parte de quienes, en circunstancias tan sensibles, uno espera escuchar palabras de respaldo, apoyo, acompañamiento. En vez de eso, el vacío.

Para entonces, ya había quedado archivado sin consecuencias el audio enviado por el procurador Jorge Canteros en 2019 a un funcionario de Fiduciaria del Norte involucrado en las investigaciones de Otero y el resto de su equipo. Allí el jefe de los fiscales atribuía la citación girada por Otero al funcionario a “la presión de dos o tres medios sobre este chico”.

“A las 10 de la mañana me voy a reunir porque quiero ver de qué carajo se trata, porque en lugar de cerrar la causa, como habíamos acordado, de elevar la causa a juicio, siguen saliendo para todos lados; así que tranquilo nomás, no pasa nada”, agregaba Canteros.

Luego del escándalo que generó esto, el procurador atribuyó todo a una operación difamatoria pergeñada por “detenidos de la U7” (la cárcel federal de Resistencia). Y aunque confirmó la autenticidad del audio, negó que se hubiese tratado de un acto de protección a Eduardo Molina (el destinatario del mensaje de voz) y calificó de “impecable” la actuación de los fiscales. Pero la sensación que quedaba era la de una carencia total de aval a Otero.

OTROS PECADOS

Con todo, la Causa Fappo llegó a juicio. El tribunal encargado del proceso dictaminó nada menos que 18 beneficios de probation en favor de igual cantidad de imputados. Gente que había participado en desfalcos millonarios al Estado fue habilitada a pagar su culpa con acciones comunitarias y reparaciones económicas que para algunos ni llegaban a los dos mil pesos.
Más allá de eso y de algunas absoluciones, el trabajo fiscal logró que Horacio Rey fuese condenado a siete años de prisión. Cabe recordar que el proceso en su contra tiene el mérito de haber arrancado cuando todavía era el hombre fuerte de un gobierno en ejercicio, el de Domingo Peppo.

No era fácil ir contra él. No era la clásica causa echada a rodar cuando ya era leña de un árbol caído. La pena, desde ese punto de vista (y por su magnitud, dura si se considera la liviandad con que nuestro Código Penal trata los delitos contra el erario público), fue histórica. Pero Otero, al ver vacía la bandeja de mensajes de su teléfono, reafirmó la sensación de que había hecho todo lo contrario de aquello que se esperaba de él y sus pares.

No era una percepción nueva. Ya le había sucedido en otras numerosas causas que tocaban al poder político: el “robo” (o lo que haya sido) de las 300 toneladas de leche en polvo de Salud Pública; denuncias sobre manejos irregulares en Secheep; anomalías con el pago de horas extras en la Policía; contrataciones oscuras en Desarrollo Social; denuncias sobre calidad constructiva de hospitales, centros de salud y escuelas; una revisión de los pagos de publicidad oficial desde la creación del Fappo; y otras tantas.
CHAU
La fiscalía de Otero, además, estaba especializada en delitos informáticos. Por su formación y dedicación, su titular logró ser un interlocutor de confianza para investigadores de otros países y organismos que luchan contra la pedofilia y la pornografía infantil. Así llegó a ser parte de operativos internacionales que dispararon allanamientos en diferentes lugares del mundo y también en el Chaco.

No hace falta decir que un funcionario así no se forma de la noche a la mañana ni gratuitamente para el Estado. Un buen fiscal es una inversión pública exitosa, sea en el lugar que sea. Pero mucho más en un país como el nuestro, en el que la corrupción generalizada hace imperioso que la justicia separe la paja del trigo.

Aunque eso sea evidente hasta para el más obtuso, Otero acaba de renunciar y es como si se hubiese marchado el muchacho encargado de servir el café. Decidió irse de la justicia para ahorrarse frustraciones, y a nadie se le ha movido un pelo. Desde el breve y seco saludo con el que le contestaron en la Procuración tras comunicar su dimisión, hasta la inmutabilidad de todo un sistema –que incluye pero excede al Poder Judicial- en el que acaba siendo lógico que quienes asumen con compromiso sus funciones estén más cerca de la expulsión –directa o indirecta- que del éxito.

Otero, en su caso, sabía que jamás ascendería a un rol de mayor importancia. Los jueces y fiscales independientes son un dolor de cabeza. En tiempo presente para el oficialismo, a plazo fijo para la oposición. Si hay un lugar en el que esto está grabado a fuego es en el Consejo de la Magistratura.

Que un fiscal apasionado por su trabajo entienda, a los 45 años de edad (veintiocho de ellos transcurridos en la Justicia), que tiene más futuro dejando su cargo que conservándolo, habla de cómo estamos.

Que nadie le haya pedido que se quede, que nadie lo haya llamado para solicitarle que lo pensara un poco más, en fin, la indiferencia institucional y social acerca de su partida habla bastante de cómo seguiremos.

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