No olvides tu fragilidad

Lo que sucedió el 8 de abril de 1992 en la casa de avenida Paraguay al 787, de Resistencia, solo lo saben Dios y los asesinos de Amanda Encaje y Néstor Vivo.

Los dos eran empleados de la empresa Supercemento, y habían concurrido –cerca de la una de la tarde- a ese lugar para ver cómo marchaban las obras de refacción que iban a permitir que allí se instalaran oficinas de la compañía constructora. En algún momento de esa recorrida fueron sorprendidos por dos o más sujetos que los mataron a golpes.

Cuando un poco más tarde en aquella siesta tibia regresaron los albañiles que trabajaban en los arreglos del inmueble, se encontraron con la horrorosa escena. De inmediato avisaron a sus jefes.

Comenzaba una historia de torpezas, desarreglos y claros indicios de que el interés institucional por llegar a la verdad era escaso o directamente nulo. Los familiares de las víctimas, con el correr de las semanas, fueron cobrando la sensación de que no había voluntad de explorar a fondo una de las hipótesis detrás de los homicidios: algún móvil relacionado con Supercemento.

La causa se declaró prescripta cuando se cumplieron quince años de los homicidios, y las carpetas con todas las actuaciones labradas fueron enviadas al archivo del Poder Judicial.

LAS VIDAS

Amanda Encaje tenía 45 años. Llevaba años trabajando en Supercemento. Se había separado de su esposo y había quedado a cargo de los tres hijos del matrimonio: Pablo, Andrea y Nicolás Martínez. Ellos, al momento del crimen, tenían 23, 21 y 11 años de edad. Tuvieron que sobreponerse al terror y al dolor de ver hecha trizas la vida que hasta allí conocían para exigir justicia. Contaron desde el principio con el apoyo incondicional de su tía Silvia, hermana de Amanda.

Néstor Vivo tenía 35 años. Era de Entre Ríos, pero se instaló en Resistencia porque le parecía que aquí las perspectivas profesionales eran mejores. Como extrañaba a sus padres, los convenció de que dejaran la provincia natal y también se vinieran para el Chaco. En 1992 se sentía en un gran momento. Estaba feliz con su pareja, le habían adjudicado una vivienda propia y había nacido su primer y único hijo. El niño tenía apenas un mes de vida cuando su padre fue asesinado.

Los hijos de Amanda se encargaron de que el pedido de justicia nunca se acallara. Los padres de Néstor -dos señores encantadores pese al inmenso dolor que cargaban- se sumaron en todo lo que pudieron, hasta que sus propias vidas se extinguieron. Las vidas, las muertes, sirven para dimensionar mejor esta historia que ya lleva 29 años.

Murieron los padres de Néstor, murieron los dos jueces de instrucción que tuvo la causa, murieron policías encargados de buscar y explorar pistas, posiblemente haya muerto alguno de los asesinos.
En la semana que pasó, el Estado provincial, representado por el gobernador, pidió perdón a los familiares de las víctimas del doble homicidio.

El Superior Tribunal, a su vez, dictó el año pasado una resolución histórica (la 935/20) en la que reconoce la denegación de justicia. Son actos simbólicos que los familiares de Amanda vivieron con emoción. Para ellos era cerrar una parte inmensa de toda esta locura. Habrán recordado cuando todas las puertas oficiales se cerraban. Y no solo quienes ocupaban un cargo público les dieron la espalda.

También lo hicieron ciudadanos comunes que les respondían negativamente cuando ellos pedían permiso para pegar en una vidriera un papel con los rostros de las víctimas. O como cuando los echaron de una edición del tradicional certamen de esculturas chaqueño porque “empañaban” la actividad al repartir volantes que explicaban lo que estaba sucediendo con el caso.

LA VÍA INTERNACIONAL

Con la causa penal archivada, en 2008 Andrea Martínez y Silvia Encaje decidieron jugar una carta incierta: recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo de la Organización de Estados Americanos recibe cada año cientos de pedidos de intervención en casos de injusticia ocurridos en los países miembros. Muy pocos de ellos prosperan en esa instancia.
La primera dificultad fue encontrar abogados dispuestos a trabajar en un trámite cuyas mayores chances eran terminar en la nada. Dos profesionales jóvenes, Marcos Molero y Carlos Bermejo, aceptaron. Casi una década después, la CIDH aceptó revisar el caso. La denegación de justicia fue acreditándose de manera indefectible.

El acuerdo no incluye indemnización alguna a los hijos. Es porque ellos renunciaron expresamente a ese derecho, que podrían haber ejercido sin que nadie pudiese objetarlo. Prefirieron centrar el entendimiento en que se adopten medidas y se creen entes que impidan la repetición en el futuro de los vejámenes morales que sufre cualquier persona cuando descubre que la muerte de un ser amado se quedará sin siquiera el acto de justicia que podría ayudar a que las heridas del alma cicatricen.

¿Qué cosas sí exigieron? Que se cree una Defensoría Oficial de las Víctimas, que atienda exclusivamente a quienes sufren crímenes o a sus familiares; la creación de un “observatorio” que concentre información de esa índole; la conformación de un banco de huellas genéticas a nivel provincial para facilitar el esclarecimiento de delitos; la implementación de protocolos que garanticen actuaciones policiales y judiciales adecuadas desde el primer minuto de una investigación.

También se contempla el emplazamiento de una escultura que recuerde a las víctimas del doble crimen y el análisis de una posible reapertura de la investigación penal. Esto último podría ser resonante. Desde hace tiempo se tiene bastante información acerca de quiénes habrían sido los sicarios del ‘92, pero no hay una pesquisa abierta que pueda reunir las pruebas suficientes para sostener una imputación.

CERTEZAS Y DUDAS

Lo que se logró es una victoria del amor y la tenacidad, pero que no alcanza a eliminar de escena a la impunidad. Y, por otro lado, es legítimo preguntarse hasta qué punto la actitud institucional de disculpa es auténtica o tiene que ver con la necesidad de evitar una condena internacional que le agregaría otra mancha inmensa a la justicia del Chaco.

Ya sucedió algo similar con el caso del artesano Juan Ángel Greco, quien murió en 1990 a raíz de gravísimas quemaduras que le habrían sido infligidas a propósito en la comisaría de Puerto Vilelas. El caso fue admitido por la CIDH y dio lugar a un acuerdo con la familia de Greco que también buscó mejorar las vacunas institucionales contra los abusos y la denegación de justicia.

Los resultados han sido mediocres, al punto de que hoy un caso muy similar, el del joven Sebastián Ponce de León, corre riesgo de quedar impune, entre otras cosas porque –como vienen denunciando los padres de la víctima– no hay una actuación a la altura de las circunstancias de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos creada... a raíz del entendimiento entre el Estado y los familiares de Greco.

Una vez más queda expuesto que a nuestras instituciones no les faltan herramientas. Les faltan hombres y mujeres dispuestos a jugarse en serio por los fines que se les asignaron a aquellas cuando fueron creadas.

El error, posiblemente, sea pensar que estas cuestiones cambiarán sin necesidad de que los ciudadanos en conjunto lo exijamos. El riesgo de siempre es engañarse, y pensar que las campanas suenan por los muertos y no por nosotros mismos.