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Postales sudamericanas

Este domingo, tres elecciones y una postergación

Hoy Perú realiza la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Ecuador va al balotaje, y Bolivia a la segunda vuelta para elegir gobernadores en cuatro departamentos. Chile suspendió los comicios constituyentes y regionales por el nuevo rebrote pandémico.

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El proceso electoral en Perú transcurre en medio de una inestabilidad política que ya se hace crónica y el recrudecimiento de la pandemia y la crisis económica.

Perú, los presidentes del 10%

En este país, la corrupción en los asuntos públicos ha llevado al procesamiento y encarcelamiento de varios expresidentes, e incluso al suicidio de uno. Y parece filosa ironía, pero es una mera constatación: la cifra genérica que los políticos corruptos de todo el mundo suelen exigir para entregar favores a los empresarios, el icónico 10%, es la cifra de votos que, en promedio, los ciudadanos peruanos están dispuestos a otorgar a cualquier candidato. Es decir, si no hubiera una segunda vuelta en la que se obliga a la población a votar por uno de dos candidatos, podría ser presidente cualquiera que tenga un poco más del 10% de los votos.

En la encuesta realizada el 31 de marzo por Ipsos y publicada por el diario El Comercio, el candidato del partido Acción Popular Yonhy Lescano registraba la intención de voto más alta de un postulante en toda la campaña, con…. ¡14,7%! El economista Hernando de Soto (Avanza País) aparecía segundo con 12,9%, seguido por Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), con 12,4%. Luego George Forsyth (Victoria Nacional) tenía 11,9%; Keiko Fujimori (Fuerza Popular) 11.2% y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) 8,2%.

Ellos eran los seis candidatos con mayores posibilidades, y todos perderían contra el voto en blanco, medido por varias encuestadoras en una franja que en promedio va a del 18% al 25%. Si a ello sumamos que la abstención es habitualmente alta, se ve que el apoyo con el que cualquier candidato puede llegar a la presidencia, es del 10% de los votos, de menos de la mitad de los votantes. Una de las claves de la ya crónica inestabilidad de los gobiernos peruanos.    

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 Estas elecciones tienen lugar en medio de una crisis extraordinaria del régimen político, que tuvo tres presidentes en los últimos seis meses y fue asediado por varias rebeliones populares impulsadas por reclamos económicos y políticos. La pandemia acelera todos los conflictos, en un país de los que sufre mayores tasas de letalidad por Covid-19 (ver gráfico). Esto da una idea de la dimensión de la crisis sanitaria, en plena segunda ola en el país donde más precozmente se manifestaron tragedias como la falta de oxígeno y abusos como el “vacunagate”, con políticos y empresarios otorgándose prioridad en la vacunación, en desmedro de los ciudadanos más expuestos.

Perú no es solo el segundo productor de cobre del mundo, sino el país sudamericano donde más se ha desarrollado la megaminería, dominada principalmente por empresas chinas, canadienses y británicas. Esta es una de las actividades que más ha aportado al incremento del PBI peruano, alentando con su desarrollo el de los servicios y las infraestructuras en su entorno. Sin embargo, esos mismos servicios e infraestructuras están ausentes en las comunidades más afectadas por el extractivismo y la contaminación que conlleva la megaminería, lo que es motivo permanente de protestas y rebeliones populares. 

En este marco, el seguro “triunfo” del voto nulo en primera vuelta anuncia el ascenso de un nuevo presidente con débiles y precarios apoyos, y nuevamente un Parlamento sin bloque mayoritario, atomizado entre la decena de partidos que logren superar el piso electoral. 

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El balotaje presidencial en Ecuador: correísta Andrés Arauz y banquero Guillermo Lasso.

Cabeza a cabeza en Ecuador

Se anuncia un apretado final en la segunda vuelta presidencial entre el correísta Andrés Arauz y el banquero Guillermo Lasso. El malhumor social, la “tormenta de encuestas” en el que debe ser el país más medido por las consultoras y las confusas posturas de los partidos políticos que tuvieron buena votación en primera vuelta aumentan las dudas –cuando no el desinterés—de los ciudadanos.

Otro factor que perturba el ánimo de los votantes es que tras la primera vuelta, os registros electorales colocaban en segundo lugar al candidato del movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez, pero esa situación se invirtió después en favor del banqueros Lasso, en medio de fallos judiciales y amenazas a la presidenta del Consejo Electoral, lo que despertó sospechas de fraude. 

El partido de los movimientos indígenas, que salió tercero, está dividido con respecto a quién apoyar en esta segunda vuelta. Mientras algunos sectores consideran votar a Lasso, como ya lo habían hecho en 2017, debido a la mala relación histórica que el correísmo ha tenido con ellos, otros llaman a abstenerse y otros a votar a Aráuz. El partido que llegó cuarto, Izquierda Democrática, y su candidato, el empresario agroexportador Xavier Hervas, ya anunicó que no llama a votar por ninguno de los dos finalistas.

En medio de la tensión electoral tras la primera vuelta, en febrero se sucedieron motines en las cárceles de Cuenca, Guayaquil y Lacatunga –superpobladas hasta en un 70% por encima de su capacidad- que se saldaron con 78 presos muertos. Al estilo de lo que suele pasar en Brasil, los reclusos fueron a esa disputa con motosierras y armas de fuego, lo que pone en cuestión el papel del servicio penitenciario. El gobierno dijo que se debía a la “confrontación de bandas” por el control de los pabellones, y pese a que los hechos estaban preanunciados por masacres anteriores, nada hizo por impedirlos, solo duplicó la militarización en el exterior de los penales. 

Esta barbarie social tiene como telón de fondo el draconiano acuerdo que el actual presidente Lenin Moreno firmó con el FMI, y la entrada del Fondo Internacional de Desarrollo de EEUU, con la promesa de grandes inversiones para desplazar de Ecuador a las empresas chinas y acaparar las inversiones mineras para corporaciones estadounidenses. Este traspaso más o menos incruento de miles y miles de millones de dólares entre pocas manos es la otra cara de las masacres en cárceles superpobladas o de los ataúdes abandonados en la calle por falta de recursos para almacenarlos, en los comienzos de la pandemia.

Bolivia: balotajes locales

El miércoles terminaron las campañas electorales para candidatos a gobernadores en segunda vuelta en La Paz, Pando, Chuquisaca y Tarija. En La Paz, Franklin Flores, del MAS, y Santos Quispe, de Jallalla, se disputan el voto de 1.950.428 votantes habilitados. Jalalla es el partido que, de la mano de la exmasista Eva Copa, derrotó por 7 a 3 en primera vuelta al MAS en su histórico bastión de El Alto, próximo a La Paz.

En Chuquisaca competirán por la gobernación Damián Condori, del partido regional Chuquisaca Somos Todos (CST, 45,62% de votos), y Juan Carlos León, del MAS que gobierna el país (39,12% de votos en la primera vuelta). En Pando, los candidatos son Miguel Becerra (MAS, 40,98% en primera vuelta) y Regis Richter (MTS, centroizquierda, 38,98%), y en Tarija, Álvaro Ruiz (MAS, 38,17%) y Oscar Montes (Unidos por Tarija, 38,05%). En los cinco departamentos resueltos en primera vuelta, el MAS se alzó con las gobernaciones de Cochabamba (Humberto Sánchez), Oruro (Jhonny Vedia) y Potosí (Jhonny Mamani), y perdió la de Beni (Alejandro Unzueta, MTS) y la de la rica Santa Cruz (Luis Camacho, del derechista Creemos). 

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La impactante imagen de la expresidenta de facto Jeanine Áñez detenida en la celda de mujeres de la fiscalía de La Paz.

   Esta segunda parte del proceso electoral transcurre en medio de tensiones políticas internacionales por el procesamiento con prisión preventiva de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y de varios de los golpistas que derrocaron a Evo Morales en 2019. El gobierno de EEUU y la OEA, activos partícipes en aquel hecho, dieron pronunciamientos reclamando la libertad de los golpistas. 

Al mismo tiempo, otro fallo judicial con fuertes repercusiones políticas conmueve a Bolivia. El juez James Cohn, titular de la la corte del distrito Sur de Florida, rechazó los recursos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, presentados contra una sentencia anterior que los obligaba a indemnizar con u$s 10 millones a los familiares de ocho fallecidos en la llamada Masacre de Octubre. Los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2003, cuando las Fuerzas Armadas reprimieron movilizaciones sociales en defensa del agua potable con el saldo trágico de 69 fallecidos. Tras esos hechos luctuosos, Sánchez de Lozada renunció y huyó a EEUU, siendo sustituido por el entonces vicepresidente Carlos Mesa, quien gobernó el país hasta 2005, cuando dimitió por presiones sociales.

Al denegárseles la posibilidad de procesar penalmente a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por delitos de lesa humanidad, las familias optaron en 2017 demandarlos civilmente. Ahora, esta victoria legal vuelve a abrir la posibilidad de instaurar un proceso penal contra el exmandatario y sus exministros.

Chile: postergación electoral

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En medio de la asfixia pandémica, el presidente Piñera consiguió un respiro electoral: postergó las elecciones regionales y de constituyentes hasta mayo.

   El presidente Sebastián Piñera promulgó esta semana la ley que postergó las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes que debían realizarse este fin de semana. Las nuevas fechas serán el sábado 15 y domingo 16 de mayo. La medida declara que pretende “proteger la salud de nuestros compatriotas y proteger la salud de nuestra democracia” en vista del nuevo rebrote pandémico que padece Chile, indicó el presidente.

Colombia y Venezuela

En las últimas dos semanas, miles de habitantes de la frontera entre ambos países (departamento venezolano de Apure y colombiano de Arauca) se vieron obligados a huir por los choques entre el Ejército venezolano y grupos irregulares colombianos. 

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Desplazados venezolanos cruzan el río que separa el estado venezolano de Apure del departamento colombiano de Arauca.

   Mientras el gobierno colombiano dijo que se trataba de disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, el gobierno venezolano señaló a paramilitares de ultraderecha y bandas del narco. “No pudieron derrocarnos fabricando un presidente (por Juan Guaidó), no pudieron invadirnos con mercenarios yanquis, entonces ahora nos mandan sus paramilitares y sus narcotraficantes”, dijo un funcionario de la cancillería en Caracas. El ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, resaltó que "cualquier intento de violar la integridad territorial de Venezuela tendrá una reacción contundente".

Los miles de desplazados, la mayoría venezolanos, denunciaron maltratos y abusos por parte de las tropas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que "3.961 personas, de las cuales 2.536 son venezolanas, sufren esta emergencia humanitaria. Este es el resultado de la incursión terrorista en territorio venezolano", agregó.

Esta crisis que añade tensión a las relaciones entre Colombia y Venezuela, ocurre en una frontera ya de por sí tensa que sigue siendo escenario de uno de los mayores éxodos del mundo, con miles de venezolanos que cruzan a Colombia huyendo de la pobreza. Durante décadas, el gobierno colombiano acusó al Ejecutivo venezolano de “albergar y proteger” grupos armados más allá de sus fronteras, denuncias que Venezuela siempre ha negado. Por su parte, Colombia también entró en grave conflicto limítrofe con Ecuador en 2008, cuando su Ejército entró en territorio ecuatoriano para atacar a la entonces guerrilla de las FARC y matar a uno de sus líderes del momento, Raúl Reyes. 

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