Brasil, una tormenta perfecta para la región… y para el mundo

Junior Durski es un chef brasileño que, “autodidacta, transformó su pasión por la cocina en profesión”, de tal manera que llegó a ser el presidente y “el alma” del Grupo Madero, una cadena de más de 200 restaurantes en 70 ciudades del Brasil, según declara en su página corporativa. El 23 de marzo de 2020, este exitoso empresario y referente publicó en sus redes sociales una declaración grabada en video en la que se oponía fervientemente a las medidas de restricción de movimientos y cuarentenas que, tras la aparición de los primeros casos de infección, por esa época analizaban los gobiernos sudamericanos. “Brasil no puede parar por cinco o siete mil personas que van a morir”, fue una de las frases más resonantes de su discurso, hoy más significativo que ayer, puesto que sus conceptos fundamentales –el negacionismo con respecto a la pandemia, y la preeminencia de la economía por sobre la salud—son idénticos a los sostenidos por el presidente Jair Bolsonaro a lo largo de la emergencia.

Catástrofe sanitaria

Este mes, Brasil se aproxima a los 5.000 muertos diarios y a los 350.000 muertos por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, el segundo país en este nefasto ranking mundial, solo detrás de EEUU. En la primera semana del mes, se reportaron 11.774 nacimientos, mientras que los fallecimientos fueron 12.181. Entre el 27 de marzo y el 2 de abril el país, que tiene el 2,7% de la población mundial, registró el 30% de las muertes por Covid-19 ocurridas en todo el mundo. 

El incremento de la mortalidad se debe, naturalmente, al incremento de pacientes ingresados por Covid-19, pero no solo. Cuenta también la incapacidad del sistema sanitario para dar respuesta aumenta los muertos por falta de asistencia: los incompletos y poco rigurosos registros oficiales cuentan 9.311 brasileños que murieron por Covid-19 en sus hogares. Además, aumenta la mortalidad por enfermedades distintas de la Covid-19, por la discontinuidad y retraso en los tratamientos, y por la suspensión de las hospitalizaciones empujan la tragedia.

El epidemiólogo Pedro Hallal, coordinador de la investigación nacional Epicovid que monitorea el avance del coronavirus en Brasil, dijo que tres de cada cuatro muertes por Covid-19 en el país podrían haberse evitado si hubiese habido un buen manejo pandémico. Innumerables sanitaristas y virólogos consideran que el gobierno federal ayudó a agravar la pandemia al negarle gravedad, al contribuir a la propagación del virus convocando reuniones masivas, al combatir las medidas restrictivas tomadas por gobernadores y alcaldes, al minimizar las investigaciones científicas y las sugerencias de la OMS, al recomendar supuestos tratamientos preventivos no comprobados, al retrasar el proceso de vacunación y promover la desinformación desde el inicio mismo de la emergencia en Brasil. 

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que si no se adoptan con urgencia medidas de impacto en el control de la pandemia en Brasil, el país se convertirá en una grave amenaza para la salud mundial. El presidente Bolsonaro siempre aseguró que no se vacunaría, y que las personas que se inmunizaran podrían convertirse en “un jacaré”. 

En mayo de 2020 se negó a formar parte del consorcio OMS / Unicef Covax Facility que podría haberle suministrado más de 100 millones de vacunas.  En octubre ingresó de emergencia en ese programa, por lo que ahora recibirá menos del 10% de las dosis por esa vía. Cuando todas las vacunas estuvieron disponibles, descuidó los trámites para adquirirlas y su excanciller, el fundamentalista evangélico Ernesto Araújo, se dio el lujo de rechazar una vacuna china con infundios sobre el supuesto carácter “comunista” del fármaco. 

El 24 de marzo de 2021, tras un año de pandemia, Bolsonaro se reunió con los presidentes del Legislativo y el Judicial y con gobernadores aliados. Anunció que creará un comité para manejar la crisis pandémica, asegurando que "Nos dedicaremos a la vacunación masiva, pero también al tratamiento temprano". Volvió a rechazar toda medida restrictiva, e interpuso una Acción Directa de Inconstitucionalidad contra las adoptadas por los gobernadores de Bahía, Rio Grande do Sul y el Distrito Federal. Las tristemente célebres frases del presidente lcanzaron fama mundial: “Es una gripecita”, “Brasil debe dejar de ser un país maricón, ¿hasta cuándo estará llorando?", y mil etcéteras, hasta llegar a “Ahora soy un genocida”, con la que ironizó sobre las críticas a la catástrofe sanitaria conducida por su gobierno. 

Crisis político-militar

Durante la mayor parte de la pandemia el gobierno Bolsonaro estuvo ocupado en el combate contra las medidas preventivas, además del toma y daca político para atenuar su propio desprestigio. El presidente dedicó una parte del año 2020 a fundar su propio partido luego de haberse enemistado con el PSL, la sigla que le permitió llegar a la presidencia. Una vez fracasado ese intento, hizo acuerdos de emergencia con algunos candidatos individuales para las elecciones estaduales y municipales; la mayoría de ellos resultaron derrotados, y su fracaso más notorio fue en Río de Janeiro.

El año pandémico-político estuvo marcado por las renuncias o expulsiones de sucesivos ministros de Salud y por la salida del ministro estrella, el de Seguridad y Justicia, el que encarceló a Lula, Sergio Moro, entre acusaciones mutuas de injerencia del clan presidencial en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial. 

En el medio, Bolsonaro logró acuerdos con el llamado “centrao”, la extensa colección de partidos de centroderecha y derecha del Congreso que históricamente inclinan su apoyo al mejor postor, y consiguió que fueran votados presidentes de ambas cámaras los candidatos de su preferencia. Ya parecía que solo restaba entrar en los difíciles debates del Presupuesto, cuyos borradores fueron rechazados en forma recurrente por la cantidad de violaciones fiscales y constitucionales que contienen, y de las privatizaciones, bandera económica central del ala más ultraliberal del gobierno, postergadas una y otra vez desde el primer día.  

Pero llegaron la sorpresiva exoneración de Lula y su rehabilitación política, y el último recambio de gabinete en marzo, en el que cayeron siete ministros, entre ellos el mencionado canciller Araújo, acusado por el Congreso de obstaculizar la adquisición de vacunas, y el de Defensa Fernando Azevedo, que dejó planteada una fractura en las fuerzas armadas: por un lado, los ultras partidarios de un gobierno “fuerte” encabezado por Bolsonaro; por otro, los que estiman que es necesario reemplazarlo de inmediato, probablemente con su propio vicepresidente, el general Hamilton Mourao. La crisis del gobierno llegó a los cuarteles, lo que convirtió la crisis política en institucional.

El pésimo manejo de la crisis sanitaria y el declive económico (continuo desde 2013 y agravado por la pandemia) llevaron a los flamantes aliados del presidente en el Congreso a comenzar a considerar el tratamiento de las decenas de cajoneados pedidos de “impeachment” contra Bolsonaro. El general Augusto Heleno, consejero de seguridad nacional, advirtió a los legisladores contra cualquier intento de juicio político, ya que podría desatar crisis políticas mayores cuando la pandemia está en su peor momento.

Las Fuerzas Armadas, como sucede desde el golpe que destituyó a Dilma Roussef y proscribió a Lula para las elecciones de 2018, tienen fuerte injerencia en los asuntos de gobierno. Ocho de los 22 ministerios están en manos de militares, y hay otros 7.000 funcionarios uniformados en áreas estratégicas del servicio público federal y empresas estatales. 

Hundimiento económico

La deuda pública brasileña llega casi al cien por ciento del PBI y sigue creciendo, a despecho de los ajustes brutales que el gobierno aplicó sobre la previsión social, la educación, e incluso la Salud. Si se contabilizan las deudas externas de los estados y de las empresas privadas, la suma alcanza el 250% del PBI.

El ministro de Economía, Paulo Guedes, no presentó todavía el Presupuesto 2021. El diario O Globo publicó que fuentes del Congreso lo consideraron “defectuoso y lleno de ilegalidades fiscales”. El propio Tesoro informó al gobierno que “No se puede sancionar; si se hace, el presidente incurrirá en crimen de responsabilidad fiscal”, el mismo motivo por el que el Congreso destituyó a Dilma Roussef. 

El único consenso sostenido entre el Ejecutivo y el Legislativo es en torno a los mecanismos de contención del gasto en salarios estatales, como la prohibición de reajustes a empleados y de nuevos concursos: la medida implica el congelamiento salarial por 15 años para los trabajadores estatales, lo que transforma estas medidas en amenazas a su supervivencia. 

Desde el inicio de la pandemia, el precio de los alimentos subió 15%, triplicando la inflación. El IBGE (instituto de estadísticas) señaló que los precios que más subieron fueron los de los cereales, las legumbres y las oleaginosas (58%). En San Pablo, la canasta básica cuesta 639 reales y el salario mínimo requerido para gastos básicos una familia tipo se estima en 5.375 reales. El salario mínimo es de 1.100 reales, el 20% del mínimo necesario. Más de la mitad de la población (116.8 millones) vive con inseguridad alimentaria, según una investigación Red Brasileña de Pesquisas en Soberanía y Seguridad Alimentaria (Red Penssan), porque no tiene acceso pleno y permanente a alimentos. 

El déficit fiscal más grande de la historia del Brasil se interpone, justo cuando el gobierno debería invertir más que nunca para evitar el holocausto de la pandemia y el hundimiento a pique de la producción, que puede transformarse en otro hecho histórico de la economía mundial.