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CARTA DE LECTORES

El adiós a Luis Adolfo Bordón Gabrielle

Señor director de NORTE:

Hoy es un lunes especial. No está Luisito.
Todavía algunos están sorprendidos, conmovidos y otros estamos desgarrados.
 Despedimos a un compañero y amigo entrañable, íntegro y solidario; sabio pero humilde y, sobre todo, de noble corazón.   
En ocasiones, alguno de los mejores de nosotros parte primero de esta vida, para ser guía en nuestros caminos, iluminando nuestra existencia e inspirarnos a ser mejores personas. 
¡Luis era uno de ellos! 
Que en paz descanses, Luis Adolfo Bordón Gabrielle, ¡vivirás en nuestros corazones! Hasta siempre.

Tus compañeros del SPP

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La falacia del respeto del gobernador a la independencia del Poder Judicial, develada (una vez más)


Señor director de NORTE:

La ausencia de voluntad política del Poder Ejecutivo para estrechar vínculos con la Justicia, parece ilusorio, aunque algunos teníamos expectativa de que en estos tiempos de pandemia se la observe como un servicio “esencial” prestado a la comunidad que sería un presupuesto de mínima, ya que pretender que se relacione con el Poder Judicial como integrante del mismo poder, es desalentado por la constante conducta asumida por los últimos gobiernos provinciales, aunque en realidad parece más acentuado en los períodos del actual gobernador.

No emerge esta conclusión solo por la cuestión salarial claramente deteriorada en su interregno —que ciertamente es prueba suficiente para sostenerla—, sino por otras circunstancias que podrían enumerarse sin querer profundizar, pero que sirven de muestra de dicho aserto.

Es sabido que el gobernador propone una abarcadora reforma estatal completa y compleja, y ello siempre tocando aspectos que significan modificar la estructura existente, lo que de por sí no es criticable, en tanto responda a un ejercicio previo de compulsa y diagnóstico de los problemas que aqueja el funcionamiento judicial, que adelantamos y reconocemos, ciertamente, son perfectibles permanentemente.

Lo que preocupa es que solo se advierte una vocación por “re-construir” todo, desde lo más fundacional, pero al no poder conocer y menos compartir el diagnóstico que lo lleva a sus conclusiones revolucionarias, v. gr. aquellos estudios, censos, encuestas, estadísticas, etc. que debió preceder a su elaboración y propuesta, y esto de un modo amplio  y accesible, abierto al diálogo entre todos, termina por intuirse más bien emanado  de la pura inspiración de quien busca erigirse como el autor personal o “padre” (como se los denomina a los doctrinarios de la Constitución de Estados Unidos de América) de la nueva institucionalidad.

Decimos esto no solo por la falta de políticas anunciadas, sino porque entendemos que fue sincero el anhelo de aggiornamiento de la Justicia, al menos se hubiera promovido y compartido una mesa de discusión ilimitada en temario y tiempo con el Poder Judicial obviamente, aunque también con las Asociaciones de Magistrados, funcionarios, jueces de paz, Consejos y Colegios de Abogados, sindicatos o con los diputados, partidos políticos, incluso sin representación en la legislatura, sin dudas también con la comunidad en general, asociaciones de consumidores, oenegés, etcétera, si es que se busca honestidad y objetividad en lograr una discusión y proyección de instrumentos para mejorar a esta Justicia que todos buscamos nos contenga de la manera más equitativa y justa.

Además, a este dato vale conectarlo con la poca propensión de cumplir con la Constitución existente y de las propias leyes constitucionales que se encuentran sancionadas y sin operatividad, como otras que podrían proyectarse dentro del sistema constitucional actual, sin promover reformas totales y/o parciales de la Constitución vigente. Solo por citar unas pocas, podemos resaltar que en el sistema judicial chaqueño todavía no se ha avanzado con la Cámara Contencioso Administrativa con sede en la ciudad de Sáenz Peña; nunca se cumplió con el Código Tributario para crear la Cámara revisora especializada prevista; no existe representación del Ministerio Público en el fuero correccional, ni en la segunda instancia civil y comercial; existen importantes materias que a nivel nacional tienen fueros especializados, pero que en la provincia ni siquiera se ha proyectado su implementación, por citar como ejemplo: la jurisdicción de la seguridad social, donde los actos siguen siendo tratados como actos administrativos y la competencia es propia de la Cámara Contencioso Administrativa, que es justo reconocer su rol y sensibilidad en la materia en los casos que se someten a su conocimiento. Es innegable el rol asumido por el Derecho de Familia y Minoridad, pero a la creación de juzgados especiales de primera instancia no se sigue la creación de una instancia revisora con un Ministerio Público, Asesoría de Menores y Cámara de segunda instancia formada en las normas especialísimas en la materia, pudiendo decir lo mismo que las Cámaras Contenciosas en lo que respecta a las Cámaras de Apelaciones Civiles, donde se nota su fuerte disposición a estar al día con las constantes readecuaciones normativas y de principio, a favor de las cuestiones de minoridad, bioética, de género, etcétera que caracteriza a la materia en estos días.


Precisamente, en este presente, la carencia que señalamos, ha brotado con una vez fuerza insurgente, demostrándose con ello la concreción de la tesis insinuada, sobre la indiferencia hacia la Justicia, desde su rol de jefe de la política estatal.
Ello se infiere de los recientes acontecimientos donde apreciamos el desarrollo amplio de un proceso penal, con seguimiento profuso de los medios —en el ámbito controlado impuesto por la pandemia claro está—, donde estuvieron sentados en el banquillo de acusados distintos funcionarios con nombre y apellido del Poder Ejecutivo, aunque podemos reparar en que también estuvo sometido a escrutinio público  un sistema ideado por gobiernos anteriores para el manejo, administración y pago de la denominada “pauta publicitaria”, que despertó evidentemente el interés estatal al punto que la provincia fue aceptada como querellante en dicho proceso; pero, sorprende que dictada la sentencia y aún pendiente de conocerse los fundamentos, no veamos una reacción del gobierno hacia lo logrado en tres años de arduas tareas del ámbito de actuación judicial, y no me refiero a un reconocimiento ni opinión favorable que pudiera haber trascendido, sino receptando y haciéndose eco del contenido de la investigación criminal, para elaborar “reformas”, idear “protocolos”, dentro de una área propia y dependiente, como con otras independientes pero con mayoría estatal, para evitar la reiteración de estos hechos delictivos. Salvo que se crea que la corrupción estructural descubierta es solo un problema judicial, y no de la sociedad toda a la que fue llamado a representar.


Otro caso, y sí vinculado con la cuestión de reconocimiento a la denominada organización de la Justicia como Poder del Estado independiente y con el que debe armonizar la acción política para cumplir con los fines estatales, surge de las recientes sentencias en juicios que datan más de quince años en la mayor parte, iniciado por jueces y representantes del Ministerio Público, en el que gobernador y el Poder Legislativo fueron condenados a una obligación de “hacer” —dictar las leyes de reajuste salarial a la proporción de la media nacional indicada—, que se niegan a “establecer”, “fijar” y/o “cumplir”, cayendo no ya en una desconsideración institucional al Poder Judicial, sino en un supuesto de desobediencia judicial a una sentencia fundada que resolvió definitivamente la cuestión, que fue y vino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, obligando ahora en reparar las alternativas, ya no solo desde la Constitución sino mirándolas desde la óptica de las normas de fondo civil y penal inclusive para lograr su cometido. 


No es este el espacio para volver a discurrir sobre la naturaleza o fuente de esta falta de respeto a la institucionalidad judicial, que parece estar en el ADN de quienes han ocupado el asiento del gobierno provincial, pero, si nos atenemos a que son juicios que los jueces tuvieron que iniciar y estuvieron obligados a litigar con el Estado, porque las instancias conciliatorias naturales y que responden a la concepción democrática y republicana fueron transitadas sin éxito, ignorando la vigencia de las garantías  institucionales, tal como lo ha marcado la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, parece increíble tener que verificar, de nuevo, la irracionalidad y desidia que pervive en la concepción del Poder por parte del gobierno, que ni siquiera con todo lo ocurrido se ha dignado a intentar un acercamiento con los actores, mucho menos proyectar la normativa que satisfaga lo que le es  exigido por manda judicial, corroborando con ello todo lo anterior, y dejando reducido a un lema de campaña  el tantas veces proclamado sometimiento republicano del gobernador al “principio de división de poderes e independencia judicial”, que se sugiere tan solo como una fórmula vacua y sin sentido, que, lamentablemente, debemos corroborar en la realidad. 

CLAUDIO ESCALADA
Exfiscal de Cámara Contencioso Administrativa
DNI 13.592.988
Resistencia 

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