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Geoestrategia, especulación financiera, comercio internacional, propiedad privada

Aguas que dejamos correr

Un kilo de carne, una remera, un chip electrónico, tienen algo en común: producirlos cuesta --directa o indirectamente— millones de litros de agua. ¿Quiénes y cómo “pagan” ese costo? La mayoría lo desconocemos, pero hay minorías que lo saben muy bien. Y hacen gigantescos negocios sobre nuestra sed y nuestra ignorancia.

La huella hídrica.

Agua virtual

Cada bien o servicio que se ofrece en el mercado ha necesitado de mucha agua para su producción, aunque no lo veamos ni seamos conscientes de ese costo. Los especialistas la llaman "agua virtual", porque está presente en la comida, los objetos y los servicios que adquirimos cada día.

"El concepto de agua virtual nace en 1998 en Inglaterra con John Anthony Allan, profesor de la Universidad de Londres, que comprobó que había países que importaban y otros que exportaban agua. El agua virtual es la cantidad de agua que contienen los productos", dijo Oscar Duarte, ingeniero en Recursos Hídricos de la Universidad Nacional del Litoral.

"Argentina es neta exportadora de agua, ya que los productos derivados de la carne y los cereales tienen implícita mucha agua. Producir un kilo de carne requiere unos 15.000 litros de agua: para obtener esa carne tuviste que tener una vaca varios años, donde tomó agua, comió pasto regado y en el frigorífico también se tuvo que limpiar con agua. Es toda esa sumatoria", detalló.

Duarte aclara que los países centrales "tienen muy en claro" ese costo, y saben que la Argentina exporta al mundo productos con gran cantidad de agua, pero importa productos sin ese recurso. "Nosotros exportamos agua con la carne o la soja, e importamos productos con poca agua, como electrónicos, que tienen un alto costo. Nosotros entregamos productos de bajo valor con mucha agua implícita, ahí hay un desequilibrio".

Los alimentos son los que más agua conllevan: por ejemplo, para producir un kilo de arroz se necesitan 2.500 litros; un kilo de azúcar, 1.800 litros; un kilo de pan, 1.600 litros, y un litro de leche, 1.000 litros de agua, según los datos que recopila la red Huella Hídrica. La ONU estima que la producción diaria de alimentos para una persona requiere un promedio de 3.500 litros de agua.

La huella hídrica es el volumen de agua necesario para producir bienes: a lo largo de toda la cadena de producción Argentina debe usar unos 360 mil millones de metros cúbicos al año: somos de los países más agua utilizan. La producción agroindustrial representa el 94% de la huella hídrica nacional, según las estimaciones más precisas.

Duarte explica que el 67% del comercio global de esta agua, llamada virtual, se realiza a través de productos agrícolas; el trigo y la soja concentran el 50% del volumen total del recurso.

A fines del año pasado, el agua comenzó a cotizar en la bolsa de Wall Street, lo que provocó alarma a nivel internacional por ese nuevo uso del recurso. "Se dio en un país muy particular como EEUU, donde el agua es privada. En nuestra legislación, y en gran parte del mundo, el agua tiene un carácter de bien público", señaló Duarte.

La ONU advierte que la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, y que el porcentaje podría aumentar. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de la actividad humana se vierten en ríos o en el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación.

   "En nuestro país el agua tiene un carácter provincial, son recursos naturales. Últimamente la Nación ha sancionado leyes de protección para preservar los recursos hídricos. Pero muchas veces no hay capacidad de controlar tanta masa de agua; hay que fortalecer a las autoridades provinciales para mejorar el cuidado del recurso", aseveró.

   Finalmente, Duarte dijo que debe haber mayor conciencia sobre la utilización del agua, algo que por cuestiones geográficas y disponibilidad del recurso en el país no se advierte a primera vista. "Muchas veces, la escasez o la abundancia de agua hace que no tomes conciencia de la importancia que tiene, es dispar en Argentina. Hay gente que vive en la cuenca del Paraná y no siente que tenga problemas de agua, pero en Mendoza o San Juan tiene un valor más significativo porque hay poca agua", afirmó.

El nuevo desarrollo de la mercantilización del recurso más esencial para la vida humana habilita serias e incalculables consecuencias.

Un escenario probable para nuestra región 

El agua como objeto de especulación financiera

La formación de un mercado oficial de contratos futuros de agua en California, EEUU, que coloca el líquido esencial como un commodity más a disposición de inversores y financistas, marca otro hito en el camino de privatización del recurso natural. Expertos bursátiles estiman que la situación podría replicarse en el mediano plazo países de nuestra región.

Los avances privatistas sobre el agua tuvieron una serie de hitos que se encadenaron en los últimos 30 años del Siglo XX. En la década de los '70 Augusto Pinochet dejó la economía chilena en manos de economistas alineados con la Escuela de Chicago, que primero privatizaron las tierras y luego el agua, y consagraron esa decisión en la Constitución de 1980, aún vigente.

A principios de los años 80, la primera ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990) dio un paso más: impedida de privatizar el agua, privatizó las redes de distribución y dio paso a un nuevo modelo de aplicación de políticas de mercado que luego se replicaron en varios países de América Latina.

El Consenso de Washington fue un acuerdo firmado en 1989 -durante la Presidencia de George Bush padre- para aplicar una paquete de reformas estandarizadas y tuteladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de EEUU, en los países en desarrollo abrumados por sus crisis económicas. Ese proceso en la Argentina tuvo su cenit durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), pero tuvo expresiones de distinto tenor en toda la región, que en la mayoría de los casos siguen con modelos de concesiones instalados y vigentes.

Ahora, la noticia de que el agua de California comenzó a cotizar en un mercado futuro de materias primas de Wall Street encendió las alarmas entre quienes defienden que el agua es un derecho humano y un bien común, no privatizable ni transable.

El índice del agua en el mercado de futuros de Wall Street, que comenzó a cotizar el 7 de diciembre pasado, se constituye con el promedio de disponibilidad de agua en cinco acuíferos de California, a partir de los cuales se fija un precio a la provisión de líquido para los próximos dos meses y se proyecta para los próximos ocho trimestres.

Así se consigue el precio indicativo de lo que valdrá un acre por pie de agua (1.233.581 litros) hasta fines de 2022, actualmente establecido en u$s 520 dólares. Héctor Rubini, investigador de la Universidad del Salvador, dijo que "Progresivamente, el agua comenzará a cotizar en otros mercados mundiales, porque se trata de un recurso cada vez más escaso. Esta sucederá en las próximas tres o cuatro décadas".

Federico Di Yenno, operador bursátil especializado en commodities, dijo que "es factible que en algunos años, bastantes, en áreas donde haya escasez de agua veamos que se cotice en otro mercado de futuro. Así como se ha avanzado en un mercado futuro para la soja sudamericana, eso podría ocurrir con el agua en algún momento. Brasil y Chile, por ejemplo, lo podrían tener, sobre todo Chile, que tiene un mercado fuerte", agregó.

Pero el nuevo desarrollo de la mercantilización del recurso más esencial para la vida humana habilita otras consecuencias. El español Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre el derecho al agua potable y saneamiento de las Naciones Unidas, señaló que "No se puede poner un valor al agua, como se hace con otros productos básicos comercializados, porque el agua es un bien público y está vinculada con la salud. Además, el agua ya está fuertemente amenazada por la población mundial creciente y la contaminación grave de la agricultura y la industria minera, como para que ahora sea un ítem más del mercado", agregó.

Arrojo-Agudo anticipó que prepara un informe para la Asamblea General de la ONU, en octubre de este año, "porque un mercado de futuros de este tipo también atraerá a especuladores como fondos de cobertura y bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos de 2008".

Gustavo Villa Uria, ingeniero en recursos hídricos y subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, opinó que en América Latina "Está bastante firme la posición de que el agua es un bien público y que no es sujeto de apropiación. Algunos sectores muy de derecha en la Argentina creen que el agua es pasible de enajenación, pero nuestro marco normativo es muy claro y contundente: el agua es un bien público, inajenable, imprescriptible, y no hay forma de que ese bien pase a ser privado sin modificar la Constitución y el Código Civil". Pero esa apropiación del agua "Se puede conseguir generando organismos hídricos sin capacidad de control. Porque si no hay capacidad de control, aunque el bien sea público, se lo apropia el más fuerte", advirtió.

"En Chile la empresas que producen el aguacate (palta), en la provincia de Petoca, compran grandes cantidades de agua para sus cultivos y las poblaciones cercanas sufren un feroz racionamiento", contó Rodrígo Mundaca, vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima). La propiedad del agua y sus consecuencias para la población, agregó Mundaca, "es uno de los tres o cuatro temas más controvertidos en las discusiones para la reforma de la Constitución", obligada por la rebelión popular iniciada en octubre de 2019 en Chile.

 

El agua dulce es una mínima fracción del volumen total y la disponibilidad de agua potable es todavía menor. 

Bolivia: la guerra del agua

La Guerra del Agua fue un mojón en la lucha contra de los excesos de las privatizaciones de fines del siglo XX en toda Latinoamérica y una bisagra en la historia contemporánea de Bolivia. Las protestas le torcieron el brazo al exdictador Hugo Banzer y a las empresas transnacionales, a la vez que consolidaron una nueva dirigencia de base indígena que un lustro más tarde llevó a la presidencia del país a Evo Morales.

Las protestas comenzaron en enero de 2000, un mes antes de la privatización del abastecimiento del agua potable municipal en Cochabamba, y alcanzaron tal magnitud que fueron llevadas al cine en formato documental en la película canadiense "La Corporación" (2003), y en forma de ficción en la película española "También la lluvia" (2010).

En febrero de 2000, con el auspicio del Banco Mundial, una de las tres patas del Consenso de Washington, la multinacional estadounidense Bechtel firmó con el exdictador y por entonces presidente constitucional de Bolivia un contrato para privatizar el suministro de agua a Cochabamba. El contrato de monopolio del recurso hídrico fue adjudicado al consorcio Aguas del Tunari: Bechtel, con el 27,5% de las acciones, el consorcio español Abengoa, con el 25%, y el 47,5% restante en manos de Edison, Petrópolis, Petricevich y Soboce S.A.

El consorcio comenzó incrementando las tarifas del agua potable en un 350% promedio y su principal ejecutivo, Geroffrey Thorpe, advirtió que “si la gente no paga, se corta el servicio". El Gobierno dio marco legal a la privatización con la ley 2029, que verificó el contrato con Aguas del Tunari y le concedió el monopolio sobre todos los recursos hídricos, incluyendo el agua usada por los campesinos para el riego y los pozos comunitarios, hasta entonces independientes.

   Es decir que la ley permitía "la venta de los recursos de agua" que nunca habían sido parte del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), lo que amenazaba los sistemas comunales independientes de agua, no conectados con el Semapa, que podrían ser expropiados por la nueva concesión. Aguas de Tunari tenía derecho a conectarse a los sistemas comunales independientes y luego cobrar a los residentes por la instalación de esas conexiones. La ley indicaba además que la población debía solicitar licencia para recoger el agua de lluvia, una política extrema e inaplicable. De allí el título de la película que se filmó en 2010, "También la lluvia", que giraba en torno a las presiones para expropiar a las comunidades el uso de los pozos de agua de lluvia que habían hecho.

El rechazo fue generalizado y sobrevino el estallido. En el primer mes del nuevo siglo, ante el temor de que la privatización afectara las aguas de riego campesinas, dirigentes sociales participaron de una reunión en la Prefectura (Gobernación), con el prefecto Hugo Galindo Saucedo; el alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa; el arzobispo de Cochabamba, Tito Solari; y el dirigente de la Coordinadora del Agua Oscar Olivera, con representantes del gobierno local, entre otros, lo que terminó con la detención, en medio de la reunión, de los dirigentes sociales. La protesta escaló al día siguiente cuando las organizaciones sociales montaron una guardia frente al lugar de detención y luego tomaron la plaza de armas. La respuesta oficial fue una represión tan feroz que hasta el prefecto Galindo Saucedo renunció al cargo y el gobierno designó a un militar, el coronel Eduardo Wayar, como comandante de la Policía.

Esa misma noche fueron detenidos otros seis dirigentes y enviados a la población de Puerto Rico, en el departamento de Pando, por lo que al día siguiente los manifestantes bloquearon las calles de Cochabamba y cortaron las rutas de acceso a la ciudad. Tras meses de tensión y enfrentamientos, el 8 de abril el presidente Banzer decretó el estado de sitio en el departamento y declaró la Ley Marcial. La represión policial-militar se desbordó: hubo 121 heridos, 172 detenidos y un número indeterminado de muertos.

En tanto, la economía boliviana, cedidos sus principales resortes a empresas privadas, se desbarrancaba mientras crecían las protestas en todo el país. Desde el altiplano, el dirigente Felipe Quispe, El Mallku, fallecido recientemente, lideró las protestas que terminaron de poner en jaque al gobierno de Banzer, quien ya en septiembre, tras nueve meses ininterrumpidos de conflicto, cedió y anuló el contrato de Bechtel. La multinacional estadounidense inició de inmediato un juicio contra el Estado por u$s 25 millones en concepto de indemnización por “daños”. Su argumento fue que el contrato sólo le permitía administrar el deteriorado sistema de aguas y que había sido el gobierno de Cochabamba el que impulsó el tarifazo.

La demanda tuvo un efecto boomerang, porque convocó la atención de los movimientos anticapitalistas y anticorrupción, que fustigaron no sólo a la empresa sino al modelo de privatización llevado al extremo en Bolivia pero vigente también en Chile, Perú y la Argentina, entre otros países de la región que seguían el modelo del Consenso de Washington. En enero de 2006, Bechtel y sus socios internacionales finalmente retiraron la demanda contra el Estado boliviano.

 

Chile: Constitución y propiedad del agua 

La OMS recomienda un mínimo de 150 litros diarios por persona para consumos varios en una situación de normalidad. Pero en situación de anormalidad ese volumen debe duplicarse.

   El agua de Chile, privatizada desde hace 40 años por la dictadura de Augusto Pinochet y blindada en la Constitución de 1980, será uno de los ejes de la constituyente que está en marcha. El debate no será sencillo, porque "la derecha va a hacer todo lo posible por mantener la propiedad privada del agua y las presiones corporativos van a ser feroces", anticipo Rodrigo Mundaca, activista chileno por los derechos humanos ambientales.

Mundaca es vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima) y fue galardonado en 2018 con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nüremberg. Mundaca, ingeniero agrónomo, consideró que la cotización en bolsa del agua de California "da cuenta de la presión internacional que existe sobre este bien natural común, por parte de la industria extractiva, fundamentalmente. Pero también a propósito de transformar al agua en un bien de capital, que genere plusvalía a sus tenedores".

Destacó que, desde la privatización del agua resuelta por Pinochet, Chile se convirtió en uno de los mercados “más exitosos” en la comercialización, compra y arriendo de agua, con más de 123.000 transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas. Un informe del Banco Mundial de 2011 señaló que solo entre 2005 y 2008 se realizaron 20.000 transacciones de derechos aprovechamiento de aguas por un equivalente a u$s 4,8 billones", agregó.

¿Qué ha significado no tener acceso al agua para la población de Chile? Mundaca explicó que “La base de la desigualdad está edificada desde la privatización de los bienes naturales comunes, particularmente la tierra y el agua. Las principales fortunas del país, Matte, Angelini, el propio presidente Sebastián Piñera, se edifican desde la privatización de la tierra, en 1974, cuando les entregan dos millones de hectáreas de asentamientos mapuches, y desde la privatización del agua, que enriquece a los capitales internacionales, pero más a los nacionales.

“En estos tiempos de coronavirus, cuando una de las medidas más eficientes para impedir el avance del Covid es el lavado frecuente de manos. ¿Cómo se lavan frecuentemente las manos más de un millón y medio de personas que tienen serios problemas para acceder al agua todos los días? El agua está capturada por la megaminería, por el agronegocio, por las hidroeléctricas y las forestales. Hay un millón y medio de personas que hoy no tienen acceso al agua potable. Yo vivo en la región de Valparaíso, donde hay más de 300.000 personas que dependen de camiones-aljibe para acceder al agua todos los días. Y en los sectores perirrurales y rurales la entrega de agua es de 50 litros por persona. La OMS en materia de acceso al agua y de volumen, recomienda un mínimo de 150 litros diarios en una situación de normalidad. Pero en situación de anormalidad ese volumen debe duplicarse. O sea que en un escenario de pandemia se está entregando apenas un tercio del mínimo recomendado en situaciones normales”. Mundaca destacó la necesidad de eliminar la privatización del agua de la letra constitucional, y que el agua es uno los cuatro temas que van a generar mayor controversia en la discusión de la nueva norma jurídica".

“Si nos fuera bien y pudiéramos terminar con las leyes de amarre, recuperar los fondos de pensión, recuperar los derechos sociales a la educación, a la salud, a la vivienda, y también el derecho al agua, el proceso constituyente no concluirá una vez reformulada la norma. Después hay que hacerlo carne, materializarlo en los territorios y en las comunidades. El debate está instalado, pero tenemos que construir musculatura política desde las comunidades y territorios para seguir ejerciendo presión para que la Constituyente no soslaye la importancia de hacer del agua un derecho humano”.

(Con informaciones e ilustraciones de Télam, Huella Hídrica, Amigos de la Patagonia, Discover Water y Water Education Today) 

 

 

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