Por una educación inclusiva
Brindar una mejor educación para todos es un desafío al que debe dar respuesta cada año el sistema educativo. En ese sentido, es importante recordar que las personas con discapacidad tienen derecho a estudiar en escuelas comunes, con los apoyos necesarios, para poder integrarse a la comunidad escolar.
bien en los últimos años se han logrado avances en materia de inclusión en las escuelas, todavía falta mucho por hacer. Si bien ninguna escuela, de gestión pública o privada, no debe rechazar la inscripción de una persona con discapacidad, en el pasado se dieron casos en los que se argumentó que el establecimiento escolar no tenía la infraestructura necesaria para dar respuestas a los requerimientos del estudiante.
Hace un tiempo se difundió por medios nacionales el drama vivido por una madre de la Ciudad de Buenos Aires, con un hijo con autismo, al que 43 colegios se negaron a aceptarlo en sus aulas. En el Chaco no se conocen situaciones que hayan llegado a ese extremo, pero con frecuencia se conocen historias de padres que aseguran que no siempre es sencillo inscribir a un niño o una niña con discapacidad en escuelas comunes.
En la Argentina, las personas con discapacidad constituyen cerca del 12 por ciento de la población, y todos los años un número importante de ellas buscan acceder al sistema educativo en igualdad de condiciones con las demás personas. Por este motivo, distintas organizaciones no gubernamentales realizan campañas para generar conciencia sobre la necesidad de garantizar el derecho a una educación inclusiva.
Este año la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Grupo Artículo 24 (una coalición de más de 150 organizaciones de todo el país) lanzaron una campaña para promover un sistema educativo más inclusivo, para que ninguna escuela pública o privada rechace la incorporación de una persona por motivos de discapacidad, recordando que un sistema educativo inclusivo es aquel que es capaz de recibir y enseñar a todas las personas, que adopta las medidas necesarias para que aprendan y participen en igualdad de condiciones y considera que la diversidad es una fuente de enriquecimiento.
La comunidad educativa debe sumarse a este esfuerzo para que las personas con discapacidad no sigan enfrentando barreras que impiden su inclusión en la sociedad y su participación, transformando si es necesario el sistema educativo y sus estructuras para que cualquier niño o niña pueda asistir a la escuela que los padres elijan, con otros niños y niñas de su edad y con los apoyos necesarios para asegurar su plena participación.
Como bien señala la campaña de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Grupo Artículo 24, este derecho está reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional de derechos humanos aprobado por las Naciones Unidas que fue ratificado por Argentina en el año 2008 y que goza de jerarquía constitucional desde 2014 (ley 27.044). En su artículo 24, la Convención obliga a los Estados a garantizar sistemas educativos inclusivos en todos los niveles —brindando los apoyos y ajustes que sean necesarios a quienes los requieran— y a asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas de las escuelas comunes.
Además, hay que tener en cuenta que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al tener el mismo valor que la Constitución Nacional, es superior a todas las normas. Esto significa que la normativa nacional, provincial y municipal (leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas) deben modificarse y estar en sintonía con lo que la Convención dispone. “En el caso de que no se modifiquen siempre prevalece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Toda legislación que no la respete es inconstitucional”, remarca la campaña de las organizaciones no gubernamentales.
Por último, es importante recordar también que en 2016 el Consejo Federal de Educación aprobó la Resolución 311 sobre “Promoción, acreditación, certificación y titulación de estudiantes con discapacidad”, que reconoce el derecho de la niñez y juventud con discapacidad a ser inscripta en la escuela común en todos sus niveles, a que se les provean los apoyos y ajustes que necesiten y a recibir títulos en igualdad de condiciones. Esta resolución es obligatoria en todo el país.
