La larga marcha por la igualdad
El camino que lleva a la obtención de derechos para las mujeres es sinuoso y está lleno de obstáculos. Sin embargo, la marcha por la igualdad que comenzó en el siglo XIX tuvo significativos avances en la Argentina y en todo el mundo. Pero cambiar patrones culturales y conductas sociales muy arraigadas que sustentan las relaciones desiguales de género requiere el compromiso de toda la comunidad.
En términos de representación en la vida pública, por ejemplo, recién en el año 1991 se dictó la ley 24.012, también llamada de cupo femenino, que estableció que al menos el 30 por ciento de las listas de candidatos que presentan los partidos en las elecciones estuviera ocupado por mujeres. Dos años después de sancionada la norma, la Cámara de Diputados de la Nación tenía 16 legisladoras, mientras que 266 de las bancas eran ocupadas por varones. Pero antes que finalizara 1993, tras las elecciones de octubre de ese año se incorporaron 29 mujeres a la Cámara Baja, elevando el número de legisladoras a 41. En 1995 la representación femenina en ese cuerpo legislativo volvió a aumentar y llegó 74 con la incorporación de 33 nuevas legisladoras. Por primera vez, la cantidad de diputados nacionales varones disminuyó y quedó en 195. Luego, en 2017, se sancionó la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, que puso nuevas reglas de juego: las boletas con las candidaturas debían tener la misma cantidad de legisladoras mujeres que legisladores hombres.
De esa manera, la presencia de mujeres en la vida pública y la toma de decisiones fue incrementándose en todo el país (los gobiernos nacional y provinciales aumentaron en los últimos años la participación femenina en sus gestiones), lo que convirtió a la Argentina en una de las naciones pioneras en la materia en América Latina. Según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas, en todo el mundo únicamente el 24,9 por ciento de los parlamentarios nacionales son mujeres, mientras que sólo en 22 países las mujeres son jefas de Estado o de gobierno. Es decir que al ritmo del progreso actual serán necesario unos 130 años para alcanzar igualdad de género entre jefas y jefes de gobierno en el mundo.
Un documento elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento asegura que las mujeres como legisladoras logran introducir temas que afectan a grupos más desprotegidos y vulnerables. El trabajo afirma que la incorporación de más mujeres en el Congreso de la Nación tuvo un claro impacto en los temas incorporados a la agenda legislativa. En ese sentido, se cita un estudio de la Universidad de California en San Diego sobre el impacto de la representación femenina en el Congreso argentino, entre los años 1989 y 2007, que llega a la conclusión que fueron mujeres legisladoras las que introdujeron el 79 por ciento de los proyectos sobre cuotas de género; el 80 por ciento de las iniciativas sobre derechos reproductivos y el 69 por ciento de las propuestas en materia de violencia de género. “Asimismo, otro estudio demuestra que entre 1994 y 2003, 87 de las 177 diputadas nacionales que ocuparon su banca al menos por un año presentaron proyectos sobre temas de género. Algunos de estos proyectos que eventualmente fueron aprobados abarcan temas como el cupo sindical femenino; la protección integral de los niños, niñas y adolescentes; y la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, entre muchos otros”, agrega el informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
En nuestra región merece destacarse también el trabajo de las mujeres rurales, que comparten muchos rasgos con sus pares del resto de los países de América Latina. En efecto, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la mayoría de ellas viven en situación de desigualdad social, política y económica, pese a que generan más de la mitad de la producción de alimentos, desempeñan un papel importante en la preservación de la biodiversidad y garantizan la soberanía y seguridad alimentaria desde la producción de alimentos saludables. De ahí la necesidad de impulsar políticas que permitan cerrar las brechas de género, garantizar la igualdad de acceso a recursos productivos y mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales.
Por último, es de esperar que cada día haya un mayor compromiso de la sociedad para impulsar un cambio transformador que permita erradicar las relaciones desiguales de género.
