Pérez Pons:“No hay sector que no tenga  la voluntad de un acuerdo”

Aún con una manifiesta y considerable distancia entre lo que el Ejecutivo propuso casi de forma universal como incremento salarial y lo que piden los estatales, el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, mantiene altas expectativas en cuanto a la posibilidad de un acuerdo que garantice un ciclo lectivo sin dilaciones y la normalidad en la administración central y el servicio de justicia.

El posicionamiento del Gobierno es trazar un horizonte, reconocer una disminución del salario real en los últimos años pero señalar que la economía tenía su pandemia propia por la caída de la actividad y la sanitaria la profundizó, mientras que enfrente sindicatos señalan que trabajadores vienen siendo variable de ajuste de forma sistemática y exigen revertir esa situación.

“Hacemos el mayor de los esfuerzos en términos de factibilidad, asumiendo un compromiso que podemos cumplir, hoy estamos en un proceso de diálogo, no hay un sector que no tenga la voluntad de acuerdo, y por ello debemos allanar un proceso entre lo posible y lo necesario”, expresó el ministro en diálogo con NORTE.

“El salario de los docentes no es el mejor y se necesita mejorarlo y mucho”, reconoció el funcionario para señalar que esta semana volverá a convocar a la docencia y posiblemente ocurra lo mismo con el resto de los sectores estatales para acercar posiciones en lo salarial, pero también para debatir sobre condiciones de trabajo.

Pérez Pons insistió en que en la actualidad una asignación de recursos para salarios (con el peso que representa para las cuentas públicas) no es ajena al contexto macroeconómico que tenía el país hasta marzo del año que se agravó por la pandemia.“Se calcula que la del año pasado la caída del PBI será de 10%, la más grande desde 2001”, señaló.

COPARTICIPACIÓN Y ENDEUDAMIENTO

Consultado acerca de la relación que existe entre los recursos coparticipables y saldar mes tras mes las obligaciones salariales corrientes, el ministro señaló que el peso que tiene el pago de haberes respecto de los recursos que envía la Casa Rosada es alto no solo en Chaco sino en todas las jurisdicciones.

“La mayoría de los distritos destina no menos del 50% de los fondos para el pago de sus obligaciones corrientes, pero es una cuestión estructural que excede de las malas administraciones, muchas provincias debieron absorber cuestiones que antes atendía la Nación como salud y educación”.

En tren de las implicancias que tuvieron decisiones de la administración nacional anterior en las provincias, Pérez Pons no soslayó la toma de deuda y en el caso en particular de Chaco puso el acento sobre la toma del crédito de US$ 250 millones, que tuvo entre otros destinos, el pago de las millonarias sentencias de reajustes salariales de trabajadores judiciales, cuyos vencimientos comenzaron a regir desde agosto último y la provincia trabaja en alternativas de refinanciación.

“Se endeudó de forma irresponsable, lo que hizo la Nación fue inducir a la provincia a endeudarse en dólares para incrementar las reservas, pero no se puede tomar dólares para gastos corrientes cuando somos un distrito que recauda en pesos y paga en pesos”, indicó.

Finalmente, indicó que el financiamiento en moneda extranjera solo debe utilizarse para obras de infraestructura para acceder a recursos que los Estados no lo pudieran hacer de otro modo, y entre ellos citó el que se avanza con Fonplata por US$ 45 millones destinado a mejorar la infraestructura hospitalaria.

Estabilizar la macro y crear empleo privado

Uno de los principales desafíos que tiene la gestión provincial para este año está en iniciar el camino para revertir un problema estructural que tiene no solo Chaco sino el país que es la falta de generación de empleo privado.

No obstante, subrayó que si bien la actividad económica transita hace meses el sendero de la reactivación luego de la parálisis por el confinamiento, lo que se observa en la actualidad es una recuperación paulatina y constante.

“No hay un crecimiento uniforme sino heterogéneo dentro de un cuadro de situación fiscal aún débil y no con tanta previsibilidad y venimos hace seis, siete años que el empleo privado no crece de la manera que la economía precisa y ahí está nuestro principal objetivo de política macro”, apuntó.

En ese sentido expresó que ese ratio tan consultado a menudo respecto de la relación entre empleo público y privado en la provincia no representa un exceso del primero por la heterogeneidad del ámbito estatal sino mas bien la deuda en crear puestos labores registrados.

“Si no se puede lograr estabilidad macroeconómica a nivel país y provincia, sino no se pueden generar incentivos como también tener claro los sectores en los cuales invertir, no podrá promoverse un sostenido crecimiento del empleo privado”, añadió e indicó como importante que se materialice un reclamo que efectuaron gobernadores del Norte Grande con que se aplique la Ley de Solidaridad que permitirá que una parte de contribuciones patronales puedan tomarse como crédito fiscal.

Así, marcó como importante apuntalar todo lo que tiene que ver con economía del conocimiento, a emprendimientos industriales y agroindustriales, de energías renovables y concluir las obras necesarias para la radicación de industrias.

Aumento de tarifas e infraestructura

Consabido es el déficit de las empresas proveedoras de servicios públicos que se sostiene con aportes del Tesoro provincial y que hace días se efectuaron las audiencias públicas para aumentar tarifas de energía eléctrica y agua , con valores que están muy por encima de lo que se ofertó como incremento salarial.

Pérez Pons indicó que es si bien tanto Secheep como Sameep expresaron que deberían aumentar el costo del servicio en no menos del 50%, la mecánica administrativa establece que sea el Ejecutivo quien defina el valor.

“ Es cierto que las empresas vienen con tarifas que no se actualizan desde inicios de 2018 con las variables que corresponde al a la provincia como el caso del Valor Agregado de Distribución, pero las empresas mostraron cuál es su realidad en la actualidad pero aún no hay una decisión tomada, ”, comentó el ministro quien deberá firmar la resolución que finalmente establezca cuál será la suba.

“Cuando se decida será en función de medidas integrales que tienen ver en tener en cuenta los incentivos que se dieron al sector privado, la evolución de la recomposición de los recursos, cuál será el aumento salarial”, expresó para agregar que también se evaluará la situación de organismos públicos, que en la actualidad no abonan el servicio de energía eléctrica.

En otro párrafo, se refirió a otras de las cuestiones trascendentes para este año como es la inversión en la obra pública.

“Desde 2015 hasta acá el Presupuesto dejó de tener ese histórico 20% para infraestructura, y en 2021 lo vamos a recuperar”, expresó y puntualizó los $ 4500 millones que se ejecutarán para mejorar establecimientos educativos, el plan que se desarrollará para mejorar caminos y rutas con Vialidad Provincial y como naves insignias para este año concretar la finalización del Segundo Acueducto del Interior y la autovía de la ruta 11.