Basta de femicidios
Los femicidios que se siguen cometiendo en distintos puntos del país confirman la necesidad de actuar sin demoras para erradicar la cultura de violencia hacia la mujer. La complejidad del problema y las graves consecuencias que tiene la inacción de algunos sectores obliga a repensar estrategias para transformar una sociedad marcada por la desigualdad de género.
La ley nacional 26.791 sancionada por el Congreso en noviembre de 2012 modificó el artículo 80 del Código Penal y estableció el delito de femicidio como causal autónoma del homicidio agravado, es decir, como el homicidio realizado contra “una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediante violencia de género”.
Cabe recordar, por otra parte, que la “Declaración sobre el Femicidio” realizada en el año 2008, por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem Do Pará define al femicidio como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.
El sábado, el Ejecutivo nacional anunció que se creará el Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. La iniciativa se dio a conocer tras la muerte de Úrsula Bahillo, de 18 años, ocurrida el 8 de febrero pasado en la localidad bonaerense de Rojas. La joven fue asesinada a puñaladas por su ex novio Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con antecedentes y denuncias por violencia de género y amenazas.
La inacción de la Justicia, que no garantizó una adecuada protección para la víctima generó indignación en todo el país. Según datos del Observatorio Lucía Pérez, un total de 46 personas murieron víctimas de la violencia machista en lo que va de año en Argentina. La cifra es alarmante y pone una vez más bajo la lupa la cultura de violencia que persiste en la sociedad y que obliga a centrar la atención en la responsabilidad de las instituciones del Estado.
Las violencias por razones de género son, sin dudas, una grave problemática social que se nutre de una compleja trama de estereotipos culturales y roles, que deben ser analizados con una mirada crítica. Durante mucho tiempo el problema permaneció invisible a los ojos de la sociedad.
Fue la exigencia de las organizaciones de mujeres para que se eche luz sobre estos asesinatos desde una perspectiva de género y como una problemática social lo que permitió que se deje de hablar de “crímenes pasionales” para comenzar a llamarlos asesinatos de género, y así sacar el problema del ámbito privado para pasarlo al ámbito público.
El cambio en el lenguaje fue un paso importante en el largo camino a recorrer para erradicar la cultura de violencia de la Argentina. Es un camino que se construye día a día y que necesita la participación y el compromiso de todos los sectores de la comunidad.
Las preocupantes estadísticas de femicidios de este año son un llamado a dimensionar la violencia extrema ejercida contra mujeres que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres; y a revisar y corregir la actuación de algunas instituciones del Estado que no actúan con celeridad y eficiencia para prevenir los crímenes.
En ese sentido, vale recordar que en todo el país está vigente la ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en cuestiones de género para las personas que se desempeñan en la función pública.
La provincia del Chaco, por su parte, adhirió a esa ley nacional bajo el nombre de “ley Natalia”, en homenaje a la joven chaqueña Natalia Samaniego, que fue asesinada por su pareja en 2018, en la ciudad de Posadas, Misiones.
Es necesario sumar los esfuerzos de todos los sectores de la comunidad para luchar contra la violencia sexista, que debe ser entendida como lo que es: una vulneración a los derechos humanos, un problema social y cultural, que excede el ámbito privado y que debe erradicarse mediante cambios estructurales a través de la creación de leyes y políticas públicas.
