Empleo y discapacidad

En estos tiempos de pandemia es necesario mantener presente esa perspectiva para abordar los desafíos que presenta la inclusión en el mundo laboral.

Según el último Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas Censos, el 10,2 por ciento de la población de la Argentina tiene algún tipo de discapacidad. Si bien, en términos generales, se observan avances en relación con la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad, el ámbito laboral sigue siendo un campo en el que todavía falta mucho por hacer.

El desempleo, se sabe, es un problema que afecta a buena parte de la población, pero en el caso de la discapacidad se agregan ciertos prejuicios y desconocimientos que se terminan transformando en barreras que dificultan la inclusión. Pero afortunadamente hay ejemplos positivos a nivel local, como los acuerdos celebrados entre centros educativos terapéuticos y empresas privadas que permitieron incorporar trabajadores en empresas locales, con muy buenos resultados.

Se trata de un largo camino que se debe recorrer, con esfuerzos de los sectores público y privado, teniendo presente siempre que la persona con discapacidad no debe ser objeto de asistencia, sino un sujeto con derechos. Dicho de otro modo, hace ya varios años que el mundo dejó de considerar la discapacidad como una enfermedad y, en ese sentido, en muchos países se adoptaron medidas desde la perspectiva de los derechos humanos que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no como objetos de protección.

Según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo que analiza el problema a nivel global, las personas con discapacidad, en particular las mujeres con discapacidad, se enfrentan a enormes barreras actitudinales, físicas y de la información que dificultan el disfrute a la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo.

El organismo internacional observó además que en comparación con las personas sin discapacidad, las personas con discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección social insuficiente la cual es clave para reducir la pobreza extrema.

La Convención mencionada más arriba, por su parte, establece que los Estados deben implementar medidas que prohíban la discriminación con respecto a cuestiones relativas al empleo, la continuidad en el empleo y la promoción profesional, adoptar políticas tendientes a promover el empleo de personas con discapacidad y velar para que se realicen los ajustes razonables en los lugares de trabajo para las personas con discapacidad.

Debe señalarse, por otra parte, que es importante que todo lo que se haga para promover la inclusión debe enfocarse en la dignidad de la persona y no en su discapacidad. Por eso, se deben redoblar los esfuerzos para que la inclusión se centre en las capacidades para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de la población.

Experiencias realizadas por empresas que tienen en su plantel a personas con discapacidad confirman que estos trabajadores son conscientes que su inclusión en el mercado laboral es clave para su desarrollo personal y, fundamentalmente, para lograr independencia económica, y por eso la mayoría de los que participan de programas de inclusión laboral tienen desempeños que superan las expectativas del empleador.

Por último, cabe recordar que un documento de la Organización Internacional del Trabajo preparado por expertos que estudian esta problemática en distintos países y que lleva por título “Estrategia y plan de acción para la inclusión de la discapacidad”, sostiene que “la exclusión de las personas con discapacidad del mercado de trabajo supone un gran derroche de potencial que conlleva una pérdida del PIB de entre un 3 y un 7 por ciento”, según las estimaciones realizadas por los especialistas del organismo.