La transparencia en el operativo de vacunación
El operativo de vacunación contra el nuevo coronavirus que se puso en marcha en la provincia debe estar por encima de toda sospecha. Desde un primer momento se aclaró que, en esta etapa inicial, las primeras dosis serían destinadas únicamente al personal que trabaja en el sistema de salud, que es el que está más expuesto al patógeno. En ese contexto, las dosis empleadas para inmunizar a quienes no desempeñan esas tareas esenciales solo generan desánimo y malestar entre la gente.
Valga una aclaración: en el anuncio oficial que realizó el gobierno de la provincia el sábado 26 de diciembre pasado, se explicó que además del personal sanitario también recibiría una dosis el gobernador de la provincia. Luego, desde la cartera sanitaria provincial se indicó que las inmunizaciones se iban a aplicar “en forma escalonada y por etapas, respetando los siguientes criterios de riesgo: la primera etapa abarcará al personal de salud, seguridad y personas de más de 60 años alojadas en residencias de adultos mayores; la segunda etapa incluirá a personas mayores de 60 años; la tercera etapa del primer tramo de vacunación convocará a las personas de 18 a 59 años con factores de riesgo. Hasta ahí todo bien. Se informó, como correspondía, cuáles serían las reglas para la distribución y aplicación de las primeras dosis. Un punto a favor de la transparencia. Pero luego, lamentablemente, como suele suceder con los recursos que son públicos pero que en última instancia el reparto o la distribución queda a criterio de un funcionario, se supo que a personas que no reunían los requisitos para formar parte del primer grupo de riesgo se les aplicó, igual, la primera dosis de la vacuna. Después comenzaron a circular versiones que denunciaban una serie de casos que incluían a personas que estaban muy lejos de reunir los requisitos para estar en los listados elaborados por las autoridades de Salud Pública.
El problema de fondo, otra vez, es que no se cumplen las reglas de juego. Está claro que no hay vacunas para inmunizar a toda la población y que por lo tanto, incluso en una situación difícil como la que plantea la pandemia, no queda otra alternativa que establecer prioridades.
Lo que provoca rechazo no son las reglas sino el no cumplimiento del procedimiento que se establece para llevar a cabo algo. Es más, muchas veces en esa costumbre de no respetar lo convenido, la excepción se vuelve norma. Imaginemos, por un momento, que lo mismo ocurre con el otorgamiento de las licencias de conducir, las habilitaciones para construir edificios, los controles de bromatología, el orden de los asientos en los aviones, las verificaciones técnicas para vehículos, la estricta prohibición de vender alcohol a los menores de edad, etcétera, etcétera. Pero eso, por suerte, no ocurre. ¿O sí?
En esta misma columna se señalaba días atrás que para que la convivencia en democracia se fortalezca es necesario que la información sobre temas que son de interés público, como los relacionados a la protección del ambiente, la seguridad, la justicia, la educación, el manejo de los recursos del Estado o el cuidado de la salud de la población, entre otros que afectan la vida de muchas personas, sea transparente y esté al alcance de la ciudadanía. El operativo de vacunación al que se hace referencia cumplió, en un principio, ese requisito. Pero después se denunciaron casos de vacunados que no figuraban en la lista de prioridades. Es importante evitar que el incumplimiento de las reglas sea aceptado como una práctica inofensiva para la comunidad. En todas las sociedades humanas las reglas son, precisamente, eso: aquello que ha de cumplirse por estar convenido en una colectividad. No se puede primero decir una cosa y después hacer otra. Más allá de que la noticia de las vacunas “de favor” que recibieron algunas personas cosecharan apoyos o rechazos, es necesario que el operativo de vacunación esté libre de sospechas. Y así debe ser con todo lo que hace al interés público de la comunidad.
También es importante que se respete la prioridad en la inmunización para el personal considerado esencial y que no haya privilegios. Cuando los hay, se genera desánimo y mal humor en la gente, que espera que en un tema tan sensible haya más transparencia y honestidad.
