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Esa voracidad que atrasa

Aunque los defensores de lo indefendible intenten todo el tiempo que asumamos a la corrupción en la función pública como un mal menor, un pecado blanco de escasa incidencia en el trazo grueso de la historia, un pequeño parásito que a veces anida en el intestino de las revoluciones pero que no les quita brillo, la verdad es simple: robar es robar, y meter la mano en la lata del patrimonio social siempre estará mal.

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Mucho más cuando hablamos de una suma incalculable pero seguramente fabulosa que año tras año –y sin distinciones partidarias- el Estado deja de volcar en la batalla contra el subdesarrollo porque se va en compras con sobreprecios, licitaciones amañadas, desvíos de fondos y contratos por obras que no se terminan o se completan con calidades constructivas muy inferiores a las que correspondían.

Contra eso, prácticamente los únicos antídotos son jueces y fiscales independientes y comprometidos con sus funciones, organismos de contralor fuertes y sin ataduras políticas, y una ciudadanía interesada en que todo ello funcione de esa manera.
En el Chaco, durante este año, deberán adoptarse definiciones importantes en esos territorios. Habrá que elegir un nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia y a las cabezas de la Defensoría del Pueblo. ¿Sobre cuáles ejes girarán las determinaciones de quienes tienen poder decisión en ambos temas ?


EL REEMPLAZO DE LUCAS

En el caso del STJ, está abierto el proceso formal de selección de quien reemplazará como juez de la Corte provincial a la fallecida María Luisa Lucas. Hay una docena de anotados para esa carrera, que tendría definición recién a mediados de año.

Pero los contactos, acuerdos y búsquedas de apoyo ya ruedan desde hace rato. Y, de hecho, las especulaciones sobre lo que puede suceder en el Consejo de la Magistratura –el órgano que tiene a su cargo el proceso de selección- dieron lugar a que la participación de la jueza de garantías María de las Mercedes Pereyra en ese ámbito quedara envuelta en una puja judicial tan intensa como cambiante. Es que cada voto, en un consejo de sólo siete miembros, vale oro.

Entre los postulantes, los mejor posicionados parecen ser Ernesto Azcona, Víctor del Río y Jorge Sinkovich. Azcona integra la Cámara Criminal que juzga a los exfuncionarios y amigos del poder involucrados en la Causa Fappo, una serie de fraudes que se llevó millones de pesos del erario público.

Entre los imputados está Horacio Rey, exsecretario general de la Gobernación. En el proceso, hasta ahora, lo más destacado fue el reparto casi navideño (por la cantidad) del beneficio de la suspensión del juicio a prueba a 18 acusados, que zafaron a cambio de donar leche y ropa a algunas instituciones o de ofrecer el pago de montos de entre 500 y 10.000 pesos.

Si no cometen nuevos delitos mientras dure la bendición, eso será todo. Azcona es una figura de carrera en la justicia provincial, que ascendió desde roles administrativos hasta cargos en la magistratura.
Del Río, también camarista penal, es probablemente el que más prestigio concentra, por su trayectoria, su formación y su protagonismo en la instrumentación reciente de los juicios por jurado. Su debilidad es la falta de roce político, pero el ajedrez que se juega en torno a la vacante abre muchas variantes.

Por eso hay quienes consideran que podría tener el respaldo de Rolando Toledo (no integra el Consejo pero maneja una cuota inmensa de poder) para frenar –si hace falta- a un candidato de neto corte peronista o incluso el de la ministra Gloria Zalazar, representante del Ejecutivo en el Consejo y excolega de Del Río (quienes no la quieren demasiado afirman que Zalazar –que dejó un cargo de camarista penal para asumir en el Ministerio de Seguridad- quiere aprovechar su rol definitorio de este año para alimentar posibilidades propias a futuro, concretamente el día en que surja una vacante nueva en el STJ).

Sinkovich es juez civil de primera instancia. También tiene una carrera hecha en los tribunales, donde en algún momento se sintió bloqueado desde arriba sólo por haber sido secretario de Isabel Grillo cuando la hoy jueza del STJ era una de las magistradas “malditas” –junto con Cynthia Lotero- estigmatizadas por el rozismo en los años dorados de la UCR. Como Sinkovich tuvo algunos fallos que cayeron bien en el Ejecutivo, es anotado como otro aspirante con chances.
Algunos suman a ese lote de favoritos al también juez civil Julián Flores, e incluso lo anotan como el “tapado” que puede ganar corriendo desde atrás en el tramo final de la competencia. Sería, de todos modos, una incomodidad para el justicialismo y particularmente para Jorge Capitanich.
El gobernador condenó en su momento la invasión radical en el Superior Tribunal (que tuvo su pico más alto con la designación de Toledo, quien había sido ministro coordinador de Angel Rozas durante una de las gobernaciones de éste), y sería por lo menos desprolijo que ahora avalase el ingreso a la Corte de alguien que fue su asesor legal en Casa de Gobierno.

Pero todo es posible. No sería la primera cosa que el justicialismo consideraba inaceptable como oposición y termina ovacionando como oficialismo.
Por último, algunos recomiendan ponerle alguna ficha a Gonzalo García Veritá, quien contaría con el respaldo de la vicegobernadora Analía Rach.
La definición, hoy por hoy, está en manos de Capitanich. El gobierno tiene asegurados cuatro de los siete votos del Consejo, y podría sumar alguno más. A menos que surja alguna impugnación o un carpetazo que modifique la relación de fuerzas.

LA DEFENSORÍA

En paralelo se desarrolla esa obra teatral que se monta periódicamente en la Legislatura y que conocemos como Selección del Defensor Titular y Defensor Adjunto del Pueblo del Chaco. Una ficción en la que los diputados abren un registro de aspirantes a esos roles, los obligan a presentar sus antecedentes personales y a exponer sus propuestas para la función, a fin de luego reunirse a puertas cerradas y ver entre cuáles figuras del peronismo y del radicalismo reparten los dos cargos en juego.

Esta vez no fue la excepción. Rápidamente el acuerdo bipartidista apuntó a colocar al justicialista José Valentín Benítez como nuevo titular de la Defensoría, con el radical Hugo Maldonado como adjunto. Ambos con largas trayectorias en cargos públicos. Pero la candidatura de Benítez quedó averiada por las investigaciones judiciales en la causa conocida como Lavado III (que alcanzan a manejo de fondos habitacionales cuando el contador peronista presidía el Instituto de Vivienda), de desenlace todavía incierto. Eso posicionó mejor a Bernardo Voloj, profesional del PJ también, si bien en la bancada oficialista hay quienes todavía creen posible sostener a Benítez hasta la línea de llegada.

Como sea, los usos y costumbres de las estructuras políticas mayoritarias malogran una pequeña oportunidad de dejarle siquiera un diminuto espacio al derecho ciudadano a tener participación en la protección efectiva de sus intereses.

La costumbre de escribir el “toma todo” en cada lado de la perinola. Una voracidad que degrada, frustra y atrasa décadas. No sorprende, de todos modos. Es la misma Legislatura que lleva 27 años sin cumplir con el mandato constitucional de que las empresas de servicios públicos tengan un representante de los usuarios en sus directorios.


UN GESTO PARA EMPEZAR

No somos ilusos. Ni un proceso impecable en la selección del nuevo juez del Superior Tribunal de Justicia ni otro a la misma altura para designar al Defensor del Pueblo nos cambiarán la vida. Pero podrían ser el comienzo de una historia diferente. O al menos una señal de respeto de funcionarios y representados hacia una sociedad andrajosa que sostiene toda la estructura de la cual viven y que –por lo visto- es tan placentera que nadie quiere abandonarla una vez que accede a ella.
El Poder Judicial tiene un presupuesto anual de 8.175 millones de pesos. Entre los organismos de contralor, el Tribunal de Cuentas consume 987 millones, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas algo más de 71 millones, y la Defensoría del Pueblo casi 50 millones.

Mucho si no hay justicia y si los controles no controlan. Poco si a cambio ayudan a que progresivamente las cargas, los beneficios y las penas se repartan de un modo menos desigual.