Los códigos de la leche robada
Los honestos suelen consolarse pensando que quienes se enriquecen robando “no pueden mirar a sus hijos a los ojos”, aunque la realidad es que el corrupto casi nunca se reconoce como tal, ni siquiera en sus pensamientos más privados, y no tendría ningún inconveniente en jugar al hipnotizador con toda su descendencia. El otro mito es el del “ladrón con códigos” que, por ejemplo, jamás perjudicaría a niños o ancianos. Por si hacía falta (y la verdad es que no hacía), para desmentirlo desaparecieron unas 200 toneladas de leche en polvo que el Ministerio de Salud del Chaco debía repartir entre chicos desnutridos. El caso salió a la luz en septiembre de 2018. Las primeras noticias lo presentaron como un monumental saqueo a un depósito de Salud, pero luego fueron lloviendo dudas.
La causa penal abierta por el hecho casi con seguridad llegará a juicio este año, y por ella están imputadas seis personas: Marcela Olga Aceval (una becaria de Salud Pública a la que se le había asignado la responsabilidad de controlar los ingresos y la distribución de cajas de leche); José Luis Maidana (propietario de un supermercado de Resistencia, supuesto jefe de la asociación ilícita y revendedor de la leche robada); Gustavo Fassetta (empresario cordobés que habría efectuado operaciones con la leche de procedencia ilegal), Claudio Maturano (otro comerciante de Córdoba) y dos supuestos colaboradores de Maidana: Ramón Acosta y Pablo Fortini. Hay además una apelación del equipo fiscal (integrado por Lucio Otero, Nélida Villalba y Graciela Grifith Barreto) por el sobreseimiento que un Juzgado de Garantías dictó en favor del exsubsecretario de Logística Martín Bodini.
PURÍSIMA Y CARÍSIMA
Hasta ahora, la reconstrucción de los hechos que permite realizar el trabajo de los fiscales apunta a suponer que hubo un arreglo entre agentes desleales de Salud Pública y comerciantes, que consistía en venderles a éstos cargamentos de leche adquiridos por el Estado para sus políticas de asistencia alimentaria infantil. Los empresarios pagaban por esas cargas un precio muy inferior al del mercado (y hacían una buena diferencia revendiendo la leche o utilizándola para elaborar otros productos) y los empleados públicos involucrados se repartían lo recaudado con las ventas clandestinas.
Pero en realidad, no parece ser todo. O, si fue así, ese chanchullo de pocos contribuyó a desnudar toda una cadena de anomalías e irregularidades que se cometían en la cadena de decisiones gubernamentales, que comenzaba con la orden de comprar insumos y debía culminar con su envío a los centros de atención en los que iban a ser puestos en manos de sus destinatarios: las familias con niños en estado de desnutrición.
En mayo de 2019, un fiscal auditor del Tribunal de Cuentas, Raúl John París, elaboró un amplio informe sobre lo ocurrido con la operatoria en la que se adquirió la leche que luego sería robada, revisando la actuación de cada área involucrada, como para tener un panorama de cómo funcionaban las cosas en el Ministerio. Su reporte quedó prácticamente encapsulado dentro del organismo y hasta hoy tuvo una escasísima repercusión, pese a la gravedad de muchas de sus conclusiones. Aquí algunas de ellas.
-Se incumplieron o ignoraron casi todas las reglamentaciones sobre compras, procedimientos licitatorios, adjudicaciones de ofertas y verificaciones de entrega de los insumos que se pagaban. Los remitos que se firmaban para acreditar la recepción de la leche no eran completos en sus datos ni permitían un seguimiento de los lotes adquiridos.
-Administrativamente ni siquiera había elementos que permitiesen garantizar que las cajas de leche compradas habían sido efectivamente recibidas por Salud Pública.
-El depósito en el que supuestamente se acopiaba la leche (y del que en teoría fue robada, aunque los investigadores ya están seguros de que el hurto fue progresivo y en ese depósito sólo se violentaron las puertas para crear la idea de un delito cometido por intrusos) fue contratado en alquiler mediante una licitación que exigía que el local tuviera luz eléctrica y agua potable. París constató que el galpón carecía de ambos servicios. El lugar, donde se guardaban bienes públicos de valores millonarios, no tenía alarmas ni cámaras de seguridad (no hubiese podido tenerlas por la ausencia de energía), y también carecía de custodia.
-En ese depósito, perteneciente a la firma Lascor SA, se guardaban insumos de Salud Pública desde antes que se hiciera la licitación para alquilarlo (¿otro proceso licitatorio “con nombre y apellido” para blanquear un vínculo preexistente?). Pese a la violación de las condiciones licitatorias, Salud siguió pagando el alquiler del local luego del escándalo de septiembre de 2018. Era una locación de 900.000 pesos anuales. Demasiado para una estructura sin servicios básicos y absolutamente vulnerable.
-La compra de leche fue encomendada a Fiduciaria del Norte, con el argumento de que esa entidad permitía una mayor eficacia en las adquisiciones del Estado, con ahorros significativos para las arcas públicas. Así, en marzo de 2018, la FDN adjudicó el contrato de provisión de leche al único oferente que se presentó a la licitación, el comercio mayorista Cheek. Se le compraron 279.339 kilos a un precio de 145,20 pesos por kilo. El Estado debía pagar 40.560.022 pesos. El auditor del Tribunal de Cuentas descubrió que apenas un mes después, el 13 de abril de 2018, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación compró la misma leche fortificada (marca Purísima) a 77,95 pesos cada kilo. Eso le permitió al Estado nacional comprar unas 350 toneladas de leche por algo más de 27 millones de pesos. Resumiendo: la Nación pagó 13 millones de pesos menos que el Chaco para comprar setenta toneladas más de la misma leche.
París también sacó la cuenta de cuánto hubiera podido comprar la provincia si hubiera usado aquellos 40 millones que abonó a Cheek para adquirir la leche al precio obtenido por el gobierno central: hubiese podido conseguir 520.000 cajas en vez de 279.000. La diferencia de precios era nada menos que de 86%. ¿No funcionaba la página de Google en Fiduciaria del Norte ni en el Ministerio de Salud?
-No existe manera de saber quiénes reciben las cajas de leche del Estado. En ningún sitio se hace firmar la recepción de los alimentos por parte de las familias beneficiarias.
-Aunque debía funcionar una Comisión Asesora de Preadjudicación en la licitación, integrada por funcionarios de Salud, París determinó que lo que hizo FDN para dirimir la cuestión fue informar al entonces ministro de Salud, Luis Zapico, acerca de cuáles eran las propuestas que se habían presentado, y fue éste quien decidió, tras una consulta con algunos colaboradores, cuál era la mejor (Cheek era el único oferente pero presentó precios por dos marcas de leche).
-Había una informalidad total en la concreción del acto clave que representa la entrega de los elementos adquiridos. Al punto de que es difícil saber si se entregó realmente toda la leche comprada. No se aplicó, a tal fin, la resolución ministerial de 2017 que creaba una Comisión Asesora de Recepción.
¿SERÁ TODO?
En el capítulo dedicado a las conclusiones de su informe, París dice que pudo constatar “la total ineficiencia tanto de la Fiduciaria del Norte SA como del Ministerio de Salud, al haber omitido la búsqueda de precios testigos razonables de la leche en polvo fortificada”. Está claro que entre los funcionarios hubo inexpertos que pecaron de voluntariosos en trámites cuyas implicancias legales desconocían y vivos demasiados vivos que sabían perfectamente cuál juego se estaba jugando.
El Informe París, que debería estar en los escritorios de los tres poderes del Estado, sigue rebotando dentro del Tribunal de Cuentas. Para tenerlo, los fiscales penales del caso de la leche debieron solicitarlo expresamente. Y París, mientras tanto, fue retirado del control de Salud Pública.
Antes de finalizar, no dejemos de anotar algo que el auditor indica en su reporte y que vale la pena repetir: desde el vamos, aunque no se hubiese concretado robo alguno, la adquisición de los lotes de leche se montó de tal manera que el Estado arrancó perdiendo casi 20 millones de pesos por el pago de un notorio sobreprecio.
Sin embargo, de ese otro continuo trabajo de las hormiguitas que suelen ocupar los despachos públicos no se habla, aunque sea capaz de convertir una política asistencial altamente sensible en un negoción montado sobre la infancia con hambre. Porque códigos quedan, pero son los de barras.
