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La masacre de Cromañón a 16 años: al cielo sin zapatillas

El 30 de diciembre de 2004 una bengala imprudente activó la trampa criminal. Fue una tragedia evitable.

-¿Por qué te fuiste? ¿Para qué te dejaste morir? ¿Ahora qué le digo a mamá, boludo?-. El clamor lastimero del joven que abraza el cuerpo inerte de su hermano se eleva estremecedor, en medio del caos de gritos, llantos y ulular de sirenas. El lamento se multiplica por cien, por mil, se hace coro funesto ante la muerte desmesurada que tronchó absurdamente proyectos de vida que estaban naciendo y desmembró cruel a familias y grupos de amigos. En la vereda de Cromañón se hace interminable la fila de cadáveres semidesnudos de jóvenes sacrificados por su amor al rock en el perverso altar de la corrupción.

Las zapatillas de la víctimas, un símbolo de la tragedia de Cromañón

El 30 de diciembre de 2004 una bengala imprudente activó la trampa criminal que habían armado la voraz codicia empresaria y la permisiva y venal desidia gubernamental. Más de cuatro mil jóvenes llegados de la ciudad y los barrios populosos del conurbano habían desbordado la capacidad del local del barrio de Once (habilitado sólo para mil) y transpiraban, saltaban y vibraban con el primer tema del grupo Callejeros, al que idolatraban.

El júbilo sólo duró hasta que a las 22,50 el proyectil incandescente incendió la malla acústica de poliuretano inflamable que cubría el techo del salón y un humo pestilente y tóxico comenzó a matar como un asesino silencioso y cruel a los jóvenes atrapados sin salida de emergencia, que estaba vilmente cerrada con candado y alambres.

Así quedó el local tras el incendio.Crédito: DYN

Parecía que estaban dormidos

El incendio provocó el terror y la estampida hacia las salidas cerradas en medio de la oscuridad. En el local quedaron grabadas durante años las marcas de las manos de los jóvenes en las paredes arañadas por la desesperación. El saldo inicial fue de 194 fallecidos y 1432 heridos (entre ellos 13 chicos menores de 12 años, incluida una bebé de 10 meses), pero la muerte se iría ensañando lenta y pacientemente para acrecentar las cifras: el año pasado llegó a 18 el número de suicidios de sobrevivientes, que se sumaron a los cerca de 40 padres y madres que se dejaron morir o sucumbieron a enfermedades terminales.

En ambos casos doblegados por la carga de dolor y angustia: el temible estrés postraumatico. Cromañón sigue matando y enfermando. Muchos de los que escaparon con vida escupieron humo negro durante meses, y siguen bajo tratamiento médico, sicológico y siquiátrico.

Al entrar en combustión la espuma de poliuretano genera cianuro de hidrógeno, dióxido y monóxido de carbono. Cuando la ignición terminó de consumir todo el material, el humo descendió y fue aspirado por las personas. El humo a altas temperaturas produce edema pulmonar. Así, 107 de las víctimas murieron por asfixia, 59 por intoxicación, 14 por neumonía o neumopatía, y sólo 14 por quemaduras. De allí la sorpresa y el espanto de los socorristas cuando pudieron entrar y contemplaron a luz de sus faros el tendal de cuerpos sin vida: “parecía que estaban dormidos”, describió uno de ellos.

La muerte produce una contracción en los miembros que hace que el calzado se desprenda de los pies. Con el correr de los días los familiares y amigos enlazaron decenas de zapatillas en los cables aéreos junto al boliche. Al verlas en lo alto colgadas de los cordones no pude evitar el pensamiento de que los jóvenes muertos en Cromañón se habían ido al cielo sin zapatillas.

Zapatillas de Cromañon, todo un símbolo.

La investigación multiplicaría el horror: no solamente estaban cerradas las puertas de escape. No salía agua de las canillas, y la avaricia de los organizadores había degradado los sistemas anti-incendio: la certificación de bomberos estaba vencida y falseada mediante coimas, y diez de los quince matafuegos estaban despresurizados. La atención sanitaria de emergencia estaba precarizada, y el personal carecía de conocimientos elementales.

Policías y funcionarios sobornados completarían el cuadro de conductas miserables, que no mejorarían las actitudes de las más altas autoridades municipales y nacionales. Entre todos se confabularon para enlutar el fin de año más triste de la Argentina reciente.

Dieciseis años después la memoria de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas conserva intacto el dolor. Donde se la toque, duele. Y se suma el tormento de la culpa de los inocentes, los padres que se flagelan imaginando que por acción u omisión no cuidaron a sus seres queridos.

En esta historia los verdaderos culpables recibieron castigos de cárcel o políticos insuficientes ante la magnitud del daño que provocaron. Pero fue por el reclamo incesante de los damnificados, en ocasiones airado, en el que los acompañó la sociedad, que se evitó la impunidad, que como siempre buscaron los poderosos a través de las influencias o el dinero.

La prepotencia del dolor

Fue fundamental para la obtención de una justicia, aunque sea módica, la instalación de un “santuario” o altar pagano en el que se instalaron los retratos fotográficos de las jóvenes víctimas y algunas de sus pertenencias, apenas horas después del siniestro. La construcción techada, que incluía algunos bancos para sentarse a contemplarlos, interrumpió el tránsito vehicular por la calle Mitre con la prepotencia del dolor.

Cotidianamente los familiares exponían su angustia con rezos, encendiendo velas y colocando flores que regaban con sus lágrimas. Lograron conmover a la sociedad y obtener un apoyo que se manifestó en ocasiones con manifestaciones multitudinarias. El tránsito vehicular se reanudó siete años y dos meses después, pero mediante un desvío en forma de “s” en el recorrido de la calzada para respetar el “santuario”.

Familiares de las víctimas de Cromañon.Crédito: DYN

En cuatro juicios orales fueron juzgadas 26 personas por los cargos de estrago doloso, incendio doloso, homicidio culposo y cohecho activo, entre otros delitos. De ellas 21 recibieron condenas, aunque sólo 18 fueron a prisión. Hoy ya están todas en libertad, con excepción de Eduardo Vázquez, del grupo Callejeros, que sigue confinado pero por el femicidio de su esposa, Wanda Tadei.

Con idas y vueltas, libertades transitorias y regresos a prisión, las penas definitivas fijadas por la cámara de Casación para los responsables principales fueron: para el legendario empresario del rock underground, Omar Chabán, gerenciador del boliche y organizador del festival infernal, 10 años y 9 meses (falleció en 2014 en prisión domiciliaria); el manager de Callejeros, Diego Argañaraz, a 5 años; el dueño del local, Rafael Levy, a 4 años y 6 meses,el subcomisario Carlos Díaz, a 8; la funcionaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, a 4; la adjunta, Ana María Fernández, a 2 años y seis meses, y los músicos de Callejeros a entre 3 y 7 años (Patricio Fontanet (recibió la pena mayor).

Omar Chabán, exgerenciador de Cromañon (hoy fallecido), condenado en el juicio.Crédito: Telam

Aníbal Ibarra fue destituido por juicio político de su cargo de Jefe de Gobierno. Es exagerado (pero no tanto) hablar de premeditación. En cambio sí hubo desaprensión: las acciones de los que provocaron la catástrofe se agravan porque desoyeron avisos que la preanunciaban a gritos.

Once años antes habían muerto 17 adolescentes en el incendio del club nocturno Kheyvis, de la localidad bonaerense de Olivos, durante una fiesta de graduación, en circunstancias estremecedoramente similares: la concurrencia cuadruplicaba la capacidad del local, la puerta que daba al patio estaba cerrada, y la única salida fue bloqueada por los cuerpos de los que caían en la desesperación por escapar. Y unos meses antes del diciembre trágico hubo otro incendio en Cromañón originado por una bengala, que fue sofocado por el barman del establecimiento. Cromañón fue una tragedia evitable. No fue producto de un terremoto, ni de un atentado terrorista.

Despegarse de la tragedia

El operativo de rescate en Cromañón fue caótico. Reinó la improvisación, y la desorganización permitió que con el noble impulso solidario de la juventud, muchos que habían escapado de la muerte entraran una y otra vez para protagonizar rescates heroicos, hasta por último dejar la vida en el intento.

Así las víctimas se multiplicaron. Tanto en el Centro de Gestión y Participación (CGP) de Junín 521 donde se leían las listas de sobrevivientes y los lugares de internación (46 ambulancias llevaron a los sobrevivientes a 24 hospitales y 11 clínicas), como en la morgue a la que comenzaban a llegar los cadáveres, campeaba también el desorden. Los cuerpos se perdían y reaparecían para desesperación de los padres.

Mientras los familiares sufrían, los funcionarios comunales y nacionales competían por despegarse de la tragedia. El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, anunció al día siguiente en conferencia de prensa el cierre de todos los boliches y otras medidas drásticas, hablando como si el desastre le fuera ajeno.

“¿Por qué no tomó alguna de esas medidas drásticas antes de que murieran casi doscientas personas?”, lo interrogué. Como al contestar se fue por las ramas, quise ponerlo en evidencia: “Usted habla de responsabilidades de todos, cuál es su propia responsabilidad por la muerte de estos ciudadanos que lo habían elegido para que los cuidara?”, y se quedó sin respuesta.

Durante largo tiempo Ibarra seguiría tratando de escapar a la responsabilidad política por la tragedia, aun cuando en la Legislatura pidieron su juicio político. Pero no pudo evitar que Mariana Márquez le gritara premonitoriamente en febrero de 2005, en pleno recinto, enarbolando la foto de su hija muerta en la disco: “¡Sos un cadáver político!”. Márquez murió de cáncer cinco meses después, no pudo ver como el 7 de marzo de 2006 Ibarra era destituido de su cargo y reemplazado por el vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman.

Algo habrán hecho

El entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luís Eduardo Duhalde, acudió de inmediato al CGP de Junín horas después del siniestro. Hasta entonces ninguna voz oficial había asumido la responsabilidad implícita del Estado, ni consolado a las víctimas y sus familiares.

A Duhalde no lo traían afanes humanitarios, sino políticos. Se preocupó por aclarar ante los periodistas que era un problema de la Justicia y del gobierno de la Ciudad, y profanando la memoria de los caídos y el dolor fresco de los familiares mencionó la “imprudencia de los chicos que entraron con bengalas”, en un intento de culpabilizar a las víctimas, cuando estaba claro que había sido el descontrol de los organizadores y de los que no vigilaron la verdadera causa de la desgracia. Así lo ratificaría la Justicia.

Mural con los nombres de todas las víctimas de Cromañon, frente a Tribunales.Crédito: DYN

El fallo condenatorio manifestó textualmente: “Existía además el pago de soborno a un oficial de la Policía Federal Argentina para que brindaran seguridad en la puerta del lugar y para que no se realizaran actas de contravenciones debido a las irregularidades existentes en el local.

Entre las contravenciones existentes se incluía la superación de la capacidad habilitada, la venta de alcohol, la obstrucción de las salidas y la omisión de recaudos durante la organización y seguridad (que permitió el ingreso de pirotecnia). Durante los recitales que brindó Callejeros, Raúl Villarreal, por orden de Chabán, le pagó al subcomisario Carlos Rubén Díaz 300 pesos argentinos por jornada”.

Duhalde había venido para tantear en el terreno la receptividad que podría tener una intervención pública del presidente Néstor Kirchner en el tema que conmovía a la sociedad. Pero cuando sugirió el terrible “algo habrán hecho” no me pude contener y lo increpé. Finalmente Kirchner viajó en silencio junto a su esposa Cristina a Río Gallegos y tardó trece días en pronunciarse públicamente sobre el caso, sumándose recién entonces al coro de reclamo de justicia y castigo de los familiares y la sociedad, que ya era atronador.

La actitud elusiva sería repetida por Cristina ya presidenta, luego de la tragedia de Once del 22 de febrero de 2012, en la que murieron 51 personas y 789 resultaron heridas. Cuando se pronunció fue para culpar al maquinista. La Justicia confirmaría la responsabilidad del Estado (en estos días fue ratificada la condena de Julio De Vido). Un año y medio después, bromeó a bordo de un tren en un acto público “miren que hay que hacer esto (el acto) rápido, porque si no viene la próxima formación y nos lleva puestos”.

Pato Fontanet, cantante de Callejeros, la banda que estaba tocando la trágica noche de Cromañon.Crédito: DYN

Alguna vez la actual vicepresidenta dijo, para justificarse, que “no esperen de mí jamás, ante el dolor de la muerte, la especulación de la foto o del discurso fácil”, pero se contradijo cuando el 1 de setiembre de 2017 enarboló la foto de Santiago Maldonado en una misa en Merlo, en la que se pidió por la aparición con vida del joven, un mes y medio antes de que lo hallaran ahogado. Los argentinos en trances difíciles (como los sobrevivientes y deudos de las víctimas de Cromañón y los familiares de los más de 42.000 muertos por COVID-19), merecen la contención, el apoyo y el consuelo de los gobernantes de turno sin parcialidades.

La deuda del Estado

Todas las causas ya están cerradas y en octubre de 2018 las llaves del local fueron entregadas por la Justicia a los propietarios, que cargaron en un volquete todas las zapatillas, remeras, mochilas, llaves, banderas y otras pertenencias de las víctimas que permanecieron tiradas en el piso desde 2004, desarmaron la escenografía y lo pintaron para borrar las huellas del desastre.

La lucha inclaudicable de los familiares ahora persigue que el nefasto edificio que constituyó una trampa mortal sea expropiado y se convierta en un espacio para la memoria. Como una forma de que el Estado pague su deuda, y para que nunca más la codicia de los inescrupulosos y los descuidos de los gobernantes vuelvan a convertir a los jóvenes en “carne de Cromañón”.