Allanamientos sorpresa a Vicentin en el norte de Santa Fe y el Gran Rosario

Poco antes de las 7 de la mañana de ayer la tranquilidad de la localidad de Avellaneda en el norte santafesino se vio interrumpida por la llegada de varios vehículos con personal policial perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal de Rosario, quienes se desplegaron para una serie de allanamientos.

Fueron 11 procedimientos en Avellaneda y 2 más en Reconquista y en simultáneo en la ciudad de San Lorenzo en el Gran Rosario lugares declarados como domicilios de las firmas Nacadie s.a. (Uruguay); Vicentin Family Group (Uruguay); Friar s.a. (Reconquista).

Según se pudo establecer las medidas fueron ordenadas por el juez de Rosario Hernán Potsma quien ordenó la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

En todos los casos se dispuso secuestro de material de interés para la investigación; secuestro de dispositivos de almacenamientos electrónicos, celulares, relevamiento de vehículos hallados y documentación de interés para la causa; además la identificación de todas las personas que se encontraban en los inmuebles‘; y aclararon que ‘no hay órdenes de detención libradas‘.

“LO QUE EL JUEZ SE REHUSÓ A HACER”

Con el correr de las horas pudo saberse que los allanamientos se dieron en el contexto de una denuncia realizada por la cerealera Grassi. S.A. cuyo representante legal, el doctor Gustavo Feldman, declaró al portal Reconquista Hoy que el juez Potsma ordenó hacer ‘lo que el juez Fabián Lorenzini se rehusó a hacer‘, que es ‘descorrer el velo societario (el abuso de las sociedades anónimas pantallas para encubrir a quienes realmente realizan maniobras ilícitas) e iniciar el recupero de los activos de Vicentin SAIC, fugados con fraude a los acreedores y a los trabajadores‘.

El pedido del fiscal se encabezó citando una máxima del jurista alemán Rudolf Von Ihering, quien amonestaba duramente el uso abusivo de las sociedades anónimas para realizar delitos económicos.

La medida retoma la mejor escuela jurídica argentina, encarnada por el Juez Salvador María Lozada, quien en los años 70 tuvo el coraje de declarar la extensión de la quiebra a todo el grupo transnacional Swift-Deltec, cuando constató que detrás de distintas sociedades en el país y en el exterior “se encubría un solo actor económico que las usaba abusivamente para estafar a los argentinos”. Mas tarde la empresa santafesina difundió un comunicado.