Vicentin paraliza sus plantas y el sindicato denuncia un "lock out patronal"
El grupo interrumpió repentinamente sus operaciones en la planta de Ricardone, Santa Fe, generando sorpresa entre sus socios estratégicos y tensión con los trabajadores.

Según denunció el sindicato de aceiteros del norte santafesino, la paralización no responde a una medida de fuerza gremial, sino a una decisión empresarial, que calificaron como un "lock out patronal".
Aunque la empresa había anticipado a sus socios que detendría sus actividades el lunes, la orden se adelantó al viernes sin previo aviso, dejando en una situación complicada a cooperativas como la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA). La entidad tenía en proceso 25.000 toneladas de girasol dentro de la planta de Ricardone y varios camiones en tránsito, lo que implicará altos costos logísticos y operativos. Su presidente, Mario Stechina, confirmó que aún no tienen claro en qué otra planta podrán continuar con la molienda.
Solo sigue activa la caldera
El secretario general del gremio aceitero, Leandro Monzón, señaló que la única instalación que seguirá operativa es la caldera, ya que también abastece de energía a otras industrias ubicadas en el parque industrial de Vicentin, como Buyanor y Friar. Monzón explicó que desactivar completamente la planta llevará entre dos y tres días, debido al tiempo que demanda vaciar los fermentadores.
"La decisión fue tomada exclusivamente por el directorio de Vicentin, a pesar de que aún quedaba materia prima disponible para seguir produciendo", afirmó el dirigente sindical. También reveló que, tras conocerse la medida, la empresa Bunge decidió retirar el expeller de girasol que tenía almacenado en Ricardone.
Preocupación en la región y dudas sobre el futuro
El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, admitió que no había recibido información oficial, aunque reconoció que "el desenlace se venía venir". En los últimos días, el clima en torno a Vicentin se había vuelto cada vez más incierto. La empresa no cerró nuevos contratos para sostener sus operaciones y no tendría fondos para pagar los sueldos de marzo, cuyo vencimiento es el 8 de abril.
A esta situación crítica se suma el dato de que la empresa acumula una deuda posconcursal de más de $14.000 millones, según el último informe presentado ante la Justicia. Además, Vicentin adeuda más de $3.000 millones a CAMMESA (la mayorista eléctrica nacional) y $408 millones a la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que ya advirtió que si no hay pago antes del viernes 11 de abril, se verá obligada a interrumpir el suministro eléctrico para no poner en riesgo sus operaciones locales.
La crisis de Vicentin, que arrastra años de conflictos judiciales y financieros, parece ingresar en una nueva fase de parálisis, con efectos directos sobre sus trabajadores, sus socios comerciales y toda la economía regional.
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