Piden reabrir caso para esclarecer un proceso lleno de irregularidades

Después de 28 años, hijos y otros familiares de una de las víctimas de un doble homicidio están cerca de encontrar respuestas a una investigación inconclusa.

En abril de 1992 Amanda Encaje, secretaria de la empresa Supercemento, y Néstor Vivo, ingeniero de la misma empresa, fueron asesinados a golpes en una vivienda de Paraguay 787. Un albañil que trabajaba en la remodelación de la casa donde la constructora iba a instalar sus oficinas los encontró maniatados, sin vida.

Tanto durante la investigación policial como judicial se produjeron errores y obstáculos que abrieron sospechas de que había intereses de peso para que no llegar a un esclarecimiento de los hechos.

Con la prescripción de la causa sin una condena ni resultados concluyentes, los familiares tomaron el camino largo.

El apoyo de abogados y de una oenegé integrada por víctimas de violencias permitió a los hijos de Encaje llevar su reclamo a un organismo internacional.

Años más tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos propició un diálogo con el Estado chaqueño para encontrar una reparación institucional.

Ayer vía Zoom, los hijos y una hermana de Amanda pusieron en contexto su lucha y adelantaron los siguientes pasos. En la videorreunión acordada con medios también participaron los abogados Marcos Molero y Carlos Bermejo.

“Cuando la Comisión nos pidió llegar a un acuerdo antes de emitir sentencia no se nos ocurría sentarnos a dialogar con el Estado. ¿Llegar a un acuerdo sobre qué?”, planteó Andrea sobre un momento previo a las conversaciones. Luego, al pensar en la construcción de medidas para evitar una repetición de errores -e injusticias-, sintió que era una oportunidad que no podían desaprovechar. Por eso accedieron.

Con la organización Usina de Justicia se trabajó en un petitorio por una reparación pública y otra moral y simbólica, considerando tantos años de pérdida y lucha.

“Desde el primer momento que nos sentamos a hablar hubo coincidencia en las medidas públicas. Nos dio satisfacción la decisión del gobernador Capitanich. Fue muy sensato de su parte. Si el sistema no está bien, reconocerlo es un punto de partida para mejorarlo”, resumió.

Molero agrega que es importante tener en cuenta que el acuerdo al que arribarían implica una potencial reapertura del caso. Y que ese paso busca una reconstrucción de los hechos, no juzgar a alguien que ya no está (porque falleció). “Los deudos de la familia Martínez-Encaje no demandan dinero, sino cambios que van a beneficiar a terceros, para que no padezcan lo que padecieron ellos. Esto habla de su calidad de personas”, destacó el letrado.

Ante un acto criminológico que marcó un antes y un después en el Chaco, Molero menciona también un necesario salto en la calidad institucional: la mirada de las víctimas en la dialéctica entre fiscal y defensa, con el juez como garante.