Caso Amanda Encaje: las partes avanzan en un acuerdo reparatorio de daños

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, junto con funcionarios del gabinete provincial, se reunieron por videoconferencia con autoridades del Superior Tribunal de Justicia y con representantes de la parte peticionaria en el Caso Encaje.

El gobierno provincial aceptó su responsabilidad en la denegación de justicia del caso, aspecto que constituye el primer punto necesario para alcanzar una solución amistosa.

‘El fin de esta reunión fue avanzar en el diálogo sobre los puntos de acuerdo para cumplimentar con las acciones que le competen al Estado chaqueño‘, expresó el gobernador. ‘Ratificamos que para este caso el Poder Judicial aceptó la denegación de justicia, nosotros como poder Ejecutivo de la provincia asumimos la denegación de acceso a la justicia por parte de ambos poderes, y pretendemos la viabilidad del resto de los puntos. Esto implicaría pasar a la segunda instancia del acuerdo‘, señaló Capitanich.

Igualmente, la presidenta del STJ, Iride Grillo, manifestó su voluntad de avanzar en el acuerdo de solución amistosa propuesto por la parte peticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y reafirmó la prioridad de garantizar la premisa de ‘nunca más violaciones a los derechos humanos en democracia‘.

La secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, indicó que ‘se trató de una reunión sumamente significativa‘ ya que de esta manera se generan las condiciones para pasar a la próxima instancia de negociación que implica la ejecución de políticas públicas de asistencia a las víctimas.

Participaron, entre otros, además los ministros Juan Manuel Chapo y Gloria Zalazar; la ministra del STJ, Emilia Valle; la subsecretaria de protección y enlace internacional de Derechos Humanos de la Nación, Andrea Pochak; y por la parte peticionaria Andrea y Pablo Martínez y Silvina Encaje.

El documento estipula otros seis puntos fundamentales: un homenaje para las víctimas y sus familias en su larga lucha por justicia; analizar la viabilidad de la reapertura de la causa penal de los homicidios de Amanda Encaje y Néstor Vivo; la creación del cargo de Defensor Oficial de Víctimas, con dedicación exclusiva de las Personas Víctimas de Delitos; la creación del observatorio de víctimas de delitos, en el ámbito del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo; la sanción de protocolos para la preservación de la escena del crimen y para garantizar la cadena de custodia de pruebas y efectos secuestrados, para optimizar y agilizar la investigación de causas penales complejas.

El emblemático caso que sacudió a todos

Amanda Graciela Encaje fue asesinada el 8 de abril de 1992 en las oficinas de la empresa Supercemento S.A., por avenida Paraguay. Su cuerpo fue encontrado junto al del ingeniero Néstor Blas Vivo, quien era director de dicha empresa.

Afirman que ambos fueron golpeados y torturados, y que una de las autopsias realizadas a la víctima, indicó que fue violada. Cerca de los cuerpos se encontró una importante suma de dinero correspondiente a parte de sus salarios, lo cual evidenciaría que los hechos no se vincularon con un robo. Los operarios de la empresa dieron aviso a la policía horas después de haber encontrado los cuerpos.