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El joven murió el año pasado a raíz de brutales golpizas luego de ser arrestado

Caso Ponce de León: una audiencia define si seguirán detenidos o no dos policías imputados

Tras un año y ocho meses de idas y vueltas, en octubre se ordenó la detención de dos agentes. Hoy en un Juzgado de Garantías la defensa planteará un pedido de liberación de ambos. La fiscalía se opondría.

La causa penal abierta por la muerte de Sebastián Ponce de León tendrá este viernes una nueva instancia, a raiz de una audiencia virtual en la cual se decidirá si los dos únicos detenidos hasta ahora por el caso continuarán detenidos o llegarán a juicio en libertad. Se trata de dos agentes de policía que habrían participado de alguna manera en las brutales golpizas que terminaron con la vida del joven.

"Nosotros tenemos un hostigamiento policial permanente, con patrulleros que se estacionan frente a casa y otras cosas que suceden. No quiero imaginarme lo que puede llegar a ser si además estas dos personas quedan en libertad", dijo a NORTE el padre de la víctima, Rubén Ponce de León.

El caso

Sebastián Ponce de León fue arrestado el 31 de enero de 2019 por policías provinciales que acudieron ante una denuncia de incidentes en un domicilio de Barranqueras. Se trataba de una casa en la que una mujer había tenido una discusión con el joven, de 35 años, en medio de un proceso de ruptura de la relación de pareja que habían mantenido durante un tiempo.

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Sebastián Ponce de León, el joven de 35 años que murió en febrero de 2019 a raíz de los tormentos sufridos durante su detención en Barranqueras.

Los uniformados se llevaron a Ponce de León a la Comisaría Primera de Barranqueras. Poco después ingresó al Hospital Perrando con el cuerpo repleto de lesiones y rastros de golpes. Los familiares y amigos que llegaron a verlo en los días de internación declararon que él les contó que había sido objeto de interminables vejámenes. 

Todos esos testimonios coinciden en que Ponce de León no se podía explayar demasiado en sus relatos, en parte por los intensos dolores que sufría y en parte porque estaba bajo custodia de la policía, incluso a veces vigilado por uno de los efectivos que él sindicaba como participantes de los castigos.

El 10 de febrero, el joven -padre de una niña- falleció. Para entonces ya se había puesto en marcha una cadena de encubrimientos para desligar a los policías de aquella comisaría de cualquier responsabilidad en el caso.

Pruebas irrefutables

Pero aunque la justicia mostró durante más de un año no tener interés en llegar a fondo con el caso, los familiares de Ponce de León contrataron peritos de renombre y designaron un abogado particular para impedir que el caso se archivara como una muerte más.

Paulatinamente fueron apareciendo así pruebas contundentes de que Ponce de León había sido golpeado de una manera sistemática y brutal, tanto que algunos órganos vitales comenzaron a colapsar hasta provocar su deceso. Ni siquiera la atención médica recibida durante más de una semana lo pudo impedir.

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Una imagen tomada durante la internación de Ponce de León en el Hospital Perrando. Poco después moriría.

Un paso clave fue una segunda autopsia realizada a los restos del joven. Allí se constataron lesiones que desnudaron lo que realmente había sucedido con el detenido durante su estadía bajo la custodia policial. Y los testimonios sobre lo que Ponce de León contaba en el hospital -no sólo a sus conocidos, sino también al personal sanitario que lo atendía- redondearon un panorama que ya no admitía miradas al costado.

Fueron surgiendo inhibiciones clásicas de los casos "que queman" en las manos de los funcionarios judiciales, hasta que el actual titular provisorio de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, Luciano Santos (quien subroga a Daniel Turraca, que intentó declararse incompetente en el caso), ordenó este mes la detención de dos agentes de policía. Habían pasado veinte meses -desde la muerte de Ponce de León- sin que el crimen tuviera imputados.

Los detenidos son Cristian Alfredo Chamorro y Sebastián Darío Romero. El abogado defensor que tienen ambos pidió que sean puestos en libertad. Los abogados que representan a la familia Ponce de León se opondrán, buscando que sigan encarcelados hasta se llegue al final del juicio que en algún  momento deberá dirimir qué sucedió con el joven fallecido y quiénes son los responsables. Se estima que el fiscal Santos solicitará lo mismo que la querella.

De lo que no hay dudas es de que si la investigación sigue su curso normal, habrá mucha más gente que será imputada. "Lo que se hizo para tapar esto fue muy grande. Participaron más personas, se falsificaron documentos y registros, intervinieron personas de jerarquías mayores también", dice Rubén Ponce de León.

Por eso dice estar convencido de que "acá hay todo un sistema que debe ser cambiado, y eso no se resuelve con dos o tres detenciones. En todo este tiempo descubrí cosas increíbles acerca de cómo estas cosas se hacen con conocimiento y consentimiento del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Hubo muchos otros sebastianes, y habrá más si no se produce un cambio estructural".

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