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Estados Unidos: incertidumbre electoral

La complejidad y peculiaridades del sistema electoral norteamericano lo distinguen de los modelos que expertos electorales proponen con frecuencia, o de sistemas electorales que personalmente he observado como jefe de Misiones de Observación Electoral de la OEA en Paraguay, Guatemala, República Dominicana y Venezuela.

Rubén Perina
Por: Rubén Perina

Pero de caras a las elecciones del 3 de noviembre, ello también provoca ansiedad e incertidumbre en el electorado. Y a ello hay que agregarle complicaciones y desafíos organizativos debido a la necesidad de proteger a los votantes y las autoridades electorales del covid-19.

Varios estados han tenido que modificar sus leyes y reglamentos, su infraestructura, logística y tecnología y han expandido la posibilidad de utilizar la modalidad del voto anticipado o por correo postal –modalidad ya tradicional en varios estados.

El proceso además confronta, según las agencias de inteligencia, una posible interferencia cibernética de enemigos externos (Rusia, China) con ataques a la base de datos de los registros electorales o a la transmisión de resultados. El escenario se complica aún más por el comportamiento errático, irresponsable y negligente del presidente Trump.

Su negación de la pandemia, su incompetencia en el manejo de la misma, su insistencia en hacer campaña y debatir en persona, su menosprecio por el barbijo y el distanciamiento social han generado dudas en la opinión pública sobre su capacidad de gobernar y de garantizar la seguridad nacional. La peculiaridad del sistema se refleja en su estructura y funcionamiento.

El sistema es descentralizado y heterogéneo, consistente con su extremo federalismo: cada estado (51) y hasta cada condado (3.114) tienen sus propias leyes, autoridades, padrón y tecnología. Además se vota un martes, día laborable; votar no es obligatorio y se lo puede hacer por anticipado o por correo postal. La votación así comenzó en septiembre en la mayoría de los estados.

El Colegio Electoral, su piedra singular y angular, le agrega complejidad al sistema. Fue diseñada para preservar la preeminencia de los estados sobre el gobierno federal, para prevenir la elección popular directa de un demagogo, así como para evitar la sobre-representación y concentración de poder en los estados más poblados y más ricos y más progresistas (hoy en su mayoría en las costas del este y oeste). La elección presidencial es descentralizada e indirecta, con 51 elecciones en cada estado.

Los votantes eligen a un candidato y su lista de electores (seleccionados por las autoridades partidarias estatales); su número equivale al número de Representantes que le toca a cada estado por población más dos Senadores.

El ganador (aunque sea por un voto) se lleva todos los electores del estado; triunfa el que logre 270 de 538 posibles votos electorales. Lo peculiar es que un candidato puede ganar el voto popular nacional por millones en una minoría de estados populosos, mientras que otro puede ganar por un voto electoral en una mayoría de estados poco habitados y lograr los 270 electores necesarios, como pasó con Hillary Clinton que obtuvo 3 millones de votos más que Trump, pero éste ganó el Colegio Electoral 306 a 227. Cada estado tiene hasta el 8 de diciembre para resolver cualquier controversia sobre los comicios o la lista de electores.

El 14 de diciembre, fecha perentoria, los electores deben reunirse en cada estado y votar por su candidato. El gobernador certifica la lista de electores con sus votos y la debe enviar perentoriamente el 23 de diciembre al presidente del Senado Nacional.

En sesión conjunta de las dos Cámaras del Congreso, el 6 de enero de 2021, se cuenta el voto de los electores y se certifica el resultado y el ganador. Sin embargo, en cualquier estado pueden surgir impugnaciones que judicialicen el proceso por irregularidades, fraude, emergencia nacional o interferencia extranjera.

Si las cortes no las resuelven, ello podría impedir que los electores se reúnan y que el gobernador certifique y envíe la lista de electores y sus votos al Senado. Podría ocurrir entonces que ningún candidato logre los 270 votos, en cuyo caso la elección pasaría a la Cámara de Representantes (a instalarse el 3 de enero) donde cada estado tiene un sólo voto, y el partido con mayoría en la delegación de Representantes decide el voto del estado.

Esta complejidad del Colegio Electoral genera incertidumbre y podría causar una crisis institucional poscomicios sin precedentes recientes.

Por si fuera poco, insólitamente, Trump ha denunciado repetidamente (sin evidencia) que los Demócratas usarán el voto por correo para hacer fraude y ha insinuado que esa sería la única manera de perder y que no reconocerá su derrota. Preocupado estará por las encuestas que lo muestran detrás de Biden más de 10 puntos porcentuales y con sólo un 40 % de aprobación.

Sus absurdas denuncias e insinuaciones (rechazadas incluso por Republicanos) han provocado especulaciones sobre posibles aventuras extranjeras para generar apoyo a su re-elección y sobre posibles e inquietantes escenarios poscomicios: Trump podría no reconocer su derrota y judicializar los intrincados mecanismos del Colegio Electoral para forzar la conclusión del proceso en la Cámara de Representantes donde su partido podría controlar una mayoría de delegaciones.

Tales posibilidades han generado incertidumbre y preocupación en la opinión pública por el potencial que tienen de provocar una crisis constitucional y una mayor polarización, que debilitaría aún más la democracia norteamericana y su liderazgo del mundo liberal.

En vista del preocupante escenario, el Washington Post, el influyente periódico de la capital norteamericana, ha propuesto la creación de una Comisión bipartidista presidida por los expresidentes Bush y Obama para supervisar las elecciones y confirmar su validez.