Universalizar la conectividad
La pandemia de Covid-19 ha recordado al mundo la importancia de Internet como una ventana a la educación, el acceso a la información, la salud, la cultura y otros innumerables aspectos de la vida cotidiana de las personas. Así lo señaló la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) al observar que la brecha digital entre quienes tienen acceso a la gran red y quienes no disponen de esos servicios amenaza con convertirse en la nueva cara de la desigualdad, reforzando las desventajas sociales y económicas en algunos sectores de la población.
En la Argentina, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en el cuarto trimestre de 2019 se registró que el 60,9% de los hogares urbanos del país tiene acceso a computadora y el 82,9%, a Internet. Además, los datos muestran que en nuestro país 84 de cada 100 personas emplean teléfono celular y 80 de cada 100 utilizan Internet. Las cifras muestran, de alguna manera, la función esencial que cumplen este tipo de servicios y es por eso que en los últimos días el debate público dedicó buena parte de su tiempo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno nacional declaró servicio público a la telefonía móvil, internet y la TV paga, que incluye desde la definición del paquete de servicios básicos, una tarifa universal y los criterios que se implementarán para establecer precios máximos al sector. Desde el Ejecutivo nacional se remarcó que el objetivo de esta medida es que los sectores con menos recursos puedan cuentan con precios acordes para acceder a estos servicios, ahora declarado esenciales.
Como era de esperar, en un mercado de las telecomunicaciones como el de la Argentina que concentra la prestación en muy pocas manos, no faltaron voces que salieron rápidamente a rasgarse las vestiduras e incluso a anunciar todo tipo de cataclismos. Lo que no dicen es que estos servicios son, precisamente, los que están al tope de la lista de los más denunciados por los usuarios, según las estadísticas de Defensa del Consumidor y que, como si eso fuera poco, las empresas del sector decidieron incrementos de precios en forma unilateral. Esas mismas voces que aseguran defender la libre competencia tampoco recuerdan que en 2017 durante el gobierno nacional de Cambiemos se aprobó la resolución que autorizó una megafusión de empresas del sector que favoreció la hiperconcentración.
Esta semana se anunció que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) comenzó a trabajar en reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno nacional declaró servicio público a la telefonía móvil, internet y la TV paga. Desde ese organismo oficial se remarcó, en sintonía con lo que sostienen organizaciones internacionales como Unesco, la conectividad y las comunicaciones son fundamentales para la vida de las personas y que por eso el gobierno nacional decidió suspender los aumentos de precios de estos servicios hasta el 31 de diciembre de este año, con el fin de cuidar el bolsillo de los ciudadanos, y crear planes inclusivos para garantizar el acceso de toda la población, especialmente la de aquellos sectores con menores ingresos. Debe reconocerse, en ese sentido, que el incremento de la pobreza generado por la pandemia profundizó la brecha digital en un país como la Argentina que tiene zonas con buena accesibilidad a los servicios de comunicaciones, sobre todo en zonas urbanas, pero que deja amplias regiones sin cobertura, sobre todo en las localidades más pequeñas y en las zonas rurales. De ahí la necesidad de promover políticas públicas que permitan avanzar en el objetivo de universalizar la conectividad y democratizar el acceso a la comunicación. En la medida en que se garantice el acceso a las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y las comunicaciones a todos los sectores de la sociedad se estará avanzando hacia un país más inclusivo.
Por último, vale rescatar la reflexión que hizo sobre este tema el investigador del Conicet y especialista en medios de comunicación Martín Becerra al observar que la reglamentación de prestaciones básicas universales en materia de comunicaciones es coherente con el carácter esencial de los servicios, hoy imprescindibles para acceder a la salud, a la educación, al trabajo y a la producción.
