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Un doble crimen que sigue impune

La noticia de la reunión que mantuvieron las autoridades del Poder Ejecutivo provincial con familiares de Amanda Encaje, asesinada en Resistencia en abril de 1992 junto a Néstor Vivo, por entonces director de la empresa constructora Supercemento, volvió a sacar a la luz pública uno de los crímenes más brutales cometidos en la provincia que continúa sin ser esclarecido y que obligó a familiares de una de las víctimas a realizar en 2008, ante la inminente prescripción de la causa, una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, acompañado de ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, recibió esta semana en la Casa de Gobierno a representantes legales y familiares de Amanda Encaje con el objetivo de acordar medidas para evitar que en la provincia se reiteren prácticas que posibiliten la impunidad . Es que, según consta en la presentación que familiares de Encaje elevaron ante la sede en Washington del órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en materia de derechos humanos, en la investigación del doble crimen se cometieron una serie de irregularidades, entre las que se enumera “la inhibición injustificada del primer juez interviniente en la causa, la falta de custodia de la escena del crimen que permitió a personas transitar en el sitio del suceso sin la respectiva custodia del lugar llevándose evidencias con el consentimiento de las autoridades policiales y judiciales presentes”, así como la realización de trabajos de pintura y reacondicionamiento del lugar a los 15 días de cometido el ilícito; a lo que se sumaron demoras en el allanamiento de la empresa en la que trabajaban las víctimas del horrendo crimen, entre otras situaciones que llamaron la atención a los familiares y sus representantes legales.

En el informe de admisibilidad que obra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, textualmente, que en opinión de los familiares el asesinato se da en el contexto de “enviar una amenaza o ultimátum a los demás directivos de la empresa” por el incumplimiento del pago de “coimas”, teniendo en cuenta que la empresa había obtenido una importante concesión para la construcción de una obra vial en la Ciudad de Resistencia. Más adelante, se observa que las personas peticionantes “afirman que los hechos se enmarcarían en el contexto de actos irregulares y de corrupción para la obtención de licitaciones, y en ese contexto la empresa en cuestión desapareció cinco meses después de ocurridos los hechos. Agregan que inexplicablemente diversos abogados invitados a ser querellantes en la causa expresaron desinterés en asumir el caso”.

Cabe recordar que en 2008, frente a la inminente prescripción de la causa, familiares de Amanda Encaje elevaron esta presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que diez años más tarde resolvió que el expediente presentado reunía los requisitos para ser admitido. Es importante recordar que, en su permanente e incansable búsqueda por conocer la verdad y hallar a los culpables del doble crimen, los familiares de las víctimas vieron cerrarse muchas puertas. Fue por eso que, una vez más, personas que no obtuvieron respuestas de quienes debían ser fieles custodios de las leyes tuvieron que recurrir a una instancia internacional para buscar justicia. También se vieron obligados a apelar a la CIDH los familiares del artesano Juan Angel Greco, fallecido en julio de 1990 tras ser hospitalizado por graves quemaduras sufridas en una comisaría de Puerto Vilelas. En este caso, la Comisión Interamericana entendió que hubo graves irregularidades en la investigación que se llevó adelante y el Estado provincial debió, además de indemnizar a la familia Greco, crear fiscalías especializadas en derechos humanos. El otro hecho es el que ocurrió en la localidad de El Espinillo en octubre de 2003 y que tuvo como víctima a la joven LNP de 15 años integrante de la comunidad qom, que fue agredida sexualmente por varios jóvenes blancos. Allí también se encontraron graves irregularidades en la investigación y en el proceso judicial. Tras el trámite de rigor en la instancia internacional, la CIDH notificó de esas irregularidades al Estado argentino y en 2008 se realizó una mesa de diálogo en la que se presentó una propuesta de reparación material y simbólica para la joven y una serie de medidas para que no se repitan hechos similares.

El asesinato de Amanda Encaje y Néstor Vivo no debe quedar impune, para que la ciudadanía pueda vivir en una sociedad donde quien comete crímenes sepa que pagará por sus actos.