Una ley que quedó en el papel: la carrera sanitaria

Eso se está repitiendo hoy en medio de esta pandemia, algo con mucho mayor alcance y en la que los chaqueños hacemos punta por lo bueno y por lo malo. Hay sobre todo un sector que está mostrando la valía y la calidad de sus miembros y su vocación de servicio: el de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Los esfuerzos –los que se conocen y los que quedan en el anonimato (que son los más)- son conmovedores. Como cuando se despidió al jefe de Terapia Intensiva del Hospital Perrando, el doctor Miguel Duré, caído en el cumplimiento del deber, o Alba Raquel Montaño, empleada de la sección Materiales del mismo hospital, o como Mónica Moyano, enfermera de la Unidad Médica Educativa Uncaus de Sáenz Peña, por sólo citar tres.

RETRIBUCIÓN DIGNA

Todos los trabajadores sanitarios están librando una batalla sin cuartel y algunos, como en las guerras, lo pagan con su vida. Por ello es que, más que tener un reconocimiento cuando ya no queda nada por hacer, es poder contribuir a que trabajen con todos los elementos necesarios y con una retribución acorde a su trabajo.

Hoy ha vuelto a aflorar que no es así. Los gremios lo han denunciado hasta el cansancio. Hay una gran cantidad de trabajadores que son precarizados, que llevan muchos años en esa situación y que, además, están mal pagos, como lo están los de planta. Los que atienden la salud en las dependencias del Estado ganan mucho menos que los que hacen las mismas cosas, o menos, en la actividad privada y entonces deben acudir al pluriempleo. Además, no se jerarquiza el servicio prestado y se sabe que hay muchos más que gozan del beneficio de altos salarios por estar al servicio de funcionarios de turno, pegados a sus escritorios u otros que sólo figuran en nombramientos que casi nadie conoce, y ni siquiera tienen lugar donde trabajar y gozan de los beneficios de sus padrinos.

Es inmemorial el abandono que hacen los gobiernos de turno de los empleados del Estado que cuidan de la Salud, de la Seguridad y de la Educación, tres servicios esenciales que deberían tener la mejor retribución y la máxima atención de los funcionarios, que hacen todo lo contrario y priorizan la existencia, cada vez más numerosa, de los reconocidos “ñoquis”.

Por todo esto es que son frecuentes –aún en tiempos de pandemia- los reclamos y medidas de fuerza de los empleados de la salud y de los docentes, y también lo serían de los de seguridad si no estuvieran sometidos a un régimen cuasi militar.

Y pasa porque, para quienes gobiernan no son prioridad la salud, la educación y la seguridad y sí parece serlo el estar rodeado de una cohorte de aduladores bien pagos por el Estado. Y no porque no haya disposiciones o leyes que dispongan lo contrario.

LEY DE LA CARRERA SANITARIA

La historia reciente nos dice que el 9 de septiembre de 2015, el mismo día en la que la provincia estaba conmovida por la muerte del adolescente qom de 14 años, Oscar Sánchez, por tuberculosis y desnutrición, la Legislatura aprobó, por unanimidad, la ley que sancionó la Carrera Sanitaria, un histórico anhelo de los trabajadores del Ministerio de Salud. En ese momento se dijo que se trabajaría para aplicarla “en los próximos meses”. La norma aprobada, de 92 artículos, contempla a todos los trabajadores desde los administrativos que prestan servicios en Casa de Gobierno hasta los médicos que se desempeñan en un centro de salud. La ley, además, estableció tres niveles: directivo, ejecutivo y operativo. Este último agrupa al 80 por ciento de los trabajadores y permite dos tipos de ascensos: vertical y horizontal, que es automático cada tres años. En tanto, al primero solo se puede acceder por concurso de antecedentes y oposición. También esta ley contempló una vieja demanda de la sociedad: para ser director de un hospital o centro de salud se debe rendir un concurso que será público y deberá ser revalidado durante cuatro años.

Todo esto es letra muerta a casi cinco años de su sanción como lo es otra, la ley 6655 de 2010, que determinó que no debería existir el empleo precario (en negro) en toda la administración pública, pues todo ingreso debería ser por concurso de antecedentes y oposición, Esa ley dispuso la incorporación a planta permanente de todos los trabajadores precarizados a partir del 1 de enero de 2011 mediante un plan que no debía exceder los 3 años. Primero a la categoría inferior y podrían acceder a concursos para cubrir cargos jerárquicos.

La misma ley prohibió la incorporación de personal mediante contratos de servicios, locaciones de obra, jornalizados o cualquier otro vínculo informal, exigiendo que todas las designaciones se realicen previo concurso abierto de antecedentes y oposición.

Todo esto es letra muerta y sin embargo es esgrimido muchas veces como un logro. De ahí surge sola la pregunta qué sentido tiene que los Legisladores sancionen “históricas leyes” que nunca se cumplen. ¿No debería velar el Poder Legislativo que se pongan en práctica las leyes que sancionan, o ya es tarea cumplida con tenerla en los archivos? Desde hace cinco años que esta ley fue sancionada no se conoce que se haya hecho un solo concurso para cubrir un cargo de director de Hospital o de servicio de Salud. Si no se reglamenta, deberían exigirlo para que se haga.

Hoy en medio de esta pandemia y con el sector más sensible ha quedado demostrado que no basta con sancionar leyes, hay que hacerlas cumplir. Quizás si así fuera hoy no seríamos noticia en todo el país por la situación que se está produciendo en la provincia por la cantidad de fallecimientos.

Copla de Aledo