Espionaje ilegal, una práctica que amenaza la democracia
Las prácticas de espionaje realizadas al margen de lo que establece la ley por la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri tuvo entre otras víctimas al obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Rubén Lugones. El religioso recibió el acompañamiento y la solidaridad de distintos sectores de la comunidad que valoran su compromiso con la defensa de los derechos de los más vulnerables y con la construcción de un país más justo y solidario.
Los sacerdotes de la diócesis de Lomas de Zamora expresaron a través de un comunicado su “total solidaridad y comunión” con monseñor Lugones, tras calificar de “hecho impropio en cualquier democracia” a las prácticas de espionaje que salieron a la luz tras la denuncia que presentó ante la justicia la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, quien aportó pruebas del seguimiento ilegal que se habría realizado a correos electrónicos personales de figuras políticas del oficialismo y la oposición, religiosos, periodistas, jueces, dirigentes sindicales e investigadores del Conicet, entre otros ciudadanos durante la administración Cambiemos.
Los religiosos de Lomas de Zamora remarcaron que estas preocupantes prácticas deben hacer “reflexionar y reclamar por la verdad y la justicia para nuestro obispo y demás víctimas de tan lamentable situación”. Por su parte, el obispo de Morón, monseñor Jorge Vázquez, también manifestó su respaldo a Lugones y dijo que el espionaje ilegal es una práctica que “contradice totalmente los valores de la democracia”.
En el Chaco, donde Lugones supo dejar su impronta por su labor en la parroquia San Francisco Javier y como profesor del Seminario Interdiocesano La Encarnación, en la ciudad de Resistencia, la noticia del espionaje que lo tuvo como víctima también generó inquietud. Cabe recordar que el actual obispo de Lomas de Zamora y titular de Pastoral Social del Episcopado llegó a la capital chaqueña en 1992, donde también se desempeñó como superior de la residencia de la Compañía de Jesús en esta ciudad. Años después, en junio de 1999 el Papa Juan Pablo II lo designó obispo de Orán, en la provincia de Salta. Al mes siguiente fue ordenado en una recordada celebración que tuvo lugar en el Domo del Centenario, que fue presidida por el entonces cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, hoy Papa Francisco, y por los arzobispos Carmelo Juan Giaquinta y Juan José Iriarte.
Es de esperar que la justicia avance en la investigación por espionaje ilegal, una práctica que debe ser rechazada por toda la sociedad. Si realmente se quiere consolidar la democracia es necesario que la ciudadanía comprenda que desde ningún punto de vista se puede justificar este tipo de maniobras que no reconocen a la ley como un ordenador social y un límite para el poder. Es importante recordar que la ley nacional 25.520 establece que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. La norma, que fue sancionada el 27 de noviembre de 2001, establece claramente los límites a la actuación de los organismos de este tipo y no da lugar a interpretaciones que justifiquen violaciones a los derechos y garantías de los argentinos.
Según la denuncia presentada ante la justicia por estos casos de espionaje ilegal, las pruebas surgen del hallazgo de un soporte informático (disco rígido) cuyo contenido fue en principio borrado, pero luego recuperado por los peritos judiciales.
En caso de comprobarse la existencia de los hechos denunciados -y todo parece indicar que hay pruebas importantes sobre la intromisión en la correspondencia electrónica privada de las víctimas de estas maniobras-, es necesario que la justicia evite situaciones de impunidad ya que es fundamental que desde las instituciones se trabaje con firmeza para combatir la corrupción y el delito organizado. Poco favor se le hará a la joven democracia argentina y al estado de derecho si no se sancionan las graves violaciones al derecho a la privacidad e intimidad de las personas.
