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Más de 1.300 operativos de control de precios: fuerte intervención en los mayoristas

 Ludmila Voloj resalta que “si el ma­yorista tiene precios intervenidos, el comercio de proximidad no tiene in­centivo para decir que aumentó”.

Con más de 1.300 operativos en los últimos dos meses, desde que se establecieron en el país restricciones sanitarias por la emergencia de Covid-19, en el Chaco los controles de precios se enfocaron en los mayoristas, un eslabón clave en la cadena de distribución de productos de alimentación e higiene donde se abastecen los comercios de proximidad, lugares a los cuales recurre la mayor parte de la población en tiempos donde los desplazamientos deben ser reducidos y acotados a cada barrio.

La subsecretaria de Defensa de la Competencia del Chaco, Ludmila Voloj repasó en diálogo con NORTE los aspectos centrales de esos operativos que además controlan el abastecimiento.

 

Las denuncias recibidas no sólo son por precios o faltantes, sino que además están vinculadas con prácticas desleales en Rapipagos, con tarjetas de débito y con la Tarjeta Alimentar.

 

Hasta el viernes pasado, la Subsecretaría que conduce Voloj había realizado en todo el Chaco 1.311 operativos de control de precios.

‘Es un trabajo articulado con todos los municipios y con la Secretaria de Comercio Interior de la Nación. Todos los lunes, las planillas con las intervenciones realizadas van a Nación‘, comentó.

Los operativos de control se realizan en todos los proveedores de la cadena de comercialización de alimentos, bebidas y artículos de limpieza mencionados en los artículos 2 y 3 de la Resolución 100/2020, es decir, mayoristas, supermercados (incluyendo grandes cadenas), autoservicios, almacenes y otros comercios de proximidad. La funcionaria explicó que los precios en comercios mayoristas ‘inciden en el precio del comercio de proximidad, que es donde hoy se abastece la mayoría de la población‘.

A la fecha, la Subsecretaría que conduce Ludmila Voloj realizó en el Chaco 1.311 operativos de control de precios.

La Resolución 100/2020 de Precios Máximos de referencia establece que todos los eslabones que integran la cadena de fabricación, comercialización y distribución deben retrotraer los precios al 6 de marzo. A lo largo de estos dos meses de controles de precios hubo ‘distintas fases‘, según describió Voloj.

‘No estamos en una fase similar a la primera etapa, cuando se lanzó la resolución de la Secretaría de Comercio Interior y se fijaron los precios máximos. Eso responde a distintos factores, porque no todos los sujetos tenían el mismo alcance y obligación en cuanto al deber de información‘, marcó.

Como ejemplo, citó que ‘la resolución distingue a sujetos que están obligados a informar al Sistema Electrónico de Precios Argentinos (SEPA), como mayoristas nacionales, grandes cadenas de supermercados y fabricantes; de los comercios de proximidad como el autoservicio, el mercadito, la cadena local, que no tienen obligación porque no son sujetos alcanzados por ese sistema‘.

‘La resolución lo que establece es que sus precios a la venta son los que corresponden a la facturación del 6 de marzo‘, explicó.

FOCO EN LOS MAYORISTAS

La funcionaria resaltó la importancia de intervenir con controles a los mayoristas de la provincia, donde se focalizaron los operativos durante las primeras semanas y que hasta el momento continúan. ‘Encontramos algunas distorsiones en determinados precios mayoristas, y eso hizo que volvamos a intervenirlos‘, afirmó.

‘La importancia de intervenir es que un gran porcentaje de comercios de alimentos, donde se abastece la comunidad chaqueña en un contexto de restricción de circulación, es de proximidad, es decir, a la cadena local, al mercadito y al autoservicio que se abastecen de ese mayorista ubicado en Resistencia, en el área metropolitana o en el interior‘, indicó.

En ese orden resaltó que ‘si el mayorista tiene su precio intervenido, el comercio de proximidad no tiene ningún incentivo para decirle a los vecinos que aumentó sus precios porque su mayorista aumentó‘. ‘Si esa es la respuesta que los comerciantes minoristas de alimentos ofrecen, estamos frente a un proveedor que está mintiendo‘, enfatizó Voloj. Así, resaltó la importancia de ‘la denuncia concreta para ir y verificar lo que sucede, porque son muchos los comercios de proximidad en toda la provincia‘. En otro punto, la subsecretaria insistió en que los controles a mayoristas se sostienen a la fecha.

‘El control de oficio de la Subsecretaría no merma. Aunque la medida se haya cumplido, seguimos interviniendo con actas de emplazamiento, notificaciones, imputación de infracciones o con medidas preventivas de clausura. Como autoridad de aplicación continuamos verificando e inspeccionando porque la resolución sigue vigente. Con lo cual, continuamos con nuestros recorridos semanales, verificando que el mayorista continúe con los precios y que se mantengan vigentes con valores al 6 de marzo‘, expuso.

En ese sentido, destacó que hubo ‘denuncias concretas de mayoristas que aumentaron centavos o pesos en algunos productos que se envían al interior de la provincia‘. ‘Eso hizo que volviéramos a intervenir y en el momento debieron a colocar los precios correspondientes‘, resaltó.

Hay aumentos

La subsecretaria reconoció que existen aumentos en los precios y uno de los fundamentos es que algunos sujetos de la cadena de producción-comercialización los incrementaron. ‘Sucede que (algunos comercios) se abastecieron con un incremento y, si es así, damos intervención a la Secretaría de Comercio Interior porque los fabricantes no están aquí radicados‘, señaló.

Como ejemplo, mencionó un reclamo por los precios de la leche. ‘Por reclamos que hizo el Chaco y otras provincias, el presidente Alberto Fernández emitió un DNU para intervenir el precio y se compensarán determinados costos, para que se mantenga el valor de la leche.

Significa que el comerciante puede justificar ese precio que cobra. Puede suceder que de la facturación surja que el proveedor ya compró con un precio más elevado y ahí se continua la cadena hasta verificar dónde se da la distorsión‘, precisó. Por eso insistió en que ‘el proveedor debe justificar los precios que cobra ante la autoridad de aplicación o los municipios‘.

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