El municipio de Barranqueras denunció la quema de pastizales y pide que se investigue su procedencia

Días atrás, se produjo la quema de pastizales y basura en determinados sectores de la ciudad de Barranqueras, y ello ha provocado molestias a los vecinos que habitan en cercanías del lugar, donde muchos de ellos tienen patologías de salud y el humo les provoca consecuencias indeseadas.

El municipio precisó que para apagar el fuego tuvo que disponer de una dotación de bomberos, afectar personal de la común, (incluido personal de la Guardia Urbana, y disponer de maquinaria vial pesada para realizar movimiento de suelo, ya que una vez apagado el fuego el humo se seguía esparciendo.

Ayer la intendenta Magda Ayala, dio instrucciones al Secretario Coordinador de la Municipalidad de Barranqueras, que “formule la correspondiente denuncia en forma escrita, ante el Juzgado de Faltas a cargo de la doctora Sandra Saidman, a los fines de investigar la quema de pastizales y otros elementos en nuestro ejido municipal”.

La jefa comunal explicó que la plataforma fáctica que se denunció, encuadra en todos sus aspectos, dentro de los extremos exigidos por la figura de quema de vegetación prevista y tipificada en el artículo 106° de la Ley 850 – J en la cual establece que: “Será sancionado toda persona que produjere, provocare o favoreciere un incendio, quedando prohibida en toda la provincia la quema intencional de vegetación, cualquiera sea su tipo y motivo, sin la previa autorización del organismo competente”.

Asimismo, la intendenta afirmó que “de detectarse la quema de determinados elementos como cubiertas o caucho, encuadraría en la figura tipificada en el artículo 102 in b) de la ley 850 – J, que establece “será sancionado el que quemare neumáticos o elementos que contengan como componentes el caucho u otras sustancias, que por el resultado de la combustión emitieren gases, humos y partículas que degraden y contaminen el aire, que es nocivo para la salud de la población”.

“De detectarse a los responsables, no solo serán pasible de multas que podría imponer la jueza interviniente, que oscilan entre los 6 y 10 salarios mínimos vitales y móviles, sino que además desde el municipio impulsaremos las acciones judiciales pertinentes contra los responsables”, finalizó Ayala.