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“Que no se agraven condiciones de detención”, pide Pensamiento Penal

La Asociación Pensamiento Penal pidió al Superior Tribunal de Justicia evitar que empeore la situación carcelaria en el Chaco.

En una carta extensa plantea la revisión de preventivas, extremar la higiene y permitir que las personas detenidas puedan usar teléfonos celulares para comunicarse con sus vínculos.  

Luego de repasar derechos y garantías consagrados en legislación internacional y local piden que en la provincia se adopten criterios excepcionales que tengan en cuenta la situación de emergencia sanitaria al momento de aplicar medidas privativas de libertad. Y ante el hacinamiento en comisarías, que no se modificó desde la última mesa de trabajo, plantea revisar las prisiones preventivas y particularmente la de quienes esperan sentencia.

Complejo Penitenciario II en Sáenz Peña. Foto ilustrativa.

Por APP Amira Nahir Barud, Romina A Duarte y Antonella Vicentini Almeida exigen extremar medidas de higiene en alcaidías y lugares de alojamiento; especialmente para personas que cumplen una condena y pertenecen a un grupo de riesgo y sugieren el uso de medios electrónicos y celular para agilizar informes y evaluaciones.

Para que el aislamiento preventivo por Covid-19 esté acompañado de una alternativa que no agrave las condiciones de detención, también plantean que se permita el uso de la telefonía móvil para asegurar la vinculación familiar y social.

“Evaluamos necesario y urgente contar con información sobre acciones y criterios del Poder Judicial para transmitirlas a las personas privadas de su libertad y familiares”, señalan. 

Para grupos de riesgo 

La Asociación Pensamiento Penal capítulo Chaco es una organización de la sociedad civil que trabaja en pos de la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito del sistema penal. La entidad adhiere al hábeas corpus que el 14 de abril presentó la Defensa General por el estado actual de superpoblación carcelaria.

En un contexto de pandemia como el actual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los Estados “evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”.