Personas hacinadas en cárceles: “Busquemos soluciones posibles”

“Deficiencias en condiciones materiales de alojamiento, fallas de infraestructura, en el sistema de provisión de alimentos y en el acceso al sistema de salud, a la posibilidad de estudiar y de trabajar”. El párrafo resume las problemáticas y forma parte de un informe sobre el estado de emergencia carcelaria del Chaco. El trabajo del Ministerio Público de la Defensa expone problemas urgentes, casos  que motivaron la formación de mesas de trabajo y sugerencias con posibles soluciones a una problemática tan grande como diversa. 

Lo prioritario

Como ante un témpano, lo primero que se ve en las recorridas por comisarías y alcaidías es el problema del hacinamiento. 

El monitoreo que de 2016 a 2018 se realizó en 60 comisarías y en todos los establecimientos penitenciarios se advirtieron “malas condiciones edilicias, hacinamiento, carencia de ventilación y de agua potable, ausencia de luz (natural y artificial), dificultades para recibir atención médica, provisión deficiente o falta de alimentos”.

Un exceso de casi 400 personas (399) en la capacidad de las instalaciones en 2018 derivó en que para determinados momentos del año –como fines de semana largos o fiestas de fin de año- “haya internos durmiendo en baños o alternando con otros para descansar ahí por turnos”.

Nuevas respuestas

Después de varias presentaciones de hábeas corpus sin cumplir, para encontrar “nuevas respuestas o soluciones posibles a los mismos problemas” con una diversidad de espacios del Estado, se crearon mesas de trabajo.

Las soluciones incluyen ver en qué casos se puede aplicar el uso de tobilleras, en cuáles se dicta prisión preventiva o que la Cámara de Diputados dicte una ley de cupos para evitar sobrepasar capacidad de establecimientos, entre otras posibilidades. 

Durante el tiempo que se produjeron las reuniones de esas instancias, las Defensoras de la provincia siguieron presentando planteos colectivos.

Trabajo para ayudar a la familia 

En un informe se evidencia una mayoría de detenidos que, por ejemplo, piden trabajar y tener una remuneración para ayudar a hijos y familiares. “Aunque el Superior Tribunal reconoció ese derecho, como no hubo plazos ni indicaciones sobre cómo materializarlo, ese habeas corpus de mediados de 2018 todavía no se cumple”, explica Gauna Wirz. Otro pedido frecuente es por la integración del consejo correccional, que es un cuerpo de profesionales de salud mental a cargo de evaluar comportamiento y concepto de los internos, y un aspecto que la defensora considera “se está cumpliendo medianamente”.

“En Sáenz Peña todos los internos del complejo penitenciarios pidieron ser evaluados y recibir el tratamiento correspondiente, para acceder en el régimen de progresividad de su pena”, agrega. 

Delitos que involucran a madres

Sobre la aplicación de la prisión preventiva, para casos en los que se considera la peligrosidad de un imputado, o que se pueda dar a la fuga o entorpecer en una investigación, en la provincia existe el fallo Ortiz, que interpreta un artículo (en el Código Procesal Penal para delitos con penas superiores a tres años). La defensora señala que se tienen que dar dos condiciones y no una por separado: “Hay muchas mujeres que venden marihuana para mantener a sus hijos, y como la tenencia con fines de comercialización tiene cuatro años, les dictan prisión preventiva a alguien que no representa un peligro y que además deja a sus hijos sin atención”.

Sin fondos para Narcomenudeo

Al pedido de detenidos por narcomenudeo que pedían un tratamiento para abandonar sus adicciones -había una mayoría que además de vender consumía-, la respuesta oficial fue que la Provincia nunca recibió los fondos nacionales para ese fin.  

“El módulo 2 de narcomenudeo está totalmente ocupado con personas para las que Nación jamás envió los recursos comprometidos ni para el sistema penitenciario ni para el judicial y es un lugar que podría albergar a otros presos”, grafica la defensora adjunta.

En el documento complementario se lee el resumen del planteo colectivo del 7 de diciembre de 2016: “Los internos del Módulo Nº 2 de Narcomenudeo Alcaidía Resistencia solicitan Rehabilitación de adicciones, provisión de agua potable y duchas, teléfonos y comunicación con el exterior, mejores condiciones de detención”, entre otros aspectos.

“Hace tres años que seguimos esperando la habilitación de un establecimiento que albergue a más de cien personas. En este tiempo en un contexto de encierro veo que quienes salen adelante es porque reciben apoyo de las iglesias evangélicas, de la religión, pero no del Estado”.

Por otra parte Gauna Wirz explica que peritar un paquetito de marihuana “sale carísimo” por la cantidad de recursos que se necesitan y que bien se podrían destinar a otras áreas.

A la corte interamericana de DDHH

Entre las condiciones que representan tortura se incluye por ejemplo la situación de una embarazada, asmática, que debía bañarse con agua fría en invierno.

El año pasado a raíz de la muerte de un muchacho en la alcaidía de Resistencia el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia incluye la falta de movilidad, de médicos todo el día, entre otros puntos básicos. De existir un pronunciamiento del Comité de DDHH se sumaría a otro por el caso de Juan Ángel Greco, el artesano muerto el 4 de julio de 1990, pocos después de que se incendió la celda donde estuvo detenido en la comisaría de Puerto Vilelas. 

Faltan policías en las calles antes que en las comisarías 

El Ministerio Público de la Defensa también registró una gran proporción de personas con condena firme que purgan su pena en una comisaría, lo que constituye una desnaturalización de los fines de resocialización y un incumplimiento de tratados internacionales a los que Argentina adhiere.

En muchas situaciones conviven con personas que se presumen inocentes.

Un caso. En la comisaría quinta, donde se produjo un motín, había 64 detenidos y el máximo de personas recluidas llegó a 83, que dormían por turnos en el baño, junto a aguas servidas. “Se vive en condiciones subhumanas incluso para los mismos policías que deberían cuidarlos. Imaginemos si se produce una gresca”.

“Tenemos agentes en las comisarías en lugar de estar en las calles, cuidando gente”, señala la defensora adjunta Gisela Gauna Wirz.   

Por otra parte para las personas con condena firme, estar en una comisaría les impide ingresar en el sistema de resocialización porque no hay sicólogo ni equipo que las evalúe. Entonces no gozan de ningún tipo de derecho como acceso a espacios de formación (escuela) ni de recreación (patio). “No se dimensiona qué va a pasar cuando la gente que vive en esas condiciones cumpla su pena sin haber aprendido nada y salga”.