Secheep y un derecho humano

Hoy ya nadie discute que el acceso al agua potable y al uso de la energía eléctrica es un derecho humano comparable al de la alimentación y complementario del derecho a la vida. Como tal el Estado es el garante de que ese “derecho” se cumpla y se haga efectivo. Sin embargo, en el Chaco parece no ser así.

Fue un hito insoslayable cuando, durante la reforma constitucional de 1994, se quiso entregar la cobertura de esos servicios a manos privadas y la decisión final fue que es patrimonio del Estado. Hoy, las empresas proveedoras de agua y luz Sameep y Secheep- representan una pesada carga al Estado chaqueño, que la quiere hacer caer sobre las espaldas de los usuarios, es decir de todos, porque todos son sujetos de ese derecho.

En estos últimos días se han difundido declaraciones del titular de la empresa de Energía que pueden ser reales, pero no dejan de extrañar. En medio de la crisis económica que se soporta, como en todo el país, se anunció un impostergable aumento de tarifas cuyo monto decidirá el Poder Ejecutivo- debido a que “la empresa está quebrada” y lo que ingresa por el cobro de tarifas, no alcanza ni para la compra de energía al mayorista. El aumento se tratará en una “audiencia pública” que se realizará el viernes de esta semana y en la que la gente tendrá voz, pero no voto. Palabras al viento.

CINCO AÑOS ATRÁS

Hay que decir que apenas cinco años atrás, el Poder Ejecutivo que, era encabezado por el hoy también gobernador Jorge Capitanich, se vio obligado a intervenir Secheep ante el desmanejo comprobado de la empresa. Se ventilaron entonces, por ejemplo, gastos de comidas de los directivos, sueldos no acordes con la realidad, exceso de burocracia con empleos a familiares y amigos, raros privilegios al personal de la empresa en el pago de la energía y multitud de usuarios “colgados” de las líneas sin pagar un peso en detrimento de los demás, por sólo citar algunas de las irregularidades.

El interventor de ese entonces, como suele suceder siempre, entró con mano dura e hizo algunos cambios, pero, cuando a fines de ese año, se inició una nueva gestión bajo la gobernación del hoy embajador en Paraguay, Domingo Peppo, todo volvió a ser como antes y peor aún.

DIEZ MESES ATRÁS

La historia dice que, hace menos de un año (en abril de 2019), la Cámara de Diputados autorizó al Poder Ejecutivo a tomar un crédito de 4.128 millones de pesos del Fondo de Desarrollo Provincial para hacer frente a una deuda que Secheep mantenía con el mayorista de electricidad, que en aquel momento era de unos 6500 millones. La diferencia se abonaría con los bonos emitidos por la Nación para la devolución del 15 por ciento de coparticipación retenido indebidamente al Chaco desde 2009 hasta 2015. Sin embargo, apenas siete meses después, en noviembre de 2019 el presidente de Secheep, admitió nuevamente atrasos en los pagos a la mayorista Cammesa. “Tenemos retrasos”, afirmó el funcionario, y agregó: “Estamos con dificultades porque la recaudación no alcanza para cubrir toda la factura mensual” y explicó que “hay un número importante de usuarios que no pagan regularmente, y piden un plan de pago”.

“AL BORDE DE LA QUIEBRA”

Todo esto acaba de ser ratificado por el actual presidente de la empresa, quien en enero había calculado en 5.300 millones de pesos la deuda con la proveedora. Un mes después actualizó la cifra: 5.800 millones de pesos, lo que expresa un incremento mensual de 500 millones. El funcionario dijo que la factura mensual de la mayorista ronda los 700 millones mientras la recaudación, en el mejor de los casos, alcanza los 630 millones. Con eso, además de pagar a Cammesa, Secheep debe pagar salarios y adquirir insumos imprescindibles para funcionar y sostener el servicio, dejando de lado el plan de obras.

El funcionario atribuyó gran parte de la deuda a la gestión anterior, y la calificó de “impagable”. Y dijo en declaraciones a la radio estatal chaqueña que “Secheep está al borde de la quiebra”, con un alto porcentaje de “pérdida” de energía, mayormente por conexiones irregulares, y el bajo nivel de cobrabilidad.

Si esta es la situación de la empresa que debe velar por el derecho humano de tener acceso a la energía, muy mal andan las cosas. Hay que buscar soluciones urgentes y reales y no meros paliativos. La empresa dijo que los insumos son en dólares, por eso el aumento es imprescindible, lo que contrasta con lo asegurado por el presidente de la Nación que afirmó que “no puede haber servicios públicos en dólares en una economía que funciona en pesos”. Y además se debe tener muy presente que las empresas del Estado son de “servicio”, no entes que lucran con lo que hacen y que deben buscar todos los resortes para cumplir su cometido consiguiendo los recursos necesarios.

Podría empezar con revisar su planta de personal, repasar la idoneidad de los cargos jerárquicos, eliminar privilegios, administrar con austeridad los fondos que son de todos. Quien asume responsabilidades tiene que enterarse de lo que recibe y ya no cabe responsabilizar a gestiones anteriores.