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Primer proceso desde la guerra de 1982

Malvinas: cuatro militares denunciados por torturas irán juicio 

Mariel Borruto, jueza federal de Río Grande, Tierra del Fuego, ordenó el procesamiento este martes basado en el testimonio de exsoldados chaqueños. Otros 19 acusados serán indagados en próximos meses.

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Los hechos que dieron lugar a este primer proceso sucedieron en Puerto Howard, isla Gran Malvina, donde fue destacado el Regimiento 5, compuesto en su mayoría por soldados chaqueños y correntinos (Foto: Fundación Malvinas).

   Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino y Gustavo Adolfo Calderini serán juzgados por numerosos delitos, entre ellos "imposición de tormentos, imposición de tormentos en concurso ideal con amenazas, con amenazas agravadas, abuso de armas", entre otros, en algunos casos calificados como "crímenes de lesa humanidad", hechos todos perpetrados en Puerto Howard, Gran Malvina, durante la guerra de 1982. 

   Los imputados han sido procesados en la causa caratulada "Pierre, Pedro Valentín y otros s/ imposición de tortura", y se les dictó embargo por $ 5 millones sobre los bienes de Garde, y por $ 1 millón sobre los bienes de Gassino, Affranchino Rumi y Calderini. Ello, luego de que en diciembre de 2019 fueran indagados por la jueza Borruto, a partir de los testimonios de los exsoldados chaqueños José Félix Díaz, Jorge Diez, Raúl Encinas, Oscar Frías, Horacio Gallardo, Emilio Niz, Carlos Rodas, José Sánchez, José Suárez, Oscar Torres y José Yanevich. 


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Mariel Borruto, jueza federal de Río Grande, Tierra del Fuego.

Los fundamentos

   "La proliferación, dentro de un mismo Regimiento, del mismo tipo de sanciones aplicadas ante la supuesta comisión de una misma clase de faltas disciplinarias por parte de los soldados, permiten suponer la existencia de un plan o acuerdo respecto de la manera en que se llevaría adelante la administración de dichos castigos durante el tiempo que durara el conflicto bélico", consideró la jueza. 

  "Esta circunstancia se evidencia en los relatos de las víctimas y testigos, quienes describen prácticas inhumanas para sancionar a los soldados acusados de robar comida, consistentes en estaqueos, enterramientos y sometimiento al frío y al hambre en diversas modalidades, así como indistinta participación en la aplicación por parte de los oficiales y suboficiales de las distintas unidades.

   "La imposición de tormentos por parte de oficiales y suboficiales incluso a soldados que no se encontraban operativamente bajo a su mando directo es claro indicio de la naturalización e internalización de este particular sistema de castigos por parte de todos los miembros de la organización militar apostada en el Malvinas. Es en orden a ello que, tomando en consideración la ubicación de los imputados dentro del organigrama del Regimiento de Infantería 5, se les atribuye esta particular modalidad de autoría, vinculada con sus posibilidades de conocer, dominar, ejecutar y/o hacer cesar las conductas que son objeto de investigación en las presentes actuaciones".


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El juzgado federal de Río Grande lleva adelante el proceso, por ser el que tiene en jurisdicción sobre los territorios antárticos, las islas del Atlántico Sur y Malvinas.

La causa

   La causa fue iniciada en 2007 y debió superar infinidad de obstáculos durante década y media. En 2006, el entonces subsecretario de DDHH de Corrientes, Pablo Bassel, recogió numerosos testimonios de exsoldados en esa provincia y en el Chaco. Con más de un centenar de declaraciones, radicó la denuncia en el juzgado federal de Río Grande, por ser el que tiene jurisdicción sobre Antártida, islas del Atlántico Sur y Malvinas. En 2015, después de numerosas maniobras procesales de los acusados, la causa estaba casi archivada. 

   Miguel Ángel Ávila y Héctor Ortega, abogado e investigador de la querella respectivamente y miembros de la Fundación Malvinas Chaco, consiguieron el testimonio de más de doscientos soldados del Centro 2 de Abril de Sáenz Peña. De ellos seleccionaron una decena que describen con gran precisión escenarios, personas y hechos, y los presentaron ante la jueza federal Zunilda Niremperger, quien indagó a los testigos y remitió las actuaciones a Río Grande, aunque esta vez caratuladas "crímenes de lesa humanidad". En 2017 la Fundación Malvinas tuvo acceso a la causa como amicus curiae, por lo que pudo aportar evidencias y testimonios en el juzgado.


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El abogado Miguel Ángel Ávila y el profesor Héctor Ortega, de la Fundación Malvinas Chaco, representante legal e investigador de la querella respectivamente (Foto: Jorge “Punky” Flores).

Las perspectivas

   La Fundación Malvinas Chaco celebró que "La primera luz de justicia alumbra para Carlos, Orlando. Freddy, Raúl, Oscar, Jorge, Horacio, Elvio, Mario, Juan y tantos anónimos". La organización, promotora de varios de los soldados denunciantes, sostuvo que "El 18 de febrero de 2020 lo recordaremos como el primer día de Justicia cercana para nuestros muchachos".

Más información:  "Reprodujeron en Malvinas el trato que habían dado al pueblo en el continente"

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