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Primer proceso desde la guerra de 1982

Continúan indagatorias a militares denunciados por torturas en Malvinas

La jueza federal de Río Grande, Tierra del Fuego, fijó fecha para que declaren otros seis militares y envió oficio a la Policía Federal para que facilite las teleconferencias. La causa 

 

Los hechos que dieron lugar a este primer proceso sucedieron en Puerto Howard, isla Gran Malvina, donde fue destacado el Regimiento 5, compuesto en su mayoría por soldados chaqueños y correntinos (Foto: Fundación Soberanía y Memoria).  

  La magistrada Mariel Borruto llamó a presentarse a audiencias indagatorias de los imputados Omar Edgardo Parada, Jorge Aníbal Santiago Cadelago, Jorge Guillermo Díaz, Emilio José Samyn Duco, Horacio Francisco Vlcek y Jorge Raúl Masiriz, entre los días 13 y 22 de abril de 2021. El juzgado federal de Río Grande lleva adelante el proceso, por ser el que tiene en jurisdicción sobre los territorios antárticos, las islas del Atlántico Sur y Malvinas.

   Los imputados se deberán presentarse en la sala de la calle Moreno 1550, 6to piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde prestarán declaración ante el juzgado federal riograndense mediante teleconferencias, las que serán facilitadas por la División Informática de la Policía Federal.

Motivos del proceso

Mariel Borruto, jueza federal de Río Grande, Tierra del Fuego

   Este es el primer proceso contra militares por torturas y abusos cometidos contra sus soldados durante la guerra de Malvinas, en 1982, y ha sido impulsado por numerosos testimonios de soldados conscriptos. Los hechos sucedieron en Puerto Howard, isla Gran Malvina, donde fue destacado el Regimiento 5, compuesto en su mayoría por soldados chaqueños y correntinos

   Los testimonios de los exsoldados chaqueños José Félix Díaz, Jorge Diez, Raúl Encinas, Oscar Frías, Horacio Gallardo, Emilio Niz, Carlos Rodas, José Sánchez, José Suárez, Oscar Torres y José Yanevich permitieron el procesamiento de una decena de imputados, entre ellos los llamados a este turno de indagatorias. “Imposición de tormentos, imposición de tormentos en concurso ideal con amenazas, con amenazas agravadas, abuso de armas”, son entre otros los delitos imputados, en algunos casos calificados como “crímenes de lesa humanidad”.

   La carátula de la causa es “Pierre, Pedro Valentín y otros s/ imposición de tortura”, y se dictó embargo sobre los bienes de cuatro de los imputados que prestaron indagatoria hasta el momento. 

Fundamentos

   “La proliferación, dentro de un mismo Regimiento, del mismo tipo de sanciones aplicadas ante la supuesta comisión de una misma clase de faltas disciplinarias por parte de los soldados, permiten suponer la existencia de un plan o acuerdo respecto de la manera en que se llevaría adelante la administración de dichos castigos durante el tiempo que durara el conflicto bélico”, consideró la jueza. 

   “Esta circunstancia se evidencia en los relatos de las víctimas y testigos, quienes describen prácticas inhumanas para sancionar a los soldados acusados de robar comida, consistentes en estaqueos, enterramientos y sometimiento al frío y al hambre en diversas modalidades, así como indistinta participación en la aplicación por parte de los oficiales y suboficiales de las distintas unidades.

   “La imposición de tormentos por parte de oficiales y suboficiales incluso a soldados que no se encontraban operativamente bajo a su mando directo es claro indicio de la naturalización e internalización de este particular sistema de castigos por parte de todos los miembros de la organización militar apostada en el Malvinas. Es en orden a ello que, tomando en consideración la ubicación de los imputados dentro del organigrama del Regimiento de Infantería 5, se les atribuye esta particular modalidad de autoría, vinculada con sus posibilidades de conocer, dominar, ejecutar y/o hacer cesar las conductas que son objeto de investigación en las presentes actuaciones”.

La causa

El abogado Miguel Ángel Ávila y el profesor Héctor Ortega, de la Fundación Soberanía y Memoria, representante legal e investigador de la querella respectivamente (Foto: Jorge “Punky” Flores).  

  La causa fue iniciada en 2007 y debió superar infinidad de obstáculos durante década y media. En 2006, el entonces subsecretario de DDHH de Corrientes, Pablo Bassel, recogió numerosos testimonios de exsoldados en esa provincia y en el Chaco. Con más de un centenar de declaraciones, radicó la denuncia en el juzgado federal de Río Grande, por ser el que tiene jurisdicción sobre Antártida, islas del Atlántico Sur y Malvinas. En 2015, después de numerosas maniobras procesales de los acusados, la causa estaba casi archivada. 

   Miguel Ángel Ávila y Héctor Ortega, abogado e investigador de la querella respectivamente y miembros de la Fundación Malvinas Chaco, consiguieron el testimonio de más de doscientos soldados del Centro 2 de Abril de Sáenz Peña. De ellos seleccionaron una decena que describen con gran precisión escenarios, personas y hechos, y los presentaron ante la jueza federal Zunilda Niremperger, quien indagó a los testigos y remitió las actuaciones a Río Grande, aunque esta vez caratuladas “crímenes de lesa humanidad”. En 2017 la Fundación Malvinas tuvo acceso a la causa como amicus curiae, por lo que pudo aportar evidencias y testimonios en el juzgado.

   La Fundación Malvinas celebró que se mantenga la continuidad de la causa y que estas seis nuevas indagatorias complementen las cuatro que se lograron el año pasado, tras 14 años de esfuerzos. 

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