Vicentín y el mayor default corporativo del país en los últimos 18 años
SÁENZ PEÑA (Agencia) - En medio de la crisis, la confusión y con productores y empresas que se vieron sacudidas por la cesación de pagos de Vicentín, este hecho se convierte en el mayor default de una empresa argentina de los últimos 18 años. El anterior caso fue el de la telefónica Telecom.
Vicentín acaba de subirse al ‘podio’, con un pasivo de u$s1.350 millones que al tipo de cambio actual se convierten en alrededor de $100.000 millones, según la cotización del dólar que se utilice para convertir ese pasivo de la moneda norteamericana al peso argentino, dice un informe del sitio IProfesional.

Un default que a partir de ahora se deberá resolver bajo el paraguas del Juzgado de Primera Instancia Distrito Nº 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de la ciudad santafesina de Reconquista.
Allí quedó radicado el pedido concursal de Vicentín que, mediante un comunicado, explicó que el objetivo sigue siendo el de defender sus fuentes de trabajo, rehabilitar su operatoria industrial y comercial y concretar una restructuración de sus pasivos en condiciones y términos que sean mutuamente fructíferos para acreedores y para la empresa. La empresa también recuerda que quiere mantener el plan de acción delineado en el comunicado del 5 de febrero pasado y que le permite trabajar con proveedores y productores granarios para evitar mayores problemas.
Los ejecutivos de Vicentín siguen hablando de “un plan de negocios sustentable” que hasta ahora no ha tenido éxito y, al contrario, ha seguido acumulando situaciones de riesgo no solo para la continuidad de la empresa sino para todos sus acreedores.
En este contexto la empresa deberá también explicar cómo llegó a una situación de default luego de haber sido la sexta empresa de mayor facturación en el 2018; la primera cerealera de la Argentina, con ventas por $118.000 millones por año y un patrimonio neto positivo, ya que sus activos son casi un 50% superior a sus pasivos.
En este proceso expansivo fueron importantes los aportes de la banca pública durante el gobierno de Mauricio Macri. En especial los que realizaron el Nación, Bapro, Ciudad y el BICE, con los que la empresa santafesina ahora acumula una deuda de casi $24.000 millones, de los cuales $17.986 millones se encuentran en la cartera de impagos de la entidad que preside Eduardo Hecker.
Por ese motivo, y luego de conocerse el concurso preventivo de Vicentín, el titular del Nación logró encolumnar al resto de las entidades financieras públicas en un mismo bloque para encarar una negociación unificada que les permita cobrar la mayor parte de la deuda.
LA ESTRATEGIA
La estrategia se terminó de concretar la semana pasada en un encuentro entre Hecker, José De Mendiguren, titular del BICE, Javier Ortiz Batalla, del Ciudad, y Juan Cuattromo, del Bapro.
El objetivo de máxima es el de tratar de cobrar la totalidad de los u$s350 millones (alrededor de $24.000 millones) que Vicentín recibió de esas cuatro instituciones bancarias oficiales y que ahora no tendrá la obligación de cancelar, dice IProfesional.
Si bien todos los acreedores han sido perjudicados por la empresa agroexportadora y ahora deberán presentar sus reclamos ante la justicia, entre los bancos públicos el más perjudicado es el Nación, con una deuda cercana a los $17.986 millones. Se trata del monto recibido por Vicentín durante la anterior gestión del Nación, a cargo de Javier González Fraga, y que fue denunciado por las nuevas autoridades que desembarcaron en la entidad a partir de la llegada del Frente de Todos al gobierno nacional.
Por eso, la iniciativa fue aceptada por el resto de la banca pública y ahora se busca un asesor financiero que deberá negociar con la empresa y analizar las diferentes propuestas y variantes que se ofrezcan ante la justicia en el marco del proceso de reestructuración.
SOSPECHAS Y RECHAZO A LA ESTATIZACIÓN
En este sentido, tanto el Nación como el resto de las entidades oficiales tienen como horizonte el cobro de toda la deuda o la aceptación de una reducción mínima. En el caso del Nación, se utiliza como argumento las necesidades que tiene de incrementar la capacidad prestable del banco para aplicarla a créditos productivos de pymes y economías regionales.
Por eso, en una primera instancia se rechaza la posible estatización de Vicentín que fue propuesta por varios miembros del gobierno nacional y hasta de Claudio Lozano, economista y actual director del Nación que elaboró un detallado informe sobre el caso.
En el documento, el funcionario puso de relieve las posibles irregularidades en la operatoria de Vicentín a fin de justificar el no pago de sus deudas e impuestos, como el haber fijado ‘de manera arbitraria valores en pesos y dólares a sus activos y deudas en su balance de forma tal de justificar ganancias muy por debajo de lo que deberían haber sido’.
EL CASO DE TELECOM
El 2 de abril del 2002, Telecom Argentina se declaró en cesación de pagos, tras anunciar que no podía enfrentar obligaciones por u$s 3.250 millones.
De todos modos, la ‘telco’ tardó tres años en salir de este proceso. Lo hizo en septiembre del 2005, cuando emitió nuevos bonos de su deuda y canceló algunas de sus Obligaciones Negociables por adelantado a sus acreedores. Ese día abonó el equivalente a u$s1.340 millones en distintas monedas, y dejó pendientes otros u$s1.700 millones, incluyendo intereses.
La firma, que por entonces era controlada por Telecom Italia y el grupo local Werthein, logró así reducir su deuda entregando a los acreedores un bono con vencimiento en el 2014, por u$s 880 millones, y otro título que finalizaba en el 2011, por u$s 999 millones, a cambio de la deuda incumplida.
En ese marco, el plan total de reestructuración que fue aprobado por los acreedores de Telecom incluyó tres opciones. La primera, bonos con una tasa de interés de entre el 5,53% y el 8% anual, con vencimiento en el 2014 y sin quita. La segunda, bonos con vencimiento en el 2011, con tasas crecientes y mayores a la opción primera pero con una quita del capital del 5%. La tercera, el pago en efectivo, con una quita del 20%.
Finalmente, el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) obtuvo una adhesión del 95% y fue homologado ante la Justicia en el 2005. En ese momento, la operadora de telecomunicaciones adjudicó su crisis a la pesificación de las tarifas en medio de la devaluación y la profundización de la grave situación que atravesaba la Argentina.
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