Ley Micaela, una herramienta para luchar contra la violencia de género

En coincidencia con este aniversario, en el Chaco se anunció que las capacitaciones obligatorias comenzarán en marzo y que el personal del Poder Ejecutivo provincial será el primero en recibirlas.
El anuncio fue realizado por la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, quien, además de ser la primera mujer en ocupar ese cargo en la provincia, es autora de la ley 27.499, norma que impulsó cuando cumplió funciones como legisladora en la Cámara de Diputados de la Nación. En mayo del año pasado, la provincia del Chaco adhirió a esa ley nacional bajo el nombre de “ley Natalia”, en homenaje a la joven chaqueña Natalia Samaniego, que fue asesinada por su pareja en 2018, en la ciudad de Posadas, Misiones. La ley Micaela, en tanto, recibe ese nombre en recuerdo de Micaela García, la joven estudiante del profesorado de Educación Física que fue asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos, por un hombre de 30 años que ya había estado preso por dos violaciones. El caso generó una gran conmoción en todo el país, ya que la víctima (de 21 años) tenía una activa participación en el movimiento feminista #Niunamenos, espacio que nació en mayo de 2015 como reacción al femicidio de Chiara Páez, de 14 años, embarazada, que murió por los golpes y cortes letales que, según pudo determinar la Justicia, fueron provocados por su novio de 17.
Según el Observatorio de las violencias de género Ahora Que Sí Nos Ven, a lo largo de 2019 se produjeron 327 femicidios en el país, lo que significa, en promedio, una muerte cada 27 horas. La misma fuente indicó que en diciembre pasado se incrementó esa cifra y se produjo uno cada 22 horas. La muerte violenta de mujeres por razones de género, llamada también femicidio, constituye la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Otras formas extremas son el tráfico y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, las violaciones y los abusos sexuales.
Pese a la gravedad del fenómeno, durante décadas permaneció invisible a los ojos de la sociedad, pero gracias al activismo de las mujeres hoy existe una mayor conciencia sobre este grave flagelo, aunque todavía falta mucho camino por recorrer. Debe señalarse, además, que el odio y los prejuicios por razones de orientación sexual e identidad de género también motivan la comisión de crímenes de género. Por todo lo expuesto, merece destacarse la decisión en el ámbito provincial de promover el compromiso del Estado con la capacitación en perspectiva de género, para lo cual —según se informó— ya se trabaja con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y también con la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) en el diseño de los contenidos de la capacitación que recibirá el personal del sector público, con el fin de prevenir la violencia de género y, a la vez, promover los derechos de las mujeres.
Es importante recordar también que el Estado argentino ha ratificado distintos instrumentos de derechos humanos específicamente destinados al reconocimiento de los derechos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia la Mujer (también conocida como Convención de Belém do Pará) que también posee jerarquía superior a las leyes.
La ley provincial que aborda el problema, en tanto, establece un programa de capacitación permanente en temática de género y violencia contra las mujeres para todo el personal de planta permanente de la administración pública provincial que desempeñe funciones en los tres Poderes del Estado en todos sus niveles y jerarquías, incluidas las autoridades superiores. Es de esperar, entonces, que estas capacitaciones contribuyan a avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que es un paso fundamental para la ampliación de la ciudadanía y la construcción de una sociedad más igualitaria, democrática e inclusiva.