Trabajan a contrarreloj para evitar un nuevo paro de colectivos

La grotesca novela en que se ha convertido sostener el servicio de colectivos en el área metropolitana de Gran Resistencia escribe por estas horas un nuevo capítulo, con reuniones a contrarreloj que buscan desactivar cualquier posibilidad de una medida de fuerza que vuelva a afectar a los miles de usuario del transporte público de pasajeros. 

Como se sabe, el cuarto día hábil de cada mes vence el plazo que las empresas tienen para cancelar las obligaciones salariales y la falta de cumplimiento de este término provoca, por lo general, medidas de fuerza por parte de la Unión Tranviarios Automotor.

La secuencia no es recurrente: Los choferes exigen el pago a las empresas, y estás “le pasan la pelota” al Gobierno provincial, que no pierde la oportunidad para recordar la poda de subsidios nacionales promovida por la gestión saliente de Mauricio Macri.

En más de una oportunidad durante los últimos meses, este cuento de la Buena Pipa culminó con paro de actividades, el más cruento de cinco días, que dejaron a miles de usuarios sin su medio de movilidad principal.

DESACTIVAR EL CONFLICTO

Según pudo saber NORTE, al cierre de esta edición los ministros provinciales de Hacienda e Infraestructura se encontraban reunidos buscando diagramar una ingeniería financiera que permita transcurrir este primer mes del 2020 sin sobresaltos.

La empresa no es sencilla. Si bien la deuda acumulada con la Cámara que nuclea a las empresas del sector ronda los 180 millones de pesos, las autoridades provinciales entienden que el conflicto de hoy podría desactivarse con el giro de unos 50 millones de la moneda nacional.

“Hay que tener en cuenta la situación general de país y de la provincia, que también tiene que enfrentar el pago a los estatales; pero veremos qué mecanismo logramos delinear para que los choferes no tengan que tomar nuevas medidas de fuerza”, confió una fuente oficial vinculada a la negociación consultada por NORTE.

El contexto es determinante: está claro que sostener el sistema de transporte en el norte postergado requiere un gran aporte estatal si lo que se pretende es que el boleto no se torne impagable para las grandes mayorías. Vale recordar que el “costo técnico” admitido por el Gobierno en la última audiencia pública supera ampliamente los 40 pesos, cuando hoy los usuarios pagan 17 pesos por viaje.

Los reclamos de los Gobernadores a la administración central por más recursos para apuntalar el servicio son constantes y, de hecho, esta semana los funcionarios provinciales de transporte volverían a la carga en reuniones programadas con el ministro nacional, Mario Meoni.

Esta escasez de fondos hace que, por el momento, en el Chaco sea imposible imitar la medida tomada por el Gobierno Nacional que congeló las tarifas por seis meses y se analicen otros esquemas alternativos.

DEUDA ABULTADA

Las empresas reclaman la escalofriante cifra de 180 millones de pesos, por todo concepto. No obstante, en una misiva enviada al ministro de Infraestructura, Juan Manuel Carrera ayer, el titular de la Cámara de Empresas de Transporte Automotor del Chacos (CETACH), Daniel Riquelme, solicitó que, cuanto menos, se “genere las instancias administrativas para el cumplimiento del Acta de Acuerdo de fecha 10/12/19 suscripto entre el Gobierno y la UTA”. Desde la Cetach advierten que se encuentran “vencidos” los términos acordados para la percepción de conceptos de subsidios devengados que “no fueron transferidos a las empresas o cancelados con la emisión de los cheques respetivos”.

Por otra parte, los empresarios requieren “la urgente cancelación de los subsidios a vencer durante el corriente mes de enero, necesarios para hacer frente a los salarios de los trabajadores”.

Los empresarios recordaron que los vaivenes macroeconómicos del 2019, con la disparada de dólar en agosto, más el congelamiento de las tarifas que se dio en el marco de la puesta en práctica del programa provincial “Chaco Subsidia” (cuyos montos quedaron rápidamente desactualizados) generaron un cimbronazo en la ecuación económica de las empresas que es imposible de resolver sin aumento de los subsidios o una actualización de tarifas.

“En el marco del acuerdo del 10 de diciembre se reconoce una serie de subsidios y conceptos adeudados a las empresas, por una suma cercana a los $120.000.000, que lejos se encuentran de cumplirse”, sostienen los empresarios. Si a eso se suman los casi $60.000.000 a vencer en enero, la cifra ronda los 180.000.000 que reconocen también en el Gobierno.

“La falta de reconocimiento de los costos en la jurisdicción mediante tarifas y la falta de compensaciones complementarias adicionales locales tendientes a sostener la ecuación financiera de las empresas, han provocado un serio desfasaje económico y financiero que impiden hacer frente en tiempo y forma con los compromisos salariales”, sostienen los empresarios.